sábado 29/1/22

El naufragio del derecho de asilo en Europa

asilo

Como decía Zygmunt Bauman, estamos asistiendo “no a una crisis de refugiados, sino a una crisis de la humanidad”

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hay en el mundo 65 millones de personas desplazadas (1 cada 25 minutos) por causa de los conflictos armados, cambio climático, pobreza, persecuciones por diversas razones o violaciones de los derechos humanos fundamentales. Ello ha hecho que, tan sólo en el año 2015 llegasen a Europa casi 1,2 millones de personas refugiadas lo cual, según Mariano Aguirre, ha supuesto “la crisis más seria que ha sufrido la Unión Europea (UE) desde su creación” y, más aún, como decía Zygmunt Bauman, estamos asistiendo “no a una crisis de refugiados, sino a una crisis de la humanidad”.

Ante esta situación, la respuesta de la Unión Europea (UE) ha sido decepcionante tanto por  la descoordinación entre los Estados miembros, como por sus planteamientos cortoplacistas. De este modo, como denunciaba de forma contundente Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), este capítulo de la historia “ha puesto en evidencia el gran fracaso colectivo de Europa”, la cual no ha estado a la altura de las circunstancias dado que no fue capaz de hacer frente a las verdaderas causas de la crisis de refugiados ni tampoco puso en marcha soluciones estables con visión humanitaria para garantizar el cumplimiento de los compromisos jurídicos con el derecho de asilo y las personas refugiadas derivados del Estatuto de Refugiados de 1951 que todos los Estados de la UE habían firmado. Especialmente preocupante resulta que todas las medidas adoptadas por la UE iban enfocadas desde una perspectiva de “seguridad” y no desde el ámbito de los derechos humanos, razón por la cual Human Right Watch advertía de que “el miedo a ataques terroristas y a los flujos masivos de refugiados están llevando a muchos Gobiernos occidentales a reducir la protección de los derechos humanos”. Y es que, con la excusa de la seguridad y el control migratorio, la UE está violando impunemente los tratados internacionales, olvidando, con grave dejación de responsabilidad, que el derecho de asilo para las personas refugiadas es un derecho inalienable y no un gesto de gracia o generosidad sino que responde al cumplimiento de la legalidad y los compromisos firmados por los Estados miembros.

Y, junto a este abandono de la defensa de los derechos humanos, también ha naufragado Europa al aplicar otras medidas tendentes a frenar el flujo migratorio mediante barreras  en Hungría, Bulgaria…o Ceuta y Melilla y, sobre todo, al externalizar la vigilancia y control de las fronteras exteriores de la UE a socios que no son precisamente un ejemplo de respeto de los derechos humanos y de sensibilidad democrática. Este es el caso del Acuerdo UE-Turquía de marzo de 2015 cuyo objetivo principal era la devolución a suelo turco de los migrantes y refugiados que llegaban a territorio europeo a través de Grecia. Por esta labor, Turquía, convertida en una nueva guardia pretoriana de las fronteras de la UE, recibió 3.300 millones de euros durante el período 2016-2017, además de otras concesiones políticas  como la anulación de los visados para los turcos que entrasen en territorio comunitario o la reanudación de las negociaciones de adhesión  de Turquía a la UE, siempre lentas y complejas y paralizadas en estos últimos años por la preocupante involución autoritaria del país otomano de la mano de su presidente Recep Tayip Erdogan. Dicho Acuerdo, como bien sabemos, ha contado con una fuerte y justificada oposición pues, con su firma, la UE, como denunciaba CEAR,  “ha dejado naufragar el derecho de asilo, un derecho fundamental básico”, a la vez que nos recordaba que se trata de un acuerdo ilegal por múltiples razones, entre ellas, que las expulsiones colectivas están expresamente prohibidas por el art. 4º del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; que toda expulsión de un extranjero debe ser individual y necesita garantías legales según los arts. 12 y 13 de la Directiva de Retorno; que el Acuerdo vulnera el principio de no devolución del art. 33 de la Convención de Ginebra, que establece que nadie podrá ser devuelto a un país donde su vida corra peligro, a un país no seguro; que Turquía no está incluida en la lista de países seguros reconocidos por la UE, así como que dicho Acuerdo incumple el principio de no discriminación por país de origen, según el art. 3 de la Convención de Ginebra.

Por todo ello, resulta indignante que, mientras Europa se empeña en convertirse en una fortaleza que cierra sus fronteras exteriores a los refugiados, se enorgullece de la libertad plena de circulación de capitales y mercancías, una hipocresía que delata con crudeza la injusticia que subyace en materia de política migratoria de la UE. Ciertamente, el Acuerdo con Turquía ha supuesto una reducción de la llegada de refugiados a Europa (364.000 en el año 2016) pero ello ha supuesto un cambio de las rutas de llegada, mucho más peligrosas y mortales y con un mayor coste económico para los refugiados.  De este modo, la anterior ruta de la costa turca a la isla griega de Lesbos, de tan sólo 9 km., mayoritariamente utilizada durante los años 2014-2015, ha sido reemplazada por la  del Mediterráneo Central (desde Libia a Italia) que, en su tramo más corto hasta la isla de Lampedusa tiene una distancia de 300 km.  El peligro de esta ruta es evidente y, de hecho, las muertes por naufragio en esta zona han aumentado en + 34% y, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y,  en el pasado año 2016, 1 de cada 23 personas que emprendían esa ruta ha muerto en el Mediterráneo. Estos datos laceran nuestra conciencia puesto que resulta lamentable que Europa, la civilizada Europa, esté naufragando en materia de derechos humanos, algo que remueve las conciencias de  todos aquellos ciudadanos que, como Bauman, pensamos que nos hallamos ante una auténtica crisis de la humanidad.

Por otra parte, una vez desplazada la frontera europea a Turquía para que ésta controle el flujo de refugiados, la Unión Europea (UE) ha ido tomando otra serie de medidas con objeto de reducir la inmigración irregular, garantizar el control de fronteras, desarrollar vías de migración legal y conseguir un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Si hasta entonces el conocido como Sistema Dublín, asignaba la responsabilidad de tramitar las soluciones de asilo al primer país europea al que llegaban los refugiados y en el cual debían de permanecer, la crisis migratoria de 2015 evidenció que ello imponía una desproporción e injusta presión para Grecia e Italia, lo cual hizo necesarios los Acuerdos de Reubicación y Reasentamiento impulsados por la Comisión Europea en septiembre de 2015. Estos acuerdos tenían el ambicioso objetivo de reubicar a 160.000 refugiados desde Italia y Grecia en los distintos países de la UE según cupos estatales, además de reasentar a 20.000 persona desde campos de refugiados existentes en países vecinos a los conflictos como Turquía y Jordania.

Pese al rotundo fracaso de los Acuerdos de Reubicación y Reasentamiento, como señalaba Cristina Manzanedo, con ellos se pretendía, por vez primera, gestionar de forma común a nivel europeo un sistema de distribución equitativa de los refugiados entre los distintos países de la UE. No obstante, cuando el pasado 26 de septiembre expiró el plazo bienal de los mismos, resulta obvio que no se han cumplido sus objetivos y se ha evidenciado una grave falta de voluntad política en el seno de la UE para hacer frente a esta crisis humanitaria, hasta el punto de que Hungría se ha negado a recibir refugiados y el resto de los países, tras negociar a la baja los cupos propuestos, han incumplido, todos, el número de refugiados asignados. El caso de España es revelador puesto que, durante 2016-2017 acogió tan sólo al 11,4% de las 17.300 personas que le correspondían según dichos Acuerdos. Esta situación ha hecho que Intermon-Oxfam denunciase ante la Comisión Europea estos flagrantes incumplimientos y que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) calificase de “estrepitoso fracaso” el proceso de reubicación y reasentamiento.

Significativo resulta el caso de Alemania que en agosto de 2015 declaró una política de puertas abiertas y, por ello, en dicho año acogió a 441.800 refugiados, hecho que supuso un agrio debate político así como un preocupante ascenso de las fuerzas políticas de corte xenófobo no sólo en el país germano sino también en otros Estados de la UE, así como el cierre progresivo de fronteras en algunos de ellos. Así las cosas, tuvo lugar la Cumbre de Malta (noviembre 2015) la cual intentó dar respuesta (y control) a los movimientos migratorios como una responsabilidad compartida por parte de los países de origen, tránsito y destino. No obstante, el Plan de Actuación aprobado en La Valetta suponía un chantaje inmoral ya que la UE supeditaba la cooperación al desarrollo y la ayuda a los países del Sur al control por parte de éstos de los movimientos migratorios: así se creó el Fondo Fiduciario de Emergencia para África dotado de 1.880 millones de euros.

Más adelante, el Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración de la Comisión Europea (7 junio 2016) pretendió mejorar la Declaración de La Valetta y así buscar resultados concretos en el control de los flujos migratorios a cambio de poner “todos los instrumentos posibles a su servicio: ayuda al desarrollo, comercio e inversiones”, a la vez que propiciaba pactos migratorios a medida que permitían deportaciones ilimitadas tal y como contempla el Acuerdo UE-Afganistán (octubre 2016).

A modo de balance, las políticas migratorias de la UE han sido criticadas con dureza por CEAR pues son el lamentable reflejo de una Europa “seriamente enferma”, que evidencia un profundo déficit democrático, consecuencia de una ausencia de valores. Es por ello que, ante este “profundo viraje hacia la deshumanización”, en expresión de Estrella Galán, resulta patente la necesidad de “refundar Europa” para que recupere su alma y sus valores fundacionales de solidaridad y defensa de los derechos humanos, esos valores que ahora parecen naufragar en las instituciones europeas.

Por todo ello resulta imprescindible un cambio de rumbo en la nave de la UE el cual suponga un impulso a políticas estructurales (y no cortoplacistas como es el fracasado modelo del cierre de fronteras), que aborde las auténticas causas que han motivado la crisis migratoria de los refugiados, así como junto la imperiosa necesidad de tomar medidas concretas y urgentes: En primer lugar, la de reforzar las operaciones de rescate marítimo para salvar vidas de refugiados, un imperativo moral básico y, desde luego, instar al cumplimiento de los Acuerdos de Reubicación y Reasentamiento. Y, junto a ellas, tampoco debemos olvidar otras importantes cuestiones como: reforzar las vías de acceso legal a Europa acabando con el peligroso e inmoral negocio de los traficantes de personas, facilitar la reagrupación familiar y la posibilidad de solicitar asilo o visados humanitarios ; impulsar la ayuda humanitaria y la cooperación internacional (recordemos que, en el caso de España, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se ha reducido del 0,4% del PIB en 2009 al 0,14% en el 2014); abordar las causas por medio de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la defensa de la solidaridad internacional y los derechos humanos de todas las personas, sin olvidar tampoco el apostar por una sociedad inclusiva, abierta y tolerante que sirva de freno al auge de las tendencias xenófobas y racistas que nos amenazan.

Si Europa es capaz de asumir estas medidas recuperará su alma perdida, anegada en estos últimos tiempos por el vendaval del individualismo insolidario y así se evitará el naufragio de los valores que dan razón de ser a la UE, un naufragio que ya ha acabado  de forma trágica con las vidas de demasiadas personas que añoraban llegar a Europa soñando con un futuro digno y en libertad.

El naufragio del derecho de asilo en Europa