viernes 13.12.2019

Las viviendas protegidas, un sistema a actualizar

Las  recientes elecciones municipales han vuelto a sacar a la luz la problemática de la vivienda en España.

Las  recientes elecciones municipales han vuelto a sacar a la luz la problemática de la vivienda en España. Se ha subrayado  la persistencia de un número importante de desahucios de familias de sus viviendas. Se  han puesto de manifiesto las dificultades de acceso a una vivienda por parte de los nuevos hogares. Los nuevos empleos resultan poco estables y los reducidos salarios percibidos  hacen imposible el acceso a la vivienda, en especial a la vivienda en propiedad. Se vuelve a hablar de la vivienda protegida, actuación que, de aplicarse,  debe de ser objeto de amplias modificaciones respecto del sistema hasta ahora vigente.

En el sistema de viviendas protegidas  destacan aspectos generales como unasuperficie máxima de las viviendas (unos 90 metros cuadrados útiles), unos precios máximos  de venta, un tope máximo de ingresos familiares para acceder a las viviendas, unos subsidios y subvenciones al comprador o arrendatario, procedentes del Ministerio de Fomento. Hasta el penúltimo Plan plurianual, el 2009-12, se establecía la garantía de financiación  crediticia para un determinado número de viviendas protegidas  mediante convenios entre el Ministerio  de Fomento y los bancos y cajas participantes.

Pero la restricción crediticia posterior al verano de 2007 acabó con la garantía de financiación al promotor de viviendas protegidas para la venta y el alquiler. Después de 2008 ha descendido de forma radical el número de viviendas protegidas edificadas.  En 2013-2014 las ventas anuales  de viviendas protegidas, en torno a las 16.000, supusieron solo el 5% de las ventas totales de viviendas.

El Plan Estatal de Viviendas vigente, el 2013-16, regulado por el R.D. 233/2013 (BOE de 10.4.2013) no contempla ningún tipo de ayudas ni convenios  para la construcción de nuevas viviendas protegidas destinadas a la venta o al alquiler. Dicho Plan se limita  a definir el concepto de vivienda protegida. Según el mismo, tales viviendas deberán de ser calificadas como tales por las Comunidades Autónomas, se destinarán a residencia habitual del ocupante, tendrán un precio o alquiler máximo de referencia y no superarán los 90 metros cuadrados de superficie útil.

El Ministerio de Fomento ha dejado, pues, la cuestión  de las viviendas protegidas en manos de las autonomías, y en teoría pretende priorizar el  alquiler y la rehabilitación. Sin embargo,  los recursos aportados para dichos fines han sido raquíticos y escasamente publicitados, con lo que, en la práctica, no ha habido política de vivienda después de 2011.

La crisis, con su secuela de restricción crediticia, no solo ha frenado casi en seco la construcción de nuevas viviendas protegidas, sino que  ha contribuido a resaltar más los defectos del  sistema. Este  funcionó sobre todo en tiempos del anterior régimen político y hasta 2008 con la democracia, pero adolece de defectos y de picarescas que piden a gritos su actualización.

En los últimos años  se han puesto a la venta viviendas protegidas a unos precios de venta que han resultado con frecuencia superiores a los del mercado. Junto a lo anterior, el Ministerio de Fomento ha permitido se mantengan unos tipos de interés en  los préstamos  a compradores de vivienda protegida a  niveles muy por encima de los del mercado. Esto último, que incumple la normativa de los planes plurianuales previos,  se  ha realizado frente a las protestas de los prestatarios,  con el obvio beneficio para los bancos prestamistas.

Además, el citado  Ministerio  suprimió de forma retroactiva las prórrogas de subsidiación de préstamos, con lo que los adquirentes de viviendas protegidas con menos recursos han empeorado de forma sustancial su situación económica. La “Coordinadora de Afectados por la Subsidiación VPO”, creada por los afectados,  no cesa de presionar ante el Ministerio (ya va por 40.000 firmas) para que se responda a sus peticiones en materia de tipos de interés y de subvenciones.

Junto a las anomalías citadas, con el traspaso pleno a las autonomías de la gestión de las nuevas viviendas protegidas  aumentaron las picarescas más frecuentes en este tipo de viviendas. Ejemplos de ello son las VPO construidas en primera línea de playa, no precisamente residencias habituales,  la creación de viviendas de dimensión considerable a partir de la suma de varias VPO adquiridas por una misma familia a precios por debajo del mercado, la exigencia de un nivel elevado de ingresos de los adquirentes o arrendatarios (5,5 IPREM es el último tope establecido), junto a un  abundante clientelismo político en el reparto de las viviendas construidas, sobre todo cuando el precio resultaba muy inferior al del mercado.

De lo anterior se deduce que una proporción significativa de VPO no se destina a  hogares con ingresos reducidos, sino más bien a clases medias incluso elevadas.. El sistema tiene un elevado componente de política de fomento de la construcción residencial, sobre todo allí donde la actividad productiva está muy poco diversificada,  y favorece con frecuencia a hogares que pueden acceder a una vivienda en el mercado. Para ser útil a los objetivos de una política social de vivienda  el sistema requiere de una actualización y una radical puesta al día, tarea en la que el gobierno de España debe de tomar la iniciativa.

Las viviendas protegidas, un sistema a actualizar