miércoles 01.04.2020

¿Es la monarquía española un Estado fallido?

La peripecia judicial del caso “procés” supone una toxicidad política en las decisiones judiciales que tensiona la separación de poderes además de forzar la ley a las exigencias políticas del poder real.
El rey, durante su discurso del 3 de octubre de 2017. (Imagen de archivo)
El rey, durante su discurso del 3 de octubre de 2017. (Imagen de archivo)

La política en España puede seguir siendo un ejercicio de prestidigitación bufa –manca finezza- donde la vida pública se sustancia en una parodia de ortopedia predemocrática mediante el poco virtuoso consenso consistente en fortalecer un contexto político agotado por su propia artificialidad, pero como advertía Azaña, la política, como la física, tiene sus propias leyes que no se pueden infringir, o al menos, infringir impunemente. La peripecia judicial del caso “procés” y las múltiples correcciones realizadas por los tribunales europeos a las actuaciones tanto del instructor como del mismo tribunal por la laxitud en la preservación de los derechos de los reos electos en los comicios europeos y sus electores, supone una toxicidad política en las decisiones judiciales que tensiona la separación de poderes, además de forzar la ley a las exigencias políticas del poder real. Todos estos fenómenos y epifenómenos extravagantes en una democracia y el agotamiento de un sistema excesivamente rígido en la praxis política han desembocado en un bloqueo institucional cada vez más complicado de dirigir.

Siendo todo esto grave, el engranaje mediático sistémico, los mass media dinásticos, construyendo constantemente el relato del poder al objeto de crear la atmósfera necesaria para que las minorías fácticas delimiten los ámbitos de lo no opinable, los límites del pensamiento, la degradación del voto popular y la acotación restrictiva de la participación cívica, representa un mal añadido al reconducir el acto político hacia el discurso único y, como consecuencia, a que cualquier voluntad ideológica de transformación o cambio sea materia de orden público. La judicialización del caso catalán, como otros sobre libertad de expresión o manifestación del malestar ciudadano, han puesto de manifiesto la incapacidad del régimen del 78 para mantener la hegemonía de las minorías influyentes en términos democráticos.

En esta deteriorada vertebración de la vida pública, la izquierda no puede por más tiempo unirse al naufragio de la razón de Estado de un conservadurismo que apela al déficit democrático como arquitectura de la acción política

La expulsión de la política en su formato polémico y dialéctico como parte del sentido común impuesto, conduce a un deterioro cada vez más oneroso de la capacidad de equilibrios del régimen y por tanto el aumento de su incompetencia para ordenar la vida pública, situación que es un peligroso preámbulo del Estado fallido. La falta institucional de cultura democrática, la génesis del régimen del 78 como continuidad intacta de las vertiginosas hechuras del Estado franquista y las inercias que ello conlleva, ha propiciado que la derecha y el poder fáctico consideren que la política bajo el modelo democrático es un signo de debilidad y que socava su capacidad de influencia en los destinos del país y, como consecuencia, la única solución a los problemas políticos no debe ser política, sino un ejercicio de fuerza por parte de los poderes coactivos del Estado.

Y para justificar este desbarajuste como consecuencia de una crisis poliédrica –institucional, política, social, ética- la derecha carpetovetónica apela al patriotismo sepia excluyente de buenos y malos españoles, viva la muerte y muera la inteligencia, sin tener en cuenta la advertencia de Manuel Azaña cuando afirmaba:  “Ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo… Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo, nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es la mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de ser patriótica, sea acertada”.

En esta deteriorada vertebración de la vida pública, la izquierda no puede por más tiempo unirse al naufragio de la razón de Estado de un conservadurismo que apela al déficit democrático como arquitectura de la acción política. Es por ello, que debió no transigir en las extravagancias del patriotismo judicial, tan recriminado por los tribunales europeos. Sin embargo, la decisión de Pedro Sánchez de configurar un gobierno progresista es una opción más que necesaria, siempre que represente una alternativa real a la decadencia democrática de la derecha.

¿Es la monarquía española un Estado fallido?