viernes 27/11/20

Nada es gratuito, ni fortuito

Carmen Rodríguez Medel
Carmen Rodríguez Medel

Con el mero archivo de una causa no se puede zanjar un problema como el generado por la jueza Rodríguez Medel en la supuesta causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por “autorizar” la manifestación del 8 de marzo.

Puede entenderse que las intenciones de un ciudadano tan poco honorable como el que presentó la denuncia fueran iniciar una campaña de marketing para tratar de sumar clientes a una reclamación de daños, que desde el principio quedó claro que era imposible. Pero no se entienden muchas otras cosas del “caso Rodríguez Medel”.

No se entiende que de una denuncia dirigida contra el presidente del Gobierno y contra otros 16 delegados del Gobierno, la “potestad jurisdiccional” de la jueza Rodríguez Medel decidiera -independientemente de que pudiese- de modo bastante arbitrario rechazar las restantes denuncias y quedarse sólo con la del delegado de Gobierno de Madrid. Porque, o todas las inaceptadas tenían la misma presunción de delito, con lo cual habría cometido una prevaricación, dejándoles escaparse vivos, o ninguna la tenía, por lo cual la prevaricación sería la de abrir causa contra el delegado de Gobierno en Madrid.

No se entiende que no consultara el caso a la fiscalía antes de aceptarlo a trámite.

No se entiende que haya pretendido montar un caso con un supuesto informe que además de pueril y rudimentario está plagado de embustes, recortes de determinada prensa, y alguna que otra falsificación de declaraciones de testigos. Sin poder tampoco entenderse que se utilice como base de una instrucción cuando los testigos cuyo testimonio no se ha falseado coinciden en negar lo que el “informe” afirma.

No se entiende que -una vez filtrado el “informe”, la jueza no ordene una investigación para buscar responsabilidades por la filtración. Ya que ésta sólo se ha podido producir o en su propio juzgado o por parte de los firmantes del informe. Y que, sin embargo, se haya lanzado a advertir al ministerio del Interior que no puede interferir en la investigación de quienes -nombrados por ella- se han convertido en policía judicial en funciones. Sin que se pueda entender tal escrito, cuando en el mismo reconoce que no ha habido interferencias por parte del ministerio del Interior. ¿Y entonces, para qué lo escribe, en lugar de tomar medidas contra la filtración?

No se entiende que la juez -descartada la responsabilidad por daños, que no se sostenía para haber admitido la denuncia- no haya caído en ningún momento en la cuenta de que en España, afortunadamente, no hay que pedir permiso para manifestarse, sino comunicarlo con el tiempo adecuado a la Delegación o subdelegación del Gobierno. Y que para prohibir tal manifestación tiene que existir la reclamación de alguna autoridad que la exija por razones graves de orden público o alteración de la vida ciudadana. Reclamación y exigencia que no se produjo en ningún caso.

No se entiende que la juez no haya atendido la petición de archivo pedida por la fiscalía, que ha tenido que recurrir posteriormente ante la Audiencia Provincial.

Y se entiende menos que, de repente, la propia juez archive la causa, no sin haber sometido al delegado del Gobierno al “paseíllo” de los investigados.

No se entiende nada, o quizá se entiendan demasiadas cosas, que parecen estar escritas entre líneas, a pesar de que parecen secretos a voces.

No es casual que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, destituyera a Pérez de los Cobos. Y que -como un acto reflejo- la jueza enviara precipitadamente aquel escrito a Interior “para que no se interfiriera”. No es casual que en la cúpula de la Guardia Civil haya habido “movidas” por la destitución, con dimisiones teatrales e interesadas. Todo lo cual hace que no sea casual que el ministro anunciara que había que realizar reformas en la cúpula de la Guardia Civil.

Hay muchas formas de intentar una involución, aunque cuando hay armas por medio queda más evidente. Naturalmente nadie va a jugar a la “tejerada” del “se sienten coño”. Pero también antes de aquel improvisado o apresurado “se sienten coño” hubo ensayos e intentonas entre bambalinas, con reparto de papeles y en aquel caso eficaces consecuencias.

Pero nada es gratuito ni fortuito. Nunca. Y esperemos que cualquier tentación haya pasado, después de un inicio de escenificación tan desastroso. Aunque el Consejo General del poder Judicial (ese que se debería haber cambiado ya, pero que el PP no ha querido -esperemos que no sea para “tenerlo de mano”-) abra una investigación sobre esa instrucción estrambótica y fallida.

Nada es gratuito, ni fortuito