Hace ya largo rato que en el ámbito político, social e histórico, España padece una pulsión de irracionalidad, o posverdad en términos de cinismo neoliberal, que invade todos los intersticios institucionales de la vida pública en el mayor desorden que pueda darse en una sociedad: la promiscuidad de los poderes en relación a sus funciones, la arbitrariedad argumental en cuanto a las competencias de las instituciones del Estado, la corrupción generalizada y el exilio de la política en detrimento de la calidad democrática del sistema. Un rey emérito que huye del país con una gran fortuna conseguida presuntamente con opacidad, la beligerancia partidista del rey no emérito actuando como el jefe de una facción y no del Estado, una derecha cerril y carpetovetónica no homologable en Europa por su componente fascistoide de un franquismo ideológicamente vigente, componen el daguerrotipo de una decadencia sustantiva del régimen político nacido de la Transición.
El régimen del 78, como escueto reformismo posfranquista, ha ido acumulando disfunciones que en un contexto de crisis se han hecho especialmente evidentes. Estos problemas acumulados no son relativos solo a la necesidad de ajustes funcionales, sino que tienen que ver con desarrollos institucionales bloqueados, con cuestiones jurídico-políticas fundamentales no resueltas y con demandas de reconocimiento no suficientemente satisfechas. Es el caso del problema catalán y la derecha empecinada en boicotear cualquier acomodo de la aspiración de autogobierno de las tierras del otro lado del Ebro en el damero de una España plural. Para ello, obvia el diálogo y la política como instrumentos de cohesión democrática y judicializa la vida pública hasta ápices enjundiosos, convirtiendo en delincuentes a los adversarios políticos. En esos términos, ¿es posible la cohabitación de Cataluña y el resto del Estado desde el absoluto negacionismo del hecho catalán por parte del españolismo más sepia?
La voluntad razonable del Gobierno de Pedro Sánchez de indultar a los que reiteradamente las urnas sitúan en el ejecutivo catalán y poder desarrollar un proceso dialogado ha servido a la derecha para anunciar agresivas campañas contra los indultos y el nacionalismo catalán. La simplificación del lenguaje, o su alteración dolosa, supone una reducción sustancial del acto cognitivo del hecho en sí que quiere expresar. En el caso del nacionalismo catalán y el indulto del Gobierno a los condenados del procés, Delincuentes-que-no-se-arrepienten constituye un sintagma nominal difícil de romper por su construcción maliciosamente cerrada. Y es el principal argumento de la derecha: la falta de arrepentimiento. Lo que sucede es que un individuo puede arrepentirse de haber cometido un homicidio, un robo, una estafa, pero no puede arrepentirse de sus ideales, de su pensamiento, de su concepto ideológico de la realidad.
En este sentido, la ley de 1870 sobre el ejercicio del derecho de gracia, la actualmente vigente, es cierto que prohíbe expresamente la concesión de indulto a los reincidentes. Sin embargo, nadie dice que el artículo tercero de dicha ley, levanta esa prohibición general de indultar a los reincidentes en el caso concreto de algunos delitos como la rebelión o la sedición a los que se remite expresamente. Delitos todos en los que puede constatarse su índole política, bien en sus motivaciones o en su inspiración. En ese tipo de delitos permite al Gobierno que puede prescindir del informe del tribunal sentenciador como requisito para conceder el indulto. Por tal motivo es evidente que en dichos delitos –tanto para los reincidentes, como con mayor razón para los que no lo son- el arrepentimiento o la equidad tienen un papel diferente, que queda superado por lo que la ley llama conveniencia pública. Seguramente esa conveniencia pública del legislador decimonónico no era la del general Baldomero Espartero, regente de España por la minoría de edad de Isabel II, cuando dijo que "por el bien de España, hay que bombardear Barcelona una vez cada cincuenta años".