El Gobierno de Rajoy ha batido todos los récords de legislación a través de decretos leyes y el viernes pasado se superó a sí mismo aprobando el de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, un auténtico batiburrillo en el que se mezclan privatizaciones, convocatoria de plazas de militares, una propina de 164 millones de euros a Gas Natural o el cambio de nombre del evento coruñés que conmemora la primera exposición de Picasso, entre otras muchas cosas.
El decreto ley es un instrumento legislativo que según nuestra Constitución solo se debe utilizar “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, pero que en los últimos años se ha convertido en el modo habitual y no excepcional de legislar en perjuicio del debate parlamentario.
Muchos juristas consideran que eso está justificado porque la crisis económica que vivimos crea una coyuntura de excepcionalidad que reclama respuestas inmediatas y de esa misma opinión parece ser el Tribunal Constitucional pues, aunque con matices, aceptó que el decreto ley es un instrumento normativo adecuado por la “necesidad de consolidar el crecimiento de la actividad económica”.
Yo creo, por el contrario, que esta forma de gobernar que hace que el pueblo solo sepa de las normas cuando ya han sido aprobadas es muy poco democrática y no está justificada por la crisis. Por un lado, porque es evidente que se está legislando por esa vía en aspectos que no tienen que ver con la actual situación económica. Por otro, porque en la inmensa mayoría de los casos se evita el debate parlamentario en materias de tanta importancia económica justamente para poner en marcha medidas contrarias a las que el partido gobernante ofreció llevar a cabo en su programa electoral, es decir, para traicionar la voluntad del electorado.
Justificaciones como las del Tribunal Constitucional solo se podrían aceptar si el crecimiento económico fuese un fin en sí mismo y neutro desde el punto de vista de la distribución del ingreso y la riqueza, es decir, de la justicia. Pero como siempre afecta de distinto modo a las diferentes personas y grupos sociales, la posición del alto tribunal solo viene a dar por bueno que se beneficie más a unos que a otros sin que haya debate sobre ello, que el pueblo no pueda pronunciarse sobre algo tan esencial como el reparto de los recursos sociales y sus desiguales consecuencias.
Uno de los más grandes juristas de todos los tiempos, Hans Kelsen, decía que la democracia es discusión y que lo democrático es que la voluntad política se forme siempre a través de la transacción y el compromiso entre intereses divergentes. Por eso, gobernar tan a menudo a golpe de decreto es una prueba más de la escasa calidad de nuestra democracia.