El Gobierno central no quiere ningún tipo de control para ejercer la fuerza, es mejor utilizarla con la sorpresa de una celada
Imaginemos dos escenas, la primera, compuesta por camiones llenos de legionarios recorriendo Vía Laietana o la avenida Diagonal y carros blindados apostados en lugares estratégicos de Barcelona. Se ha impuesto el toque de queda y gran número de transeúntes son identificados y cacheados por las fuerzas de intervención. Los sospechosos quedan detenidos, acusados de sedición y sometidos sumariamente a consejo de guerra. Segunda escena, a las 8 de la mañana se abren los colegios electorales y los ciudadanos de Cataluña votan pacíficamente hasta las 8 de la tarde en que se procede al escrutinio. Lo narrado en la primera escena es totalmente legal y constitucional. Lo descrito en la segunda es ilegal, anticonstitucional y un acto criminal de sedición. Para ello, la Constitución les concede a las Fuerzas Armadas la potestad de mantener la unidad de la nación y el régimen político en el artículo 8º. Esta maquiavélica paradoja viene crudamente a reflejar cómo el régimen del 78 fue construido desde el apriorismo de que el Estado posfranquista sólo podría mantenerse con fuerzas políticas que le dieran legitimidad a costa de imposibilitarse los fines que le debían ser propios: los nacionalistas, la aspiración de constituir como nación su propio territorio, la izquierda, implantar un modelo de sociedad igualitario y avanzado; en definitiva, sólo la derecha y un Estado que atesoraba intacto el régimen de poder del caudillaje y blindado por una jefatura estatal designada por Franco, ajena al mandato de las urnas, podían actuar en el escenario político con sus propios principios o prejuicios.
En realidad, la primera escena se está produciendo ya, sustituyendo al ejército, por la más eficaz acción de un cuerpo también militar como la Guardia Civil. Se detiene a altos cargos de la Generalidad y empresarios por organizar unas elecciones o manufacturar y esconder material subversivo como urnas y papeletas de votación; se incautan las finanzas del Gobierno catalán; se toman las dependencias oficiales de la autonomía; se neutraliza bajo un mando único a la policía catalana por sospechosa de falta de celo para actuar contra su gobierno y todo ello desde el vacío legal del acto consumado y la razón de Estado para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cuyo desarrollo hay que dar cuenta a las Cortes. Según el constitucionalista Pérez Royo: “Consiste básicamente en que el Gobierno tiene que aprobar un Decreto en el que se identifica la naturaleza de la emergencia y propone a continuación las medidas necesarias para hacer frente a la misma. Una vez recibido el Decreto enviado por el Gobierno, la Mesa del Senado lo remite a la Comisión de Comunidades Autónomas, que lo debate y lo aprueba o no, en los mismos términos en que lo redactó el Gobierno o con “los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas” (art. 189.4 RS). Una vez debatido y aprobado, la Comisión eleva una propuesta al Pleno del Senado. En el Pleno se discute con dos turnos a favor y en contra de la propuesta en todo caso y con la posibilidad de intervención de todos los Grupos Parlamentarios. La propuesta tiene que ser aprobada por mayoría absoluta. El Gobierno queda apoderado para hacer todo lo que la propuesta aprobada contiene, pero también limitado por el contenido de dicha propuesta". Sin embargo, el Gobierno central no quiere ningún tipo de control para ejercer la fuerza, es mejor utilizarla con la sorpresa de una celada.
En realidad estamos viviendo el ápice de una tendencia de la derecha que intenta solventar los problemas políticos al margen de la política, achicándolos hasta el tuétano elemental y fraudulento de equiparar la disidencia a subversión y el malestar ciudadano a desorden público lo que supone la explosión tendenciosa y controlada del formato polémico de la vida pública. De ahí la paradoja democrática de encarcelar tuiteros, comediantes y ahora miembros del gobierno autonómico. En el caso catalán, cuanto más tiempo se tarde en pactar la celebración del referéndum puede llegar un momento en que la distancia entre los ciudadanos de la “nacionalidad” y los del resto del Estado sea tan grande, que ya no se pueda celebrar un referéndum. Y es donde a los conservadores se les hace legible el problema: una vez conseguido que lo políticamente inevitable sea imposible, lo único que queda es restaurar el orden manu militari.
Todo ello es producto de una desviación que procede de la carencia histórica de una definición de los límites y contenidos del poder en el postfranquismo para reconstruirlo desde identidades democráticas. Esta transformación necesaria y urgente del Estado requiere saber lo que es España, lo que es la nación, lo que significa dentro del marco del país vivir todos juntos, según qué normas y qué valores comunes. Es el elemento vital del cambio político y la profundización democrática, ya que no hay que olvidar que una reforma es una corrección de abuso y un cambio es una transferencia de poder.
Y como extraordinaria y contraria a la racionalidad política, podemos contemplar a los dirigentes del Partido Socialista alineándose al llamado “bloque constitucional” y avalando las medidas conservadoras, desoyendo las demandas expresadas en las primarias por la militancia, en lugar de liderar una reconstrucción democrática de las instituciones y una relectura de la vertebración plural del Estado. Una pregunta que deberían hacerse los responsables del PSOE después de la aplicación de la solución policial de Rajoy en Cataluña, y que ha servido para ampliar el perímetro social del soberanismo, es si habrá algo que negociar el 2 de octubre.