La máxima dignidad humana se alcanza en la lucha por la Justicia, por la Libertad y en la expresión de la Solidaridad. Actos insurreccionales donde los haya. Aunque jamás fui partidario de los Escolásticos, admiro la libertad de pensamiento de aquellos jesuitas, Francisco Suarez y Juan de Mariana, que ya en el siglo XVI preconizaban que la Soberanía reside en el Pueblo, y se atrevían incluso a defender el tiranicidio, siempre –eso sí- “motivado y razonado”.
Pero la insurrección, como todo lo que pretende ser decente, tiene que apoyarse en una imprescindible Legitimidad. La Historia está llena de legítimas insurrecciones, que se rebelan contra leyes injustas, sistemas impuestos por la fuerza, ocupaciones de países, y regímenes corruptos. Las dos últimas insurrecciones legítimas vividas en España han sido la de nuestra Transición a la Democracia, y la de la proclamación de la República. En ambas hubo un cambio trascendental de Régimen político. En las dos hubo una expresión democrática ampliamente mayoritaria. Y siempre la rebelión fue motivada y razonada.
En ambas comparecencias históricas, Cataluña participó unida al conjunto de España, y su aportación fue decisiva. Macià proclamó en 1931 la República Catalana, pero jamás “desconectando” del conjunto del Estado: República Catalana dentro de la Federación de Pueblos Ibéricos, o Estado Catalán dentro de la República Federal Española. En negociación inmediata con el Gobierno de la República, se acordó crear la Generalitat de Cataluña dentro de la República Española, con su Estatuto de Autonomía. En octubre de 1934, en el contexto insurreccional frente a los intentos regresivos de la CEDA y de Lerroux, Companys proclamó el “Estat Catalá de la República Federal Espanyola”, y propone Barcelona como sede de un Gobierno Provisional de la República. Macià y Companys condujeron sus pretensiones dentro de un intento de legalidad y de legitimidad, y frente a la rebelión franquista de 1936 Companys gobernó desde la legalidad de la República. Cataluña fue uno de los últimos bastiones en la defensa de la República Española. Dicho sea frente a interpretaciones “historicistas” que vienen a falsear la realidad.
Dos millones de catalanes manifestando en las urnas y en la calle su voluntad de independencia merecen un respeto del resto de españoles y del resto de catalanes. Y más de dos millones de catalanes manifestando en las urnas su voluntad de no independencia tienen que ser respetados por los parlamentarios elegidos en las urnas. Los parlamentarios catalanes están obligados a buscar un camino de legitimidad entre las diferentes posiciones de sus ciudadanos, y a garantizar la convivencia en Cataluña. El 47% de voto con el que obtienen su mayoría parlamentaria no legitima a los secesionistas para una declaración unilateral de independencia. Y la presidenta del Parlament se deslegitima cuando desequilibra su posición institucional y optan por la vía insurreccional llamando a desobedecer la legalidad constitucional en virtud de la cual ha sido elegida.
La insurrección de diseño que pretenden CDC, ERC, ANC y la CUP carece de legitimidad porque se produce contra un Estado Democrático que no resiste una rigurosa comparación con el Estado monárquico de 1931 ni con el Estado procedente de la dictadura en 1975. Las instituciones de nuestro Estado son sólidas y democrática, no existe abuso de poder, y donde hay extralimitaciones se dan mecanismos institucionales para corregirlas, con el funcionamiento de las estructuras parlamentarias, con el ejercicio de la Justicia, o con el arbitraje soberano de las elecciones democráticas.
En ese contexto, la insurrección de 72 parlamentarios catalanes muestra un peligroso nivel de irresponsabilidad y una falta absoluta de realismo. Irresponsabilidad al generar una brecha dramática, con voluntad de hacerla irreversible, en la Sociedad catalana. Y por haber movilizado a un gran número de personas para conducirlo al despeñadero de quedar fuera de la ley como única alternativa. Falta de realismo, porque ellos mismos saben que no tienen poder coercitivo para llevar a la práctica lo que prometen. Imaginemos que en unos meses elaboraran y pusieran en marcha una ley para promover una Agencia Tributaria catalana. ¿Quién va a liquidar con esa Agencia sus impuestos, mientras los reclame a la vez la Agencia Tributaria estatal, con todo su poder para exigirlos, bloquear cuentas bancarias y generar embargos? ¿Y qué poder moral tendrán para hacer cumplir sus leyes quienes están promoviendo un pretendido apagón legal, arbitrario y sin fundamento?
Pero que el Estado sea legal y plenamente legítimo no indica que el terco inmovilismo de Rajoy no sea dañino para la convivencia. Su interesada posición de recaudar votos en el resto de España a costa de ese problema le resta legitimidad, y lesiona la eficacia del Estado. La última provocación de Montoro acentúa la brecha y devalúa la acción de gobierno, con una merma de su legitimidad.
Hay que restituir la legitimidad por todas las partes, sacando el problema de la relación entre Cataluña y el Estado de la ruptura en la que Mas y Rajoy (y sus respectivos adláteres) lo han situado. Generando un espacio sosegado de diálogo, debate y alternativas, dirigido a la búsqueda del bien común y a crear un marco de convivencia en el que los agravios mutuos queden superados por una forma de Estado abierta, eficaz y generosa, en la que se destierre por todas las partes el miedo a la Libertad, y en la que sobre los sentimientos de rencor, agravio, desquite y egoísmo, se imponga la racionalidad.
A Mas le fracasó el sesgo plebiscitario de las elecciones del 27S. Hagamos que a Rajoy le fracase también la solapada intención plebiscitaria sobre el tema catalán, que quiere imprimir a las elecciones del 20D. E iniciemos en paz el camino hacia un Estado Federal libre, creativo y plural.