La Justicia en el limbo constitucional, y el PP pisando, ya por fuera, los límites de la Constitución. Es chocante considerar los meses que lleva Pablo Casado predicando el “constitucionalismo”, sin darse cuenta de que está cumpliendo el viejo refrán castellano de “una cosa es predicar y otra dar trigo”. Porque Casado, y por tanto el PP, se está situando fuera de la Constitución en algunas cosas que ésta ampara, y en alguna otra que la Constitución mandata.
Por ejemplo: cuando Casado, y los dirigentes del PP, se empeñan en no reconocer a partidos políticos que están dentro del marco constitucional, lo único que están haciendo es quedarse fuera de la Constitución. Y ellos lo saben. Porque si tuvieran el más mínimo argumento de peso para demostrar que esos partidos no son constitucionales, hace tiempo habrían presentado recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Algo que ni han hecho, ni hacen, ni harán, porque saben que estaría fuera de lugar. Es decir: porque saben que su propaganda es inconsistente.
Es más que penoso ver a nuestra Justicia en el limbo y al principal partido de la oposición negándose arbitraria y caprichosamente a cumplir la Constitución
La última excusa que ha dado Casado para negarse a cumplir el mandato de la Constitución sobre el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial está viciada de origen, porque su negativa la basa en la presencia en el Gobierno de un partido que ellos tienen en su lista negra, pero que son incapaces de demostrar que es inconstitucional. Un pretexto inconsistente que de hecho coloca al PP en una situación de rebeldía ante la Constitución. “No me da la gana de cumplir la Constitución, porque en la coalición de gobierno hay un partido que -sin poder demostrarlo- yo sostengo que no es constitucional”. Sí: rebeldía, porque sin motivo serio y fundado se niega a cumplirla, cuando pretende que sea papel mojado el articulo 122.3 de la Constitución que dice taxativamente:
“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
Como consecuencia de esa rebeldía tenemos un Consejo General del Poder Judicial que lleva dos años “en funciones”, nombrando magistrados del Tribunal Supremo y otros tribunales, que imagino que han de sentirse un poco en precario, si nos atenemos a lo que hace un año el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo afirmaba: “constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces. Por ello, conviene recordar que todos los poderes públicos tienen la obligación de preservar las instituciones como base de nuestra convivencia en paz y libertad, velando por su constante legitimidad”. Obligación que de hecho el PP de Casado está boicoteando, tanto más gravemente cuanto que no aporta ni un solo argumento válido para tal incumplimiento.
Pero, como no hay nada que se produzca sin una causa real o sin un objetivo o pretensión, nos cabe preguntarnos por qué pretende que se mantenga el deterioro o descrédito (Carlos Lesmes fue taxativo) del órgano de gobierno de los jueces. Y por muchas vueltas que le damos, sólo se nos ocurre algo que pudiera hacer perversamente congruente tal posición: los propios intereses judiciales y procesales del PP. Y la clave nos la da el conocido tuit de Cosidó cuando en un fallido acuerdo posterior podría quedar Marchena como presidente del Supremo. Ese PP de un pasado muy cercano que Pablo Casado dice que “era otro PP” tiene pendientes procedimientos (tanto en fase de proceso como de instrucción) que implican a antiguos, aunque recientes, dirigentes de su partido. Y como todos somos humanos, al PP le interesa que en el Tribunal Supremo todo siga como está, o que si se producen los nombramientos de los tres magistrados de lo penal que hay que renovar, lo haga -como parece que Lesmes va a hacer- el actual CGPJ.
Casado quiere arriesgar lo menos posible, aunque sabe que cuando menos su partido se va a dejar en esos procesos “los pelos en la gatera”. Pero él quiere pasar por la gatera a toda costa. Aunque sea a costa de pasarse la Constitución por el arco del triunfo.
En todo caso es más que penoso ver a nuestra Justicia en el limbo, y al principal partido de la oposición negándose arbitraria y caprichosamente a cumplir la Constitución.