Mariano Rajoy siempre tuvo un extraño sentido de la cantidad. Esta característica la mantiene tesoneramente. Lo del Prestige lo despachó con parsimonia afirmando que sólo eran «unos hilillos»; en su única entrevista a la televisión norteamericana vino a cecir, poco más o menos, que la corrupción en España era una cosa irrelevante; ahora en Murcia se descuelga, contumaz, en que dicha corrupción es algo de cuatro y el cabo. Paréntesis: mientras lo afirmaba, la Guardiacivil (que ya no es, lorquianamente hablando, caminera) se aprestaba a detener al que fuera número dos de la señora condesa consorte de Bornos, la desparpajada Esperanza Aguirre. Así pues, el chocante sentido de la proporción del monclovita, que desprecia las convenciones de las Matemáticas más elementales, debió incluso sorprender a sus parciales en Murcia, sabedores en su fuero interno que su organización es una almáciga de podredumbre.
Si Rajoy tuviera razón, ¿a santo de qué proponen un pacto contra la corrupción? Digámoslo con claridad: lo que se pretende con dicho pacto no es otra cosa que un borrón y cuenta nueva; o, como dejó cantado Pepe Marchena: que la mancha de la mora con otra verde se quita.
Soy del parecer que quienes han estado implicados en la corrupción –o la han amparado, callado o relativizado, o todo ello a la vez-- están deslegitimados para proceder a un pacto contra la corrupción, digno de ese nombre. Sólo podrían tener una aproximada autoridad si: 1) sacaran a la luz todas sus vergüenzas, 2) cuantificaran el expolio cometido, 3) publicaran los nombres de los corruptos y los expulsaran de la vida pública; y 4) pidieran perdón por el atraco a mano armada. Disculpen ustedes si me dejo otras condiciones.
Por otra parte, ¿tiene sentido un pacto contra la corrupción sin un proyecto serio de regeneración democrática, cuyas variables fueran compatibles entre sí? ¿Y quién sería el sastre que enhebraría todos los retales de la regeneración democrática? Absténganse las diversas almácigas.