martes 19.11.2019

La sentencia del 'procés' y el porvenir de España

En España es un hecho excepcional, histórico y sociológico, la recurrencia de la paramnesia del déjà vu o del “día de la marmota”, incluso con escenografías y protagonistas pariguales a pesar del tiempo y los epifenómenos consumados,  consiguiendo lo que no pudo alcanzar Flaubert cuando quiso escribir un libro sobre la nada. El decorado y la representación penetra en los intersticios de ese patriotismo atrabiliario y africanista cuyo punto culminante lo padeció Unamuno cuando al criticar la fuerza bruta de los militares sublevados fue contestado por Millán Astray con el grito de ¡muera la inteligencia!

La izquierda de los años veinte y treinta del siglo XX, y la izquierda de la resistencia, y los republicanos, y el mejor liberalismo nacional tuvieron una visión de España democrática, libre, laica, emancipadora, que, sin embargo, hoy ha sido abandonada por las fuerzas de progreso dejando en manos del españolismo más rancio la idea de país, aceptada por una parte de la sociedad abrumada por la confusión entre lo español y el españolismo franquista. Un fenómeno sólo explicable a partir de los cuarenta años de patología de lo falsamente español sustanciada hogaño por unos conservadores, que en España  más que conservadores son retardatarios, que siempre están dispuestos a tomar por los cuernos a los toros de Guisando como contemporáneos.

¿Tiene futuro una solución autoritaria que no consiste en sobresanar la esclerosis democrática del Estado, la desigualdad social y las tensiones territoriales, sino en dar respuesta punitiva al malestar ciudadano?

Al igual que el verso de Boris Vian en el que nos advierte que se han quedado con las palabras cómodas, la derecha ha mantenido la narrativa, dalmáticas y utillaje iconográfico conceptual de España deshuesado por cuarenta años de caudillismo y que la Transición quiso reconstruir desde un reconvertido franquismo sociológico. El ecosistema conservador siempre ha mostrado poca comprensión para todo aquello que no fuera concebir la verdad como coincidente con sus deseos e intereses lo que le lleva a una visión restrictiva y reduccionista de los problemas y que las soluciones sean cada vez más exóticas ya que, como afirmaba Ortega, lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo. Esto conlleva la ruptura de todo diálogo social y la imposición de una sola realidad que implica que cualquier circunstancia en el ámbito político tenga que resolverse en términos de vencedores y vencidos.

En España no fue posible que la democracia, como en el resto de Europa, fuera el resultado, en el contexto ideológico y de la praxis, del antifascismo, sino muy al contrario supuso la reconversión de un régimen de poder nacido del fascismo y que nunca fue derrocado. Ello dio lugar a una enjundiosa fantasmagoría, en palabras de Ortega, donde el poder real condiciona de facto el ámbito de lo opinable y la orientación del debate público y, singularmente, ubica en el escenario del orden público la disidencia política, cuando esta supone una reorientación democrática del poder real. La izquierda dinástica, por ello, sólo puede actuar como alternancia, nunca como verdadera alternativa a las políticas conservadoras, de las que sólo puede ser un matiz, y ni matiz siquiera en aquellas que puedan afectar a los poderes fácticos, consideradas entonces cuestiones de Estado, y por tanto, sólo admisible una única línea de actuación.

Bajo este magma institucional surge la acción rupturista del catalanismo, viejo problema de la monarquía española, incapaz de encajar el territorio al otro lado del Ebro en el Estado que gobierna y la sustenta, y cuya respuesta desde el régimen del 78 fue la suspensión de la política para resituar al opositor en el espacio de la delincuencia. En pocas ocasiones a lo largo del posfranquismo, las puñetas han tenido una influencia tan ingente sobre el presente y futuro de España, luego de fagocitar a la política como instrumento cívico de debate y organización polémica de la vida pública, y dejar la lucha por la hegemonía y el poder dentro de los límites estrechos que marcan la desnaturalización del proscenio democrático para resituar los conflictos en los ámbitos policiales y punitivos, donde se crean unas conclusiones délficas que superponen interpretaciones para servirlas después según pedido y arropadas `por una propaganda llena de fetiches (prejuicios ideológicos) para limitar el campo de lo opinable.

De todo ello, derivan severas disfunciones con motivo de la judicialización de la política, como indica el catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo, sobre la sentencia del procés: “La rebelión ha sido la coartada que ha permitido a la Fiscalía General del Estado, con el concurso en un primer momento de la Audiencia Nacional y después del Tribunal Supremo, esquivar al "juez ordinario predeterminado por la ley", que no podía ser otro que los órganos del poder judicial radicados en Catalunya y justificar en la gravedad del delito la adopción de las más onerosas medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico.”

Estas estratagemas judiciales para cauterizar un problema político tienen elementos que transcienden al mismo problema catalán. En este sentido, el magistrado Joaquim Bosch advierte: “Lo más peligroso de la sentencia es su aplicación en el futuro y su impacto en las libertades. Con la letra de la resolución se puede condenar a altísimas penas de prisión a quienes protesten pacíficamente contra resoluciones que acuerden un desahucio, el desalojo de una acampada como las del 15M o la dispersión de la resistencia pasiva en una huelga de trabajadores. Será irrelevante que esas conductas estáticas carezcan de violencia o intimidación.”

En los últimos años los más elementales derechos y libertades cívicas se han visto socavadas cínicamente y con carácter general en nombre de una democracia cada vez más disminuida, se ha encarcelado, menoscabando la libertad de expresión, a actores, titiriteros y tuiteros aplicando leyes antiterroristas a presuntos delitos de opinión; toda disidencia se ha convertido en una cuestión de orden público, la legislación laboral condena al trabajador a vender su fuerza laboral por debajo del nivel de supervivencia, ampliando, de este modo, el empresario la plusvalía a costa de la depauperación del trabajador. Las costuras del régimen del 78 para sostener en todos sus términos una democracia plena son cada vez más endebles en virtud de la incompatibilidad de los intereses representados por las fuerzas conservadoras con un sistema de libertad y soberanía ciudadana. ¿Tiene futuro una solución autoritaria que no consiste en sobresanar la esclerosis democrática del Estado, la desigualdad social y las tensiones territoriales, sino en dar respuesta punitiva al malestar ciudadano? La izquierda debería meditar muy profundamente sobre todo ello y buscar su verdadera posición y función en la sociedad.

La sentencia del 'procés' y el porvenir de España