martes 27/10/20

El complot del rey, la justicia y la Comunidad de Madrid contra el Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la simplicidad de sus meninges políticas, ha declarado algo intuido en los avatares posdemocráticos protagonizados por los retardatarios carpetovetónicos, incluida la Corona, pero cuya originalidad consiste en que lo exprese con esa naturalidad quien se dice parte activa en ese maridaje que afirma existir entre el rey, la justicia y su gobierno madrileño contra el poder ejecutivo de la nación legalmente constituido. Que esas cosas se digan si ningún pudor es algo conceptualmente antidemocrático, que se hagan es materialmente una abolición de facto de la democracia. La Casa Real, desde el inefable discurso del 3 de octubre, alegato de una belicosidad impropia del poder arbitral del Estado, ya que actuó como facción en un conflicto político, ha ido perdiendo la apariencia de algo que desde la época del emérito nunca ha tenido: neutralidad institucional. La naturaleza del poder heredado del caudillaje sin ningún tipo de fiscalización y absoluta inviolabilidad configura un poder fáctico absoluto muy alejado del carácter de las monarquías europeas. Ortega y Gasset observa que toda la política interna de Inglaterra se había hecho con un lema, que es materialmente la expresión repetida mayor número de veces en su historia: ¡Hay que limitar el poder de la Corona!

La etiología de los poderes en España, tan compadecidos con sus orígenes caudillistas poseen esa inercia que haría removerse en su tumba a Montesquieu. El poder único, el auténtico poder fáctico, concibe la división de poderes como diversidad de funciones, y, por consiguiente, esa diversidad de funciones no tiene como objeto la sociedad sino preservar de la sociedad al poder mismo, no sujeto a escrutinio cívico alguno. De esta forma, la justicia adquiere un carácter político extemporáneo. En este contexto, las actuaciones judiciales politizadas son cada vez más ideológicas y menos judiciales, con una carga partidaria de tal magnitud que los textos de las instrucciones o los fundamentos de derecho son, en muchas ocasiones, pasquines donde no se juzgan unos hechos, sino que los hechos son distorsionados para que coincidan con un prejuicio fijado de antemano. El bochornoso fracaso de las euroórdenes en el caso del “procés” puso de manifiesto las grandes diferencias de la justicia española con la europea y representó un toque de atención de lo lejos que podríamos estar de los parámetros democráticos del Viejo Continente.

A todos estos factores ortopédicos del Estado de derecho hay que añadir como correlato necesario la capilaridad con policías patrióticas y servicios de inteligencia dedicados a la fabricación de pruebas falsas contra los adversarios políticos del poder fáctico que configuran una espuria realidad distópica en un ámbito donde la vida pública ha quedado reducida, en detrimento del formato polémico sustantivo de una democracia, en una permanente intervención impropia de los poderes del Estado en la persecución de legítimos actores políticos como adversarios ideológicos incluso si estos forman parte del gobierno de la nación. Es el viejo espíritu del autoritarismo más castizo y rancio para el que el adversario político es un enemigo y un delincuente por no pensar como los verdaderos españoles que el derechismo reaccionario representa. Es por lo que decía Ortega: “Para que en España fuese posible una República coronada sería preciso sólo una cosa: volver a empezar la historia de España”.

El complot del rey, la justicia y la Comunidad de Madrid contra el Gobierno