“La corrupción es criminal e inmoral”: así lo dijo el Secretario General de la ONU Antonio Guterres el pasado Día Internacional contra la Corrupción y “representa la máxima traición a la confianza pública”. Y durante las crisis y en particular durante la pandemia ha sido aún más perjudicial, cuando comerciantes sin escrúpulos han estado vendiendo productos deficientes o con costos escandalosos. Y Guterres concluye afirmando que la recuperación inclusiva del Covid-19 solo puede lograrse con integridad.
Con un mensaje tan claro y contundente he revisado las manifestaciones en nuestro entorno sobre la celebración el 9 de diciembre del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, comprobando que ese día -salvo excepciones- pasó sin pena ni gloria. Recuerdo que otros años en nuestra comunidad autónoma impulsé declaraciones, ruedas de prensa y videos para concienciar la sociedad. Pero este año se ha pasado sin hacer mucho ruido ¿será un respiro? Porque el video Civitas, que presentamos en la conmemoración de 2018 tuvo una gran aceptación, y de hecho nos lo pidió la Delegada de la ONU para la Lucha contra la Corrupción cuando se presentó en la conferencia que compartimos en Barcelona. Aunque en Murcia no sentó bien a ciertos sectores oficiales, ahora parece que toca pasar página.
Si observamos en otros niveles, Access-Info Europe y un centenar de organizaciones más han dirigido a Vera Jourová, vicepresidenta de la Unión Europea, y al comisario Breton, una carta exigiendo más transparencia en la estructura de las empresas, pidiendo que conste como mínimo de todas ellas una información que sea pública y esté siempre actualizada en virtud de la Directiva de Datos Abiertos: nombre del propietario, nacionalidad, mes y año de su nacimiento, código de identificación, nombre y país de residencia de los accionistas y situación de insolvencia si fuera el caso. Reino Unido y Dinamarca ya han establecido normas para hacerlo así, y la información de sus registros de empresas está disponible como datos abiertos.
Es importante recordar los siete objetivos esenciales para un marco de acción estratégica 2030 que Transparencia Internacional España ha recomendado: 1. Proteger los recursos públicos. 2.Promover medidas de integridad política e instituciones sólidas. 3. Impulsar la integridad en los negocios. 4. Buscar el cumplimiento efectivo de la ley y la justicia. 5. Ampliar el espacio cívico para la responsabilidad. 6. Construir una comunidad internacional de liderazgo contra la corrupción. 7. Detener los flujos de dinero ilícito. Siete pasos para caminar hacia una sociedad más justa, menos desigual y más integrada donde la democracia se fortalezca con la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
A falta de datos o de interés en nuestra Región, hay que resaltar el informe realizado por la Oficina Antifraude de Cataluña que ha dado cuenta de unos resultados desoladores en su detallado Barómetro 2020 sobre la percepción ciudadana de la corrupción, algunos de los cuales vamos a referir.
El 18,2% de personas consultadas había visto conductas impropias en su lugar de trabajo. Y llegaba al 22,9% la proporción de personas que referían casos de favoritismos a familiares, amigos, empresas. Otro problema que permanece es la costumbre de aceptar regalos, por no hablar del típico soborno, crudo y duro: se ha olvidado lo que dicen muchas normativas de transparencia respecto a los regalos a los altos cargos, incluyendo las entregas domiciliarias o en el trabajo de las cestas de navidad. Son admitidas como un uso y costumbre, pero se deben entender como una corrupción blanda. El turrón navideño, el jamón más un buen vino se disfruta durante todo el año para agilizar expedientes y subvenciones.
Y no digamos nada de lo detectado en las prácticas del sector sanitario y los saltos en las ya permanentes y cada vez más insalvables listas de espera: ¿quién no ayuda a un familiar, un amigo, un paciente... para que luego pase a la consulta privada? Sin olvidar lo detectado en el Barómetro ante lo que sucede cuando un político contrata a un amigo íntimo para un cargo de confianza: es aceptado por un 6,4% de los encuestados, y el 26,9 considera aceptable hacer trampa en el empadronamiento para elegir escuela en los colegios concertados. Esta claro que tenemos un problema y no pequeño sin resolver. Parece que las mafias de los poderes invisibles de la sociedad nos han inculcado la idea de que la corrupción es aceptable.
Por eso no extraña que la visión ciudadana de la política y de los políticos no sea la mejor, porque no se denuncian irregularidades que, por pequeñas que sean, deberían ser siempre un motivo de selección para los que están en puestos de responsabilidad. Hay que recordar siempre que la vicepresidenta del gobierno sueco, Mona Sahlin tuvo que dimitir -sin que nadie la acusara- porque descubrieron que pagó con una tarjeta oficial en un aeropuerto unas chocolatinas y unos pequeños recuerdos. No superó los treinta euros y aunque los reintegró tuvo que dejar el cargo: no se podía concebir que siguiera gobernando un presupuesto público quien no distinguía en lo pequeño. Y es así: éticamente no se puede recibir ni un bolígrafo si se es un cargo público. Es coherencia, porque viene a demostrar que el buen gobierno está precisamente en los pasos cotidianos, en las pequeñas acciones. Porque perseguir a quien se lo lleva crudo y roba a lo grande es cosa que queda en manos de Fiscalía y Policia, pero la ciudadanía debe ser sensibles y rechazar la corrupción en la vida cotidiana.
Hay otro dato del Barómetro que estamos glosando que me preocupa mucho, y es la cultura que estamos dejando en la juventud, porque los jóvenes de 18 a 29 años son los más tolerantes con las conductas corruptas. Y es más grave aún si lo sumamos a otro resultado: la desconfianza que sigue imperando en el personal al servicio de la Administración: un 78,6% considera que siguen existiendo muchos vínculos entre la política y los negocios. Por todo ello se explica que esté en descenso la percepción de transparencia de las instituciones, con un 59% de la ciudadanía creyéndolas poco o nada transparentes, y que un 74,9% de la población consultada opine que no se está haciendo nada por evitar la corrupción. La ciudadanía coincide con la percepción del Secretario General de la ONU.
Es el año de la Covid-19 y es posible que el virus nos haya afectado. Deseo que la vacuna nos devuelva la salud, pero lamentablemente no veo que se invierta en el saneamiento del sector público, para que se despoje del virus de la corrupción, que está dejando a la sociedad y a la Economía a las puertas de las UCI. Una vez que nos hayamos inyectado la vacuna, sería bueno que las instituciones que tienen encomendada por ley la lucha contra la corrupción, promovieran encuestas a la ciudadanía de nuestra Región, directas y esclarecedoras, para ir tomando medidas en un Plan Anticorrupción, que pasaría por cambiar la cultura actual por una más exigente en los principios de integridad y ética.
Para recuperarnos, dice la ONU, tenemos que estar unidos y con un fuerte apoyo en la Educación y en el Derecho a la información. Un mensaje final bien claro: No hay recuperación sin integridad.