Un auténtico problema que puede amenazar seriamente a la actual democracia española. De momento que no nos engañen. Lo que hacen no es democrático
Los debates sobre secesión en todos los lugares donde han tenido lugar en la historia han venido acompañados de fuertes componentes emocionales y de actitudes radicales de reivindicación democrática de base.
En Cataluña, los independentistas extremos sostienen que nadie ni nada puede negar o condicionar su “derecho a decidir” cualquier cosa, sin cortapisas ni limitaciones; y que no importa lo que pueda ocurrir, ya que Cataluña es una realidad pre-existente y superior a cualquier otra.
Cuando se plantean así las cosas, es evidente que resulta difícil el diálogo, la negociación y el acuerdo, en la medida que aquellos que adoptan tales posiciones no se sitúan en el terreno de la política, sino de las esencias, y de los elementos incuestionables. Por ello, cabe preguntarse si los planteamientos independentistas radicales de esta naturaleza son verdaderamente democráticos, como se intenta hacernos creer.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que en una verdadera democracia no se puede votar sobre cualquier cosa y de cualquier manera, ya que los derechos de todo ciudadano y de una determinada parte de la sociedad están limitados y condicionados por los derechos de los demás. Este principio situacional de la democracia se ve más reforzado en las sociedades de nuestro tiempo debido a la intensificación notable de las interdependencias. Lo cual hace un tanto absurdo que sea necesario recordar tales obviedades.
En segundo lugar, los límites al pretendido derecho a decidir vienen derivados de la lógica elemental de la funcionalidad democrática. Por ejemplo, los ciudadanos de las zonas o barrios más adinerados de un país no pueden decidir por sí solos si ellos pagan más o menos impuestos –o cómo los pagan─ si unos determinados partidos de corte social tienen mayoría en el Parlamento y, como expresión de la voluntad popular mayoritaria, deciden establecer ciertos impuestos para atender –proporcionalmente a las capacidades de cada cual─ los gastos sociales necesarios.
El hecho de que las tensiones fiscales restrictivas estén haciendo acto de presencia en diversos países y regiones no puede entenderse, por lo tanto, como una expresión genuina de democracia (compartimentalizada), sino como una degeneración sesgada de la idea de democracia, que en el fondo tiende a cuestionar el criterio de soberanía popular.
En tercer lugar, en cualquier democracia bien fundada la capacidad de decisión de cada uno de nosotros no puede implicar arrastrar forzosamente a nuestros vecinos y conciudadanos a decisiones que ellos no quieren tomar, o cuyas consecuencias no están dispuestos a asumir, o sufrir. Por ello, en asuntos especialmente importantes en los países serios se requieren mayorías cualificadas para adoptar determinadas decisiones. En algunos casos, sumamente cualificadas.
Pero, los independentistas extremos catalanes no parecen entender que ellos –aunque alcancen mayorías relativas─ no pueden tomar decisiones que afectarán muy poderosamente a todos los que viven en los mismos territorios, cuyo estatuto jurídico, cuya pertenencia, cuyos derechos y obligaciones y cuyas perspectivas de futuro nadie puede decidir por ellos.
Es decir, para cambiar en cuestiones tan sustantivas como las que están implícitas en una secesión resulta imprescindible que exista un grado de consenso muy alto entre todos aquellos que se verían concernidos por una decisión de tanto alcance práctico. Y ello siempre que una decisión de esta naturaleza sea factible tanto en términos jurídico-políticos como prácticos. Esto y no otra cosa sería lo democrático y, desde luego, nunca lo sería que unos pocos quieran decidir por muchos. Incluidos los que no votan. Y además sin proporcionar informaciones veraces sobre el alcance y las consecuencias de lo que se quiere votar.
Sin embargo, la historia está plagada de ejemplos de minorías iluminadas que se han creído investidas de unos poderes superiores –calificados o no como “democráticos”─ para arrastrar a sus pueblos al desastre. A veces a desastres muy considerables.
Por eso resultan inquietantes ciertos ejemplos que se están viendo en Cataluña de comportamientos que tienen muy poco de democráticos y dialogantes. Empezando por los sesgos, falsificaciones y engaños que se están produciendo en la propagación del proyecto secesionista, desde sus mismas bases económicas, en las que se ocultan las “cuentas” de la cuestión y se sustituyen por los más disparatados “cuentos”, como han demostrado concluyentemente Josep Borrell y Joan Llorach en su último libro sobre esta cuestión (Las cuentas y los cuentos de la Independencia, Editorial La Catarata). Es decir, lo que algunos están ocultando a la población de Cataluña es que la secesión no solo no tiene fundamentos económicos, sino que sería un desastre mayúsculo, que colocaría a Cataluña en una situación peor que la de Grecia. Además, sin salida posible si se queda también automáticamente fuera del euro. ¿Es democrática tamaña ocultación y engaño?
También resultan inquietantes los comportamientos no democráticos de los secesionistas, incluso en el ámbito de sus propios partidos y coaliciones. Los más extremistas de Convergencia, por ejemplo, han impuesto a los demás sus criterios y sus arriesgadas apuestas por la vía de los hechos, sin atenerse a las buenas prácticas democráticas. Los independentistas de Unió Democrática, por su parte, no han aceptado los resultados del referéndum interno que hizo este partido de larga trayectoria democrática para fijar su posición, y se cambiaron inmediatamente de bando después de perder el referéndum. ¡Menudos demócratas! Y lo mismo puede decirse de los secesionistas del PSC, que tampoco han aceptado los resultados y criterios mayoritarios que se han adoptado en sus Congresos y Asambleas estatutarias por votación. ¡Menudos ejemplos de respeto a las normas y las formas de democracia! Por no hablar de la falta de respeto a los acuerdos y pactos establecidos anteriormente.
Todas estas prácticas y comportamientos, en el fondo y en la forma, nos retrotraen a lo que siempre ha sido –y es─ el comportamiento habitual de los nacionalismos extremos, para los que lo esencial siempre ha sido el hecho nacional y no las formas democráticas. Formas que suelen ser vulneradas por los nacionalistas radicales sin ningún recato, por entender que su fin –la independencia o la prevalencia de su patria─ justifica cualquier medio. De ahí la falta de respeto a las leyes, las Constituciones, los pactos, los procesos internos de democracia en los partidos, las opiniones y derechos de las minorías, etc. Esa es una de las causas de que los secesionistas en la historia siempre hayan propiciado situaciones políticas y conflictos muy complicados y enconados. Y, en ocasiones, guerras especialmente sangrientas. Entre otras la Guerra de Secesión de los Estados Unidos de América.
Estamos, pues, ante un asunto sumamente peligroso, que no se encuentra bien planteado en términos políticos, ni jurídicos, ni mucho menos democráticos, con algunos líderes totalmente radicalizados, fanatizados y poco dados al ejercicio de la responsabilidad y a la posibilidad de llegar a pactos y acuerdos.
La manera en la que han reaccionado los cabecillas de la secesión catalana ante las reflexiones constructivas del artículo de Felipe González es un exponente bastante ilustrativo sobre su grado de radicalización y sobre su negativa a atenerse a cualquier tipo de razones.
En muchos aspectos, la impresión que se tiene es que la decisión ya está tomada y que para ellos las elecciones convocadas a finales de septiembre son un simple paripé, al modo de los plebiscitos a los que son tan aficionados los autócratas de toda laya.
Para los científicos sociales y los psicólogos que han estudiado la lógica de la personalidad autocrática, muchos de los rasgos y comportamientos de los cabecillas de la secesión catalana están reflejados en los libros e informes que se han escrito sobre esta cuestión: las reacciones extremas y agresivas frente a los que argumentan en su contra; la reducción de los actores políticos a dos categorías: los que están con ellos y los que están contra ellos (que son degradados a la categoría de enemigos y traidores); la manera indirecta (calumniadora y deslegitimadora) de negar y/o responder a los argumentos que no les gustan (como los de Felipe González); su afán territorial expansivo (hacia los calificados como “países catalanes”, en este caso); el silenciamiento, y hostigamiento, de las disidencias internas y la negación –en la práctica─ de derechos a estos; la compartimentalización de los “derechos a decidir” (¿aceptarían que los ciudadanos de Tarragona, por ejemplo, o los residentes de Barcelona y/u otros municipios decidieran, a su vez, segregarse de ellos y optar por seguir vinculados a España y a la Unión Europea?); la psicosis machacona de considerarse en posesión de la verdad, etc.
En fin, un auténtico problema que puede amenazar seriamente a la actual democracia española. De momento que no nos engañen. Lo que hacen no es democrático.