Más allá de tacticismos de corto alcance, en estos momentos la política de pactos tiene que atender tres grandes necesidades de interés general que requieren un esfuerzo por parte de todos. No solo por razones de generosidad, sino básicamente por inteligencia política.
Cuando apenas se tiene el 20% de los votos y se suscitan importantes rechazos en más del 65% de la población, lo que algunos líderes políticos tendrían que preguntarse es: ¿cómo pueden contribuir efectivamente a la realización práctica de aquel tipo de políticas que han prometido a sus votantes que van a defender y priorizar?
La primera necesidad es acometer una reforma de la Constitución que permita atajar las disfuncionalidades y desfases que se han ido produciendo con el paso del tiempo y que están amenazando su credibilidad y aceptación ciudadana.
Es obvio que, con la distribución de fuerzas que existe en el Parlamento español, nadie puede pretender que se haga una reforma de la Constitución a la medida exclusiva de sus gustos y preferencias. Por lo tanto, las reformas tienen que contar, al menos, con el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, entre otras razones por estrictos requisitos legales. Y si es más, mucho mejor.
Consecuentemente, es necesario que en la reforma de la Constitución se cuente tanto con fuerzas políticas del espectro conservador como del progresista, así como con el concurso de aquellos partidos nacionalistas que no estén por una ruptura apriorística.
Poner de acuerdo a sectores tan distintos no va a resultar fácil en las circunstancias actuales. Pero, tampoco fue fácil en 1978 y entonces las condiciones eran también muy problemáticas y difíciles. Y se logró.
Quienes piensen que la Constitución española de 1978 se puede modificar “por las bravas” y sin contar con fuerzas políticas distintas, demuestran que no saben matemáticas (electorales) –o las desprecian─ y que no se han enterado de lo que supone una democracia parlamentaria.
En definitiva, el compromiso de una reforma constitucional consensuada ha de ser el frontispicio de cualquier consenso programático que pueda plantearse en serio. Sin que ello condicione –lógicamente─ los contenidos sustantivos del pacto específico de gobierno que se formule.
A un segundo nivel, se sitúan las políticas de gobierno. Entre ellas, la que va a requerir un mayor esfuerzo para atinar con lo que se necesita en España es la política económica. En este sentido, tanto en España como en Bruselas, se precisan nuevas orientaciones que propicien una mayor capacidad de crecimiento, con menos desempleo, y mayor equidad distributiva. Los ejemplos de otros países del orbe occidental demuestran que en Europa hay que cambiar la orientación de las políticas económicas y hacerlo sin dilación.
La existencia de un gobierno progresista en España ─esté o no esté más o menos inclinado hacia la izquierda─ podría ayudar al cambio de las políticas económicas europeas. Pero, al margen de estas inflexiones europeas, también habría que intentar hacer algo parecido a lo que en su día fueron los “Pactos de la Moncloa”, buscando compromisos razonables con los agentes económicos y sociales, que nos permitan salir de una situación crítica e inmanejable a medio plazo, con unas tasas de desempleo (unidas al descenso de la población activa) y de precarización laboral que son insostenibles durante más tiempo y que están influyendo en la polarización de la vida social y política.
Una de las cuestiones clave en los pactos de gobierno en el plano económico es encontrar –o coincidir─ en figuras que puedan desempeñar un papel similar al que en su día desempeñaron el profesor Fuentes Quintana y Adolfo Suárez en los “Pactos de la Moncloa”. Es decir, en lo económico necesitamos una figura con autoridad académica y científica, que sea respetada y escuchada por todos, con conocimientos prácticos de los problemas y dilemas económicos y con una cierta imagen de transversalidad y capacidad para asumir y hacer valer los intereses generales. Es evidente que en la sociedad española tenemos figuras de este tipo en torno a las que se pueden generar consensos, por lo que debe confiarse en que los negociadores y el futuro Presidente de Gobierno, una vez que se hayan perfilado los contenidos específicos del programa de gobierno común, sepan acertar en la elección, dotando a los gestores de los apoyos políticos necesarios para su labor ulterior.
En tercer lugar, en un plano más concreto, un programa de consenso en estos momentos tiene que asentarse en las necesidades y demandas que han manifestado la mayoría de los españoles en las urnas, en un amplio campo que va desde el centro hasta la izquierda, con un mayor acento en los espacios particulares del centro-izquierda. Esto es lo que responde realmente a la voluntad de las urnas, más allá de ensoñaciones particulares alejadas de las matemáticas electorales.
Precisamente, en torno a esos espacios de centro-izquierda es donde tendrían que situarse los posibles equilibrios del gobierno de consenso por parte de aquellos líderes y partidos que aspiran a un cambio de Presidente (Rajoy) y de sus políticas. Todo lo que no sea asumir esta realidad electoral y política es desconocer lo que se votó el 20 de diciembre, e ignorar en qué contexto específico se sitúa la economía y la sociedad española, con sus apoyos y sus rechazos políticos.
A partir de tales coordenadas, cada uno de los partidos dispuestos a apoyar el cambio tendrá que ver en qué medida puede contribuir a la implantación práctica de medidas e iniciativas orientadas a desterrar la corrupción de la vida política, a aprobar leyes que sitúen la educación y la investigación (de manera estable y racional) en el frontispicio de un proyecto de futuro que nos permita recuperar el dinamismo perdido, sin olvidar las medidas orientadas a alcanzar los niveles de equidad y justicia social sin los cuales cualquier gobierno queda condenado a la impopularidad y el fracaso. Especial atención habrá que prestar en este sentido al desarrollo de una legislación laboral que ponga coto a la deriva precarizadora de las relaciones laborales, con todos sus efectos erosivos para el consumo y el mismo clima laboral de las empresas.
Los grandes retos que ha formulado Pedro Sánchez en los últimos días y el borrador de programa de consenso que se ha presentado responden netamente a tales necesidades. Necesidades que persistirán por mucho que las elecciones se repitan una o mil veces, con unas correlaciones electorales que serán muy similares a las actuales. Por lo tanto, el momento para plantear la viabilidad práctica de tales políticas es ahora y no dentro de varios meses.
Otra cosa es que pueda darse una cierta estratificación en el grado de apoyo a –e implicación en─ tales políticas. Para garantizar las medidas de regeneración política y de modernización económica e institucional, la colaboración deCiudadanos y de otros partidos de centro resulta imprescindible; al igual que para acometer cualquier reforma viable de la Constitución también se necesitará el concurso del PP. ¿Tan difícil es que entiendan tal obviedad los representantes y diputados de Podemos?
De igual manera, el compromiso de Podemos puede ser importante para poner en marcha las políticas sociales que muchos de nuestros conciudadanos necesitan perentoriamente. ¿Serán capaces los diputados de Podemos de sacrificar –y postergar─ el desarrollo práctico de tales políticas sociales en aras de otros criterios tácticos que muchos no son capaces de entender? ¿Qué es más importante para ellos? ¿Ocupar unos sillones para intentar realizar no se sabe muy bien qué cosas, o intentar garantizar una nueva legislación laboral y social que asegure mejor protección y derechos para los trabajadores? ¿Sacrificarán las políticas de lucha contra las desigualdades sociales –sobre todo, las que afectan a los jóvenes y los niños─, así como unas leyes educativas equilibradas y estables que podrían garantizar también derechos y oportunidades, etc.? ¡Es tanto lo que se podría hacer en España en estos momentos si las iniciativas sociales planteadas tuvieran suficiente respaldo en el Parlamento! ¿Cómo entenderían los electores de Podemos la negativa apriorística a intentar llegar a acuerdos razonables y garantizados, cuando este partido por sí solo no tiene respaldo suficiente como para llevar a cabo otro tipo de iniciativas?
En principio, la razón hace pensar que al final podrá imponerse el sentido común y la capacidad para consensuar y transar. Al menos habrá que intentarlo, sin aceptar resignadamente los portazos apriorísticos que no se sabe muy bien qué pueden implicar, ni si responden a tacticismos de corto alcance que quizás no sean compartidos por todos los diputados que hasta ahora se presumía que formaban parte del bloque electoral de Podemos. De momento, algunos ya han empezado a descolgarse y a priorizar lo más importante y sustantivo.
En definitiva, cuando apenas se tiene el 20% de los votos y se suscitan importantes rechazos en más del 65% de la población, lo que algunos líderes políticos tendrían que preguntarse es: ¿cómo pueden contribuir efectivamente a la realización práctica de aquel tipo de políticas que han prometido a sus votantes que van a defender y priorizar?