“Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente”. Gabriel García Márquez se expresaba de esta manera sobre quienes desempeñan El mejor oficio del mundo.
Un trabajo que desde 2008 cerca de 13.000 personas han dejado de ejercer en España, en gran medida por los casi 300 medios que han desaparecido desde entonces. A día de hoy profesionales y ciudadanos padecen el duopolio televisivo, el triunvirato en los medios escritos; y el reinado absoluto en la radio por parte del grupo de comunicación más influyente en la política española desde la Transición. Pero a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) les preocupa sobre todo que el Ayuntamiento de la capital saque la web ‘Versión Original’ para protegerse de la inseguridad informativa. Aquélla que generan los partidos y medios que siempre han protegido ambas organizaciones, y que en este caso tienen como empeño derrocar al gobierno municipal antes de las elecciones generales.
La APM respondió ante tal iniciativa de forma contundente: “Puede crear un clima de animadversión hacia los medios y los periodistas”. Por su parte, Elsa González, presidenta de la FAPE, afirmó: "Iniciativas de este tipo de 'defenderse de las noticias falsas', como parece que han justificado, poseen un halo de censura. El papel del periodista es ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad y que garantiza a la ciudadanía el derecho a recibir información libre".
Tomando las palabras de González, ¿por qué entonces no saltan las alarmas de la Federación que preside ante la posibilidad de que PP y Ciudadanos cambien la Ley de creación del EPRTVM para asegurarse el control Telemadrid? Más de 800 profesionales de la televisión pública madrileña fueron despedidos por precisamente “ejercer ese contrapoder imprescindible en la sociedad”, defender sus derechos como trabajadores, y los nuestros como ciudadanos. Ni la APM, ni la FAPE se han volcado en la salvación del canal. Tampoco en defender a las víctimas de la mayor purga política realizada jamás en un medio audiovisual - sólo comparable con el cierre de Canal 9-.
Quienes presumiblemente aspiran a ser la voz de los periodistas en este país no mostraron preocupación cuando el ex director general de Telemadrid fue designado presidente de la Corporación de RTVE. Las razones del nombramiento las reveló el mismo José Antonio Sánchez en su visita al Congreso el pasado 23 de junio: “Yo voto al PP, y seguiré votando al PP”.
La FAPE y la APM conocen el último dictamen del Consejo de Informativos de TVE en el que se afirma: "La manipulación [en referencia a cómo se ha cubierto el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar que investiga un juzgado de Sevilla] ataca directamente a los principios constitucionales más básicos”. Pero no parece alterarles, ni merece la pena montar ninguna alharaca como la vivida la semana pasada en Madrid.
Pese a que en esta ciudad la periodista Alicia Armesto fue denunciada por publicar en Twitter la imagen de un agente de policía riéndose durante la ejecución de un desahucio; Jaime Alekos resultó detenido cuando cubría otro hecho similar para Periodismo Humano; y la streamer Susana Sanz fue golpeada impunemente por un miembro de las UIP durante las Marchas de la Dignidad en 2014. Tres hechos anteriores a la Ley que el PP considera de Seguridad Ciudadana, y el resto llamamos: Ley Mordaza. Vulneración de derechos fundamentales, a la que la FAPE y la APM responden con tibieza.
Tal vez todo resulte más sencillo y simplemente “las malas personas no pueden ser buenos periodistas”, como diría Ryszard Kapuscinski. Y menos: representar a los supervivientes del 'mejor oficio del mundo'.