Si la pandemia del coronavirus está teniendo devastadores efectos tanto en el ámbito de la salud pública, como de la sociedad y la economía, las noticias que se han ido conociendo en estas últimas fechas sobre las actuaciones de Juan Carlos I, todas ellas en demérito del rey emérito, han tenido también unos efectos igual de devastadores que han socavado los cimientos de la monarquía surgida de la Constitución de 1978. Son muchas las cuestiones que se plantean ante este tema, pero lo que es evidente es que todo ello ha dilapidado el legado con el cual pretendía el monarca, ahora cuestionado, pasar a la historia de España.
Así las cosas, ha vuelto a plantearse en la sociedad española la viabilidad futura de la monarquía constitucional actualmente vigente y la necesidad de plantear la realización de un referéndum sobre el modelo de Estado idóneo para la España en las actuales circunstancias.
Resulta esencial partir de la idea de que la ciudadanía nunca ha tenido la opción democrática de elegir, entre varias posibles, la forma de Gobierno que desearía para España, bien fuera ésta en forma de monarquía o de república. Hay que recordar que la Constitución de 1978 incluyó la forma monárquica junto a los derechos y libertades en ella contemplados sin dar la opción republicana. Se dice que, siendo presidente del Gobierno Adolfo Suárez, éste se negó a convocar un referéndum sobre este tema por temor a perderlo y para evitarlo, se incluyó la forma monárquica en el artículo 1.3. del texto constitucional sin otra opción para el electorado que mayoritariamente ratificó la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, el cual, en palabras de Javier Pérez Royo, profesor de Derecho Constitucional, “fue un acto de liquidación de las Leyes Fundamentales franquistas, pero no de legitimación de la monarquía”. Por su parte, Juan Manuel Herreros, experto en Derecho Constitucional, incide en esta misma idea al señalar que “El pueblo no votó una monarquía parlamentaria, venía como forma de gobierno en la Constitución que se sometió a referéndum”.
Dicho esto, resulta lamentable la deriva que el PSOE, y sobre todo sus dirigentes, han evidenciado hacia el ideal republicano. Lejos quedan los tiempos del Congreso socialista en el exilio de Suresnes (octubre 1974) en los que se aspiraba a instaurar en España, una vez recuperadas las libertades democráticas, “una República Federal de las Nacionalidades del Estado Español”.
Lejos quedan también los debates habidos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas durante el proceso constituyente. Dicha Comisión Celebró 24 sesiones entre el 5 de mayo y el 20 de junio de 1978 y durante las mismas, el Grupo Parlamentario Socialistas del Congreso, por boca de su portavoz, el añorado Luis Gómez Llorente, presentó un voto particular al Anteproyecto constitucional “pidiendo directamente la supresión del apartado tercero del artículo 1 que establecía la monarquía”. También pidió que el Título III (“De la Corona”) del Anteproyecto fuese sustituido por el de “Del Jefe del Estado”, reformando todos los artículos para incluir ese término y el de “Presidente de la República”.
En la sesión del 5 de mayo, Gómez Llorente defendió en nombre del PSOE “la República como forma de Gobierno” porque “no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora”. Más adelante, en la sesión del 11 de mayo, defendió un voto particular al artículo 1.3 “por el que defendemos la República como forma de Gobierno”, razón por la cual “asumimos la obligación de replantear todas las instituciones básicas de nuestro sistema político sin excepción alguna” y, por lo tanto, también “la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado”.
Gómez Llorente era consciente de que, en aquel momento, no había una mayoría parlamentaria favorable a reinstaurar la República, pero, pese a ello, mantuvo su voto particular alegando que lo hacía “por honradez, por lealtad con nuestro electorado, por consecuencia con las ideas de nuestro partido, porque podemos y debemos proseguir una línea de conducta en verdad clara y consecuente”. No obstante, consciente de la correlación de fuerzas existente en las Cortes Constituyentes, Gómez Llorente dejó claro el compromiso del PSOE al afirmar que “nosotros aceptaremos como válido lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto. Acataremos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto que sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella” (DSCC nº 64, 11 mayo 1978). Así, cuando el 4 de julio en el Pleno del Congreso de los Diputados se votó el artículo 1.3 (“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”), el PSOE fiel a su ideal republicano, se abstuvo y tan sólo dos diputados, Heribert Barrera (ERC) y Francisco Letamendía (Euskadiko Ezquerra) se declararon republicanos y pidieron la celebración de un referéndum sobre la forma de Gobierno.
Por su parte, en el Senado fue Juan María Bandrés, entonces miembro del Grupo de Senadores Vascos, el que pidió la supresión del artículo 1.3 y la sustitución del término “rey” en la Constitución por el de “jefe del Estado” alegando, con toda razón, que no había existido “un pronunciamiento previo del electorado” sobre este punto (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 18 agosto 1978). Por su parte, el senador Lluís María Xirinacs reclamó una “República democrática y parlamentaria” de corte confederal ya que, en su opinión, este modelo “parece el más adoptado a la tradición histórica y a la actualidad social y cultural de los pueblos comprendidos en el actual Estado” (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 18 agosto 1978).
Aprobada la Constitución, y legitimada con ello la forma monárquica, Felipe González declaró que la monarquía y la democracia no eran incompatibles en España, lo cual, evidentemente, era cierto. Pero, como señalaban los historiadores Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada. Nación e identidad desde la Transición (2007), “la conversión monárquica del PSOE ha obligado a los socialistas a someterse a una amnesia voluntaria”, hasta el punto de que, como señalaban estos autores, el “accidentalismo” del PSOE llegó a su máxima expresión cuando Juan Fernando López Aguilar llegó a declarar que los históricos dirigentes socialistas como era el caso de Julián Besteiro, Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, “fueron los pioneros de la monarquía parlamentaria vigente”(!!!), afirmación ésta más que cuestionable.
Tal vez la actual situación de crisis sanitaria, con sus derivadas sociales y económicas, no sea el momento más idóneo para plantear un debate de tan profundo calado político pero lo que resulta evidente es que la democracia española tiene pendiente, como decía Juan Mari Bandrés, el que el electorado, la ciudadanía española, algún día, podamos decidir sobre el modelo de Estado que mayoritariamente preferimos, entre la Monarquía parlamentaria y un modelo alternativo republicano, y tal vez, de corte federal.