Hace largo rato en la historia de España que la política catalana tiene notabilísimo influjo en la vida pública del Estado español. Durante más de un siglo la contingencia del caso catalán ha tenido una clara afectación en los derroteros e inercias de los regímenes políticos del conjunto de España. El llamado “problema catalán” se sustanciaba en una vindicación creciente desde el otro lado del Ebro de mayores espacios de representación democrática y la búsqueda de la autodeterminación por medio de la renovación de las propuestas del federalismo plurinacional mediante la generación de procesos constituyentes o reformas constitucionales e institucionales.
Desde los amenes del siglo XIX la emergencia del nacionalismo catalán, expresado en forma de pretensiones autonómicas o de tipo secesionista –diferentes en la gradación de su conflictividad–, vienen cuestionando directamente y con desigual magnitud, según el período histórico, la naturaleza misma y las funciones del Estado nacional, su razón de ser y sus fundamentos.
En este contexto, se nos presenta hoy un escenario históricamente insólito donde los partidos nacionalistas catalanes, en una posición de ruptura con el régimen del 78, por primera vez asumen un proyecto político no compartido con el resto de España, es decir, sin encaje posible de Cataluña en el Estado actual. El pacto de la transición supuso la imposición de la rancia escolástica de un conservadurismo excluyente y autoritario que sólo concibe los problemas políticos en términos de orden público y que considera cualquier tipo de negociación o diálogo como debilidad, mientras patrimonializa el concepto de España. Como afirmó Manuel Azaña en el debate del Estatuto de Cataluña en las cortes republicanas: “Lo que no podemos admitir nosotros es que se identifique España con los harapos de la vida política española, caída ya en la miseria y en la hediondez, con los restos de regímenes abolidos, y que sin embargo, han pretendido y pretenden hacerse pasar por la más genuina representación del alma española.”
La mayoría parlamentaria en Cataluña nacida de los comicios del 14-F es un fiel daguerrotipo de la mayoría en el Congreso que sostiene al gobierno de coalición y que representa un frente rupturista con relación al llamado consenso del 78. La crisis de la Monarquía, o quizá habría que hablar de las múltiples crisis de la Monarquía, por el poliédrico fracaso de la Corona en mantener la pulcritud del poder arbitral del Estado, la falta de ejemplaridad, nada menos que de su mito fundante, Juan Carlos de Borbón, la beligerancia e interferencia política de Felipe VI, los excesos de los poderes fácticos, singularmente económicos y financieros, la depauperación de las mayorías sociales por parte de la derecha en el gobierno, conllevó el severo deterioro del equilibrio bipartidista y la tramoya de alternancia institucional del posfranquismo reformado.
La mayoría que el escrutinio popular ha situado en Madrid y en Barcelona, ha sido, y es, combatida por el poder fáctico, la jefatura del Estado -que nunca pensó que también es rey de los soberanistas catalanes y de las mayorías progresistas-, el desbravado aparataje de empresas de comunicación afines al sistema, el poder judicial excesivamente penetrado por la politización en sus resoluciones, las cloacas del Estado, el conservadurismo partidario y el sector del PSOE que no tuvo escrúpulos en dividir a su propio partido y anatematizar a su candidato a la presidencia del Gobierno para facilitar, como así fue, la continuidad de Rajoy en la Moncloa, en un castizo remake de Große Koalition.
Un conglomerado de fuerzas fácticas y políticas que han querido corregir la decadencia del régimen del 78 mediante respuestas autoritarias ante la incapacidad del propio sistema de asumir las reformas depurativas necesarias. Esta inmovilidad no tiene otro motivo que el miedo de la base estructural de poder del régimen del 78 a una demolición, siquiera parcial, de su concentración de influencia económica y política.
Todo ello conlleva una quiebra institucional, un irreparable déficit democrático, una conspiración continuada del poder fáctico, una degradación de la voluntad popular y un destierro de la política que complica las soluciones democráticas a los severos problemas que padece el país. El gobierno de coalición, fruto de una mayoría electoral, no puede ser llamado ilegítimo por las ideologías de los partidos que componen esa mayoría, ni descalificar su gestión por ello, ya que esta marrullería dialéctica lo que muestra es el agotamiento de un régimen de poder que no puede deshacerse de su componente autoritario.