En las últimas semanas hemos tenido noticia de manifestaciones en diversas ciudades en protesta por la proliferación de casas de apuestas cercanas a colegios y especialmente en barrios populares. Ya es hora de que los poderes públicos se ocupen de analizar en profundidad el tema de la regulación del juego y las apuestas. En toda la globalidad del problema. Está demostrado que el juego, evidentemente nos referimos donde se apuesta dinero, provoca en gran medida ludopatía a una parte importante de los jugadores. También está comprobado médicamente que la adicción al juego es de difícil tratamiento y curación, mayor incluso que la de las drogodependencias.
No se entiende como en un país donde se ha prohibido el anuncio del tabaco y de las bebidas alcohólicas debido a sus repercusiones sobre la salud, hasta hora no se haya planteado de forma seria el tema de los anuncios de juegos de azar, casas de apuestas y créditos trampa
Se trata de un problema social que precisa de la intervención de los poderes públicos. En nuestro país hemos ido asistiendo desde el advenimiento de la democracia a una evolución en los juegos de azar y apuestas. En un primer momento existieron los juegos de loterías, fundamentalmente controladas por el Estado, y los que financiaba la ONCE. Posteriormente hubo una ampliación con la legalización de casinos, bingos y las máquinas tragaperras, cada uno de ellos destinados a diversas capas sociales, especialmente los últimos a las clases más populares. En todos ellos se establecía teóricamente la prohibición a los menores de edad, otra cosa es que se controlara su cumplimento.
Pero en la actualidad con las nuevas tecnologías se ha dado un salto cualitativo, mediante los juegos de apuestas y los casinos “on line”. Todos ellos de difícil control y que están al alcance de cualquiera y sin controles eficaces.
El crecimiento de las posibilidades de “enganche al juego”, de ludopatías, es cada vez mayor máxime cuando muchas de estas prácticas están machaconamente fomentadas a través de los medios de comunicación de todo tipo. Otro elemento es la utilización de figuras de renombre, en muchos caos “estrellas deportivas” que promocionan la utilización de estas actividades ludopáticas y que tienen mayor arraigo y atracción, aunque afecten a todos en general, en los sectores más vulnerables socialmente.
Es notoria la hipocresía y el fariseísmo que se dan en muchos medios de comunicación. Podemos comprobar como por ejemplo en espacios radiofónicos se debate sobre estos temas de forma que parece sería sobre los problemas de las apuestas y sus graves consecuencias, mientras en los mismos medios en sus retrasmisiones deportivas, especialmente partidos de futbol se incorporan y fomentan anuncios de apuestas “on line” incitando a los oyentes a participar. Eso sí siempre con la farisea recomendación de “que lo hagan con moderación y responsablemente”.
En paralelo en muchos medios especialmente televisivos hay gran profusión de diversas empresas que facilitan préstamos rápidos en los que no que teóricamente no se precisan muchas condiciones, supuestamente mejores y más rápidos que en las entidades financieras reguladas. Detrás de estos anuncios hay verdaderas tramas usureras que en caso de no reposición del capital prestado aplican desorbitados intereses y que en muchas ocasiones “enganchan” al prestatario en sucesivos préstamos hasta su ruina.
Hablamos de ambos temas porque en muchos casos se trata de temas relacionados. El jugador perdedor y enganchado al juego precisa cada vez de más dinero para resarcirse de sus pérdidas en el juego, y como cada vez está en situación más precaria, en muchos casos acude al único que se brinda a dejarle dinero, las empresas usureras de crédito rápido. Y el pez que se muerde la cola entra en una rueda sin salida.
No se entiende como en un país donde se ha prohibido el anuncio del tabaco y de las bebidas alcohólicas debido a sus repercusiones sobre la salud, hasta hora no se haya planteado de forma seria el tema de los anuncios de juegos de azar, casas de apuestas y créditos trampa. Y podríamos ampliar el campo con otro tema que merece también una reflexión que es el de la automedicación con productos anunciados farmacéuticos de los que no se explican sus posibles interacciones, contraindicaciones o efectos secundarios.
En los últimos tiempos alguna formación política ha efectuado propuestas sobre alguno de estos temas pero creemos que por su importancia debería tener mayor relevancia.
Estamos planteando temas que afectan a la salud física y psíquica de muchas personas, la mayor parte de las cuales pertenecientes a clases populares o medias, y que comportan enfermedades de largo tratamiento para salir de su adicción, o para librarse de las deudas a los usureros.
El tema es especialmente sensible de cara a la juventud. De ahí las protestas sociales ante esta nueva modalidad de instalación de casas de apuestas cerca de colegios. Como las máquinas tragaperras pueden ser un primer enganche a la adicción por el juego, y de proporcionarse dinero para ello. Pero aún más grave es la libre utilización, sin restricción de los medios de comunicación para su publicidad masiva, y la cooperación de los medios al haber logrado otro nicho de financiación publicitaria.
Sería positivo que desde la política y especialmente desde los partidos de izquierda y progresistas se pusiera de relieve la importancia de atajar estas epidemias adictivas “silenciosas” que se dan en nuestra sociedad y que mueven importantes cantidades de dinero.
Claramente no proponemos la prohibición de los juegos de azar sino su control y la restricción de su publicidad dado el daño que provocan en sectores socialmente sensibles. Actuar como en su día se efectuó con el alcohol y el tabaco, si bien en este caso regulando de forma clara el acceso tanto físico como virtual a los menores y a personas afectadas por problemas ludopáticos tal como en parte se efectúa en algunos casos en la entrada a casinos de jugadores afectados.
En estos tiempos electorales temas como estos que afectan a la sanidad pública y al control de las prácticas de usura sería bueno encontrarlos en los programas electorales y posteriormente en regulaciones que podrían gozar de un amplio consenso político y social.