La proposición de ley de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, presentada por PSOE y UP, puede convertirse en el aldabonazo para que todo el mundo recobre el sentido de la política que necesita España. Una política al margen del espectáculo malsonante y de la confrontación estridente al borde del abismo. Es cierto que ha sido un movimiento arriesgado. Pero es una acción que puede tener una doble salida para el desbloqueo del funcionamiento normal de las Instituciones Democráticas. Veamos:
Aunque ha desencadenado una avalancha de críticas, de dudas y de exageraciones más teatrales que otra cosa, todo el mundo sabe que el desbloqueo del nombramiento del gobierno de los jueces no puede aplazarse. Pero ante una iniciativa concreta y perentoria, todo el mundo intenta sacar partido. A algunas asociaciones de la magistratura -con la excusa de que se puede modificar la cualificación de la mayoría parlamentaria para la designación de los vocales que vienen de su ámbito- les gustaría jugar a un nombramiento directo de esos doce vocales. Clavo ardiendo al que se agarra, a última hora Pablo Casado para presentar una proposición de ley en ese sentido, y así tratar de blanquear su empecinamiento de bloqueo, que con mucha justeza Tomás de la Quadra ha denominado golpe institucional. Un tema que introduce en estos momento más confusión y obstaculiza aún más la búsqueda de soluciones, porque reabre algo que ya estaba pacificado con la LOPJ de 1985, y mantenida en su reforma de 2013.
Los medios de comunicación, ya malacostumbrados a retransmitir peleas y a repartir sal gruesa, tal vez hayan pensado que encontraban un filón en el que seguir escarbando: unos expresando dudas más o menos razonables, otros anunciando el apocalipsis, y todos creando un ambiente de aparente inestabilidad, en el que se ha llegado a inventar, incluso, una oposición de la propia Unión Europea al proyecto, cuando ninguna ha podido exhibir ni un solo comunicado oficial que lo manifieste.
Cuando se promueve una iniciativa parlamentaria razonada, se está expresando una clara voluntad, no sólo de superar el bloqueo actual, sino de poner las bases para que no vuelva a darse nunca más
Pero cuando se promueve una iniciativa parlamentaria razonada, se está expresando una clara voluntad, no sólo de superar el bloqueo actual, sino de poner las bases para que no vuelva a darse nunca más. Y la proposición de ley está sólidamente motivada, y queda literalmente amparada en el texto de la Constitución. Nuestros padres constituyentes señalaron claramente la necesaria mayoría de 3/5 para designar por parte de las Cámaras los ocho vocales que les incumben directamente, pero deja a la ley orgánica correspondiente la facultad de arbitrar el mecanismo para los doce vocales promovidos por la magistratura. Y lo que se está proponiendo es una modificación de la ley orgánica que dé viabilidad a las designaciones. Es cierto que arriesga mucho en imagen al pasar de la mayoría de 3/5 a la mayoría absoluta en caso de no contar con los 3/5. Pero de nada nos vale mantener una opción que sirva de coartada al principal partido de la oposición -o a cualquiera en el futuro- para incumplir arbitrariamente el mandato constitucional.
En ese sentido, quienes aceptando que estamos claramente ante un golpe institucional y un bloqueo grave e inadmisible, mantienen sus escrúpulos sobre la fórmula propuesta, deberían aportar alguna alternativa válida, o reconocer el estado de necesidad ante el que nos encontramos.
Hay que reseñar un dato que no se está teniendo en cuenta. Los candidatos para esos doce puestos afectados por la modificación de la mayoría necesaria no surgen directamente del ámbito parlamentario, sino que proceden de un primer filtro que garantiza que salen de una propuesta de la propia magistratura. Lo cual le resta arbitrariedad política.
En ese contexto sólo queda una duda, que bien podría despejarse con la adecuada enmienda en la tramitación de la ley: la de que la mayoría absoluta podría no garantizar la pluralidad de la decisión. Es decir. Un partido que gobernara con mayoría absoluta propia podría designar por sí mismo -aunque siempre desde la lista propuesta por la judicatura- a esos doce vocales. Bastaría con modificar el último párrafo propuesto para la modificación del actual artículo 572 de la LOPJ, añadiendo la condición de que esa mayoría absoluta esté respaldada al menos por tres grupos parlamentarios en cada una de las Cámaras. Esto salva la pluralidad y evita cualquier posición de dominio. Pero desbloquea la situación, y evita bloqueos futuros. Además, no olvidemos que queda la mayoría de los 3/5 que marca la Constitución para los ocho vocales de elección estrictamente parlamentaria.
En muchas interpretaciones -incluso de expertos de peso- se ha visto estos días una cierta confusión entre lo que es la potestad jurisdiccional de los jueces, que ha de ver garantizada su independencia y autonomía, con el gobierno de los jueces, cuya autonomía está garantizada tanto por la Constitución como por la LOPJ, cuya propuesta de modificación en absoluto la quebranta, por las razones que se expusieron anteriormente. Otra cosa es que se perfeccione su regulación en lo que toca a su situación de “en funciones”, como ocurre con los otros dos poderes del Estado.
La otra posible buena consecuencia de la iniciativa político-legislativa adoptada podría ser que, ante la inminencia de la modificación propuesta, el grupo del PP reconsiderara su posición de bloqueo y se viera movido a intervenir en la negociación, para neutralizar la iniciativa lanzada. Y que pusiera como condición para negociar que se mantuviera la LOPJ tal y como está. Opción a la que el secretario general del PSOE ha dicho públicamente que está abierto.
Lo que no es de recibo es que el presidente del PP confunda el control al Gobierno -que es uno de los papeles de la oposición- con obstrucción de la acción de gobierno y, lo que es peor, de la viabilidad y funcionamiento de las Instituciones del Estado.
Y sería de desear que la resolución de este caso, de una forma u otra -aunque sería deseable que se hiciera con el mayor consenso posible-, favoreciera el funcionamiento de nuestra Democracia, y contribuyera a abordar la tarea ardua que tenemos ante nosotros, no solamente por la pandemia que aún nos asola, sino por la reconstrucción económica y social que nuestro país necesita. Y por la recuperación de la serenidad y convivencia políticas. Abandonando el circo parlamentario -fieras incluidas- para pasar a la acción política y los debates parlamentarios argumentados y constructivos. Porque en los últimos tiempos se ha olvidado que cada acción de la oposición es como un conato de moción de censura, de la que nuestra Constitución dice que tiene que ser constructiva.