Un trazo singular de este ruedo ibérico que nos ha tocado vivir, como anuncié en su momento en mi libro “Dios mío, ¿qué es España?” (Editorial Izana, Madrid), es la singularidad de nuestro país como anomalía política.
El último tramo histórico de lo peculiar procede de la gran fantasmagoría de la Transición y todos sus artilugios de postureos e imposturas dialécticas y morales donde de nuevo, Lampedusa traficó con la ficción del cambio para que nada cambiase. Las minorías recipiendarias y mimadas por el caudillaje debían mantener su influencia y privilegios mediante la arquitectura institucional que el tardofranquismo avió en virtud de la cual cada individuo puede declararse ideológicamente lo que estime conveniente siempre y cuando no intente materializar sus ideas.
Por ello, todas las ideologías que no sean conservadoras deben ser asintomáticas. Sin embargo, si para el filósofo alemán Martin Heidegger, el individuo se debate entre la elección de múltiples posibilidades hasta llegar a la posibilidad de la posibilidad donde se acaba todo, en el contexto de las contradicciones pueden ser tan severas hasta llegar a la contradicción de la contradicción donde la más absurda de las situaciones pueda ser una solución por el mismo colapso del régimen.
Si repasamos solo por encima las múltiples crisis que afectan al régimen del 78 o intentamos contemplar con cierto distanciamiento y perspectiva las especiales circunstancias de la vida pública española, la perplejidad es posible que sea una mueca habitual en el observador que ya no distingue la orteguiana nariz de Cleopatra.
El caso del rey emérito (sic) es poliédrico en cuanto a su singularidad: envuelto en diversos y abundantes escándalos financieros, los jueces en España son incapaces de abrirle una causa, quizá porque el Poder Judicial está demasiado expuesto a la intemperie caudillista de la diversidad de funciones y unidad de mando. A pesar de todo el emérito se autoexilia, reconociendo con ello su nada ejemplar conducta y sin embargo no por ello la monarquía sufre ningún desconchón en su continuidad institucional, teniendo en cuenta que los escándalos afectan nada menos que al principal fundante del régimen, es algo que solo puede ocurrir ya en España.
El Partido Popular se arrastra por la ciénaga de la corrupción en grados superlativos por afectar a órganos sensibles de la administración del Estado. Es una corrupción estructural, no el desaguisado de un desaprensivo, sino una forma autoritaria de entender la política y de interpretar el mando, que no el gobierno, desde el pragmatismo amoral de los intereses minoritarios enfrentados permanentemente al bien común. Es el mismo ámbito de acción por donde deambula el rey emérito, pero con la salvedad, de que el anterior monarca es (L'État, c'est moi) en sí mismo una institución. Como hogaño lo es su hijo, con un excesivo escoraje al ocultismo y a lanzar el poder arbitral del Estado hacia espacios minoritarios donde lo convierte nada menos que en facción.
Sin embargo, a pesar de estas graves crisis institucionales y la pandemia, las previsiones de Bruselas en el caso español, se concretan en que este año y el siguiente será la economía europea que más crecerá, y respecto a la zona euro, que recuperará los niveles pre-crisis ya en el primer o segundo trimestre de 2022, es decir, antes de lo previsto. El paro ha descendido significativamente a niveles anteriores al COVID y la Seguridad Social nunca ha tenido tantos afiliados. Es una parte de la gestión de un gobierno de izquierdas con una alícuota sustancial de la coalición beligerantemente antimonárquica y sostenida por una mayoría parlamentaria absolutamente rupturista compuesta por republicanos y nacionalistas catalanes y vascos.
¿Estamos ante la contradicción de la contradicción? ¿Salvarán a la monarquía postfranquista aquellos que ideológicamente deberían derrocarla?
¿Seguirán empeñados en destruir el régimen del 78 los conservadores herederos del caudillismo, los nostálgicos de prietas las filas, el propio rey o el monarca emérito?
Veremos.