sábado 19.10.2019

¿Quien pacta con la gente de a pié?

El franquismo impregnó en la gente la creencia, como arquetipo casposo, del español díscolo e insurrecto, cuyo carácter se compadecía poco con la libertad, que confundía con el libertinaje, y necesitaba “mano dura” que lo llevara por el buen camino. Este prejuicio, rescatado de la vieja tradición del “viva las cadenas”, fue uno de los basamentos del llamado franquismo sociológico de largo aliento en la singularidad del régimen político actual.

Ortega definió la restauración canovista como una gran fantasmagoría concepto que no es ocioso aplicar al sistema de la Transición, cuyo equilibrio consistía en la impostura de la vida pública con la renuncia de la izquierda y los nacionalismos periféricos a las ideas y los propósitos que eran su razón de ser. Ello, en el fondo, constituía el final de la política en su sesgo democrático y dialéctico, ya que el peligro de una situación así, una situación de inmunodeficiencia ideológica, estaba en que los partidos podían ser penetrados como la mantequilla por los fuertes intereses de las élites tradicionalmente dominantes, más aún en una sociedad en la que el tránsito a la democracia no significó ninguna quiebra de los poderes reales y sólo su adaptación a una fórmula nueva.

El bloqueo que tras la quiebra del bipartidismo afecta al sistema, no es sino la consecuencia de la extrema desconfianza a la propia razón estructural de la democracia real en que se fundamentó la Transición. Se trataba de dejar al régimen político nacido del paso de la “legalidad a la legalidad” –partiendo, eso sí, de la supuesta legalidad del criminal golpe militar del 18 de julio de 1936- en el lecho procústeo  de una aparente democracia que carecía, sin embargo, del elemento axial de toda democracia plena: la posibilidad auténtica de la ciudadanía de elegir en las urnas una auténtica alternativa política.

Este fenómeno configuró una política falsa y, en consecuencia, destructiva, porque no era la opinión de las masas sino las élites dominantes las que generaban el fenómeno. Por tanto, el peligro que podía amenazar al Estado no nacía de los gobernados, sino de los gobernantes y de sus intereses de poder, y quizá también de su mala preparación política, al pretender demostrar, con mucha fogosidad y poca elocuencia, que los intereses personales de poder eran una cosa socialmente útil.

Franco había pasado los años del caudillaje diciendo que no estábamos maduros para la democracia. A lo mejor tenía razón, pero no en lo que se refería a los ciudadanos de a pie y sí a los gobernantes y las élites, empezando, naturalmente por él mismo.

Los últimos comicios generales dejaron un mensaje claro de cuál era la voluntad de la mayor parte del electorado: una mayoría parlamentaria de izquierdas que reactivara una agenda social radicalmente rupturista con las políticas tan dañinas para las mayorías sociales que implementó el Partido Popular; unas reformas estructurales de índole institucional, algunas de sesgo constituyente, para enjugar los déficits democráticos que atenazan cada vez más los derechos y las libertades ciudadanas; afrontar de una vez por todas la reforma del sistema electoral, tan deformante del voto cívico; redefinir el problema catalán, no desde una perspectiva criminal y  exclusiva de orden público, sino devolviéndole el carácter político y  avalorando el diálogo como instrumento democrático de resolución de conflictos;   retomar la cultura como herramienta para el cambio y el progreso social.

Sin embargo, la izquierda no solamente ha sido incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo, sino que ha jugado frívolamente a la táctica de intentar imponer la narrativa propia a la del presunto coaligado acusándose ambos de hacer imposible el acuerdo.

En el interregno, el Partido Socialista pedía una vez más el apoyo del PP y C’s ante el desplante y desprecio de la derecha. Como corolario, los ejecutivos del IBEX 35 declararon abiertamente y sin pudor que conspirarían para echar a Sánchez de la vida pública. En definitiva, nadie pacta con el ciudadano de a pie, que deberá volver a las urnas hasta que vote lo correcto para el poder real.

¿Quien pacta con la gente de a pié?