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viernes. 12.08.2022

La normalidad en Cataluña de Rajoy

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El presidente del Gobierno, M. Rajoy, dice que ha restaurado la normalidad en Cataluña, lo cual no deja de ser un cínico sofisma en virtud de la realidad en que van a tener lugar los comicios del 21-D

El régimen de la Transición, ante la crisis catalana, ha desatado todas las fuerzas del Estado y de sus epígonos fácticos con sus voceros mediáticos, junto a un severo maltrato a la memoria de Montesquieu en el caso de la justicia.  Sin embargo, tales fuerzas desatadas lo son de tal densidad totalizadora,  que actúan como barricada hostil al resto de la crisis poliédrica: social, institucional y política de Estado (donde aparecen con fuerza los problemas de la Corona), que en forma de metástasis habitan el cuerpo de la nación. Se trata, en definitiva, de replegar la vida pública sobre sí misma, que se hace hueco de sí misma, como diría Ortega.  El presidente del Gobierno, M. Rajoy, dice que ha restaurado la normalidad en Cataluña, lo cual no deja de ser un cínico sofisma en virtud de la realidad en que van a tener lugar los comicios del 21-D. El mantenimiento de la prisión provisional de los dos exconsejeros y de los presidentes de ANC y OMNIUM en un auto con una narración forzada y política de los hechos imputados hasta tal punto que el juez ha tenido que recurrir al insólito trámite de anular la euroorden y la orden internacional de detención dictadas contra Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, por temor a que la justicia belga pusiera en entredicho las acusaciones del Tribunal Supremo y todo ello, bajo amenazas de querellas por rebelión, si los resultados electorales son los que pronostican las encuestas.

La judicialización de la política gangrena de tal modo el problema político que lo convierte en irresoluble en términos dialécticos y democráticos por cuanto lo que se pretende es el castigo del adversario, la punibilidad del antagonista. Un informe del Consejo de Europa  sitúa a España como el país menos comprometido en la lucha contra la politización judicial de los 21 estados evaluados por este organismo. El desmayo de esa voluntad correctora por parte del poder evidencia su perversa utilización como herramienta recurrente conservadora e instrumental del régimen de poder para expulsar a la política del formato democrático de la vida pública al convertir las opciones opuestas en delitos y al opositor en delincuente. En este contexto, ¿El 22-D qué va a ocurrir? ¿Qué reconstrucción del equilibrio y el encaje de Cataluña en el Estado español será posible? ¿Tendrán que negociar todo esto los que han protagonizado el rumbo de la crisis, es decir, los magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que ya han expresado que la situación penal de los investigados va a depender de la actitud que tengan después de los comicios?

El Gobierno estima que la propaganda anticatalanista extendida en el resto de España  le garantiza la justificación por la opinión pública de cualquier actuación al otro lado del Ebro, lo cual, además, pretende embozar para esa opinión pública del resto del país que lo que hoy se hace en Cataluña se realiza con un criterio global y extensivo al resto del Estado como parte de un plan general de bunkerización y resistencia del sistema a la profundización democrática y a la posibilidad de una auténtica alternativa política y social. Los antecedentes de la “ley mordaza” o la “ley de odio”, suponen una degradación de la centralidad soberana de la ciudadanía a favor de la razón de Estado (Della Ragion di Stato maquiavélico) que evita que el debate democrático, como imaginaba Habermas, se aproxime cada vez más al ideal de la comunidad de diálogo: una comunidad de hablantes en la cual todos tengan de verdad el mismo derecho a hablar y a ser escuchados. Criminalizar la política es desterrar el diálogo como fuente de convivencia democrática y, por tanto, de la misma política como elemento axial de la vida pública.

La normalidad en Cataluña de Rajoy