Pocas son las personas que, a estas alturas, no conocen la voluntad de Esperanza Aguirre de poner el Ente Público RTVM en el mercado. Lo lleva diciendo desde que llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero desde entonces no ha perdido el tiempo. Con o sin crisis, procedió a ocupar la empresa, asumir la gestión, controlar la redacción, cambiar la programación y convertir los espacios informativos en ‘santo y seña’ de la cultura popular. Hace unas semanas entonó el alirón de las autonomías por cumplir con el déficit. Ahora, con la nariz alargada, un paquete de facturas no declaradas ha convertido a la CM, junto a la valenciana -otra perla del modelo popular- en campeona del desequilibrio de las cuentas públicas. Y ya se sabe, cuando falla el gestor, paga la ciudadanía, pero antes, el personal asalariado de las empresas públicas, que paga dos veces: como trabajador y como ciudadano.
El viernes 18 de mayo, el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, comunicó a los sindicatos la decisión del ejecutivo autonómico de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Ente Público RTVM sin concretar el número de trabajadoras y trabajadores afectados. Unas horas más tarde, fuentes de la Comunidad hablaron, aproximadamente, de la mitad de la plantilla. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué televisión quieren hacer? ¿A qué grupo se la venderán cuando haya sido, aparentemente, saneada? ¿O acaso, la solución pasa por externalizar actividades sin límite?
Por supuesto, su voluntad es negociar con los sindicatos el ERE anunciado. Y si no fuera posible el acuerdo, actuar en consecuencia. Faltaría más.
La salud de Telemadrid
Las cosas en Telemadrid no van bien. La audiencia se estanca a la baja, los gastos suben y los ingresos merman. Los actuales gestores de la televisión pública, al igual que sus mentores políticos, no dudan en explicar esta situación por la desproporcionada plantilla del Ente Público (1.170 personas) y sus elevados salarios. Pasan de puntillas por su responsabilidad en la gestión. No seré yo el que niegue las dificultades de Telemadrid para seguir haciendo televisión en las condiciones actuales. Y aunque el precio que cada ciudadano/a con residencia en Madrid tiene que pagar por la televisión pública se encuentra en la parte baja de la tabla de las televisiones autonómicas, no es menos cierto que las izquierdas y los sindicatos siempre nos hemos quejado de la escasa capacidad de Telemadrid para competir en el actual mercado audiovisual. No se trata de pelear con el duopolio televisivo (Antena 3-Telecinco) en la franja horaria de mayor audiencia y con fuertes inversiones en entretenimiento y ficción, simplemente porque no hay dinero. Pero las televisiones públicas no pueden ser, de no desaparecer, lo que las privadas quieran: contenedores de documentales, ensayos e informativos marginales, con estructuras raquíticas, sin ingresos comerciales y audiencias por debajo del 5%.
Lo peor de todo esto es que el PP que hoy gobierna -en España y en Madrid- comparte con las privadas el destino de las públicas: las televisiones autonómicas, dicen, suponen un gasto inaceptable para la ciudadanía y no pueden seguir siendo financiadas con dinero del contribuyente. En algunas comunidades, la propia derecha se resistirá a liquidar la televisión autonómica, no tanto por su sensibilidad ante el hecho informativo plural y público, sino porque son conscientes de la trascendencia de una herramienta de comunicación de estimable impacto social. Pero, las contradicciones de los conservadores, más instrumentales que políticas, no pueden despistarnos. Estamos ante una ofensiva sin precedentes contra toda actividad impulsada, gestionada o participada por la Administración central autonómica o local, y en este contexto, el medio de comunicación de titularidad pública que quede en pie desarrollará su función con códigos, objetivos y órganos de administración ajenos a la cosa pública y a sus representantes. La reforma de RTVE marca el camino.
Necesitamos un debate abierto, plural y riguroso sobre las televisiones públicas. Su titularidad y naturaleza jurídica, su dimensión, su cometido, su modelo de gestión, de programación, de financiación. Es imprescindible ordenar la cadena de inversión y gasto, optimizar los recursos de las televisiones autonómicas -revitalizar el papel de la FORTA-, para competir en este escenario de brokers de la comunicación. Si así fuera, no faltaríamos a la cita y orientaríamos todas nuestras energías a buscar fórmulas de viabilidad de las televisiones autonómicas. Ahora bien, si se pretende elegir un escenario de liquidación de las televisiones públicas, animado por la contundencia de la crisis, en el que la primera decisión pase por meter el bisturí a la plantilla, para más tarde sanear balances y presentar credenciales en el mercado, como parece que es el caso, nos tendrán enfrente.