Desde hace tiempo sabemos que las encuestas preelectorales son entendidas por algunos como armas primordiales de la competencia política.
El hecho de que esté aumentando el número de ciudadanos indecisos, que no saben a quién votar y que no lo deciden hasta los últimos momentos, ha reforzado la capacidad de influencia de las encuestas, sobre todo para delimitar cuáles son los partidos que tienen más oportunidades de concitar apoyos. Y, por lo tanto, para influir en el “voto útil”.
También sabemos desde hace tiempo que los poderes políticos y comunicacionales tienden a hacer esfuerzos importantes para influir en el curso de la vida política, y que, lamentablemente, es bastante habitual que en los medios se mezcle información con opinión. Por lo tanto, las informaciones políticas cotidianas cada vez tienen un mayor componente de editorialización y se orientan no tanto a informar objetivamente a los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo y lo que propone cada cual, sino, sobre todo, intentan influir a los electores abiertamente –casi propagandísticamente− sobre lo que tienen qué pensar y lo que tienen qué hacer en política. Lo cual supone no solo un fraude informativo, sino también transitar por un camino de cierta infantilización de la política y de la información.
Sin embargo, lo que se está haciendo últimamente con la presentación de determinadas encuestas está desbordando las tendencias anteriores, implicando un paso más en la dirección de convertir determinados medios de comunicación en instrumentos electorales, al servicio de parte. Es decir, supone también trocar lo que pretende ser una ciencia social, como es la Sociología electoral, en un recurso más para arrimar el ascua a la sardina de cada cual.
A través de este camino no solo se devalúa la credibilidad y la independencia informativa de determinados medios, sino que se produce un daño objetivo a la credibilidad de la Sociología, como disciplina en sí y como instrumento adecuado para poder obtener y divulgar informaciones útiles y veraces entre los ciudadanos. Y, especialmente, entre los sectores más implicados en la actividad política.
El intento de manipular y tergiversar las encuestas no es nuevo. Incluso durante los primeros años del ciclo de la Transición Democrática hubo periódicos, aparentemente serios, que inventaron empresas demoscópicas y encuestas que nunca se hicieron para presentar la imagen de unos y otros partidos como receptores de más o menos apoyos de la opinión pública. Es decir, para intentar condicionar el voto útil.
En el contexto actual, en mi condición de sociólogo y profesor de esta disciplina que durante más de 45 años he intentando imbuir a mis alumnos/as de un espíritu de rigor, seriedad y precisión en los análisis sociológicos, he de confesar que me produce una enorme frustración comprobar cómo tienden a difundirse prácticas sociológicas que jamás pensé que podrían estar presentes en periódicos y medios de comunicación con un alto nivel de seriedad. De hecho, a mí me resulta inconcebible que medios internacionales de prestigio que han sido referencias en la comunicación, como Le Monde, The Guardian, o La Repubblica, puedan llegar a publicar informaciones sociológicas tan sesgadas, presentadas poco menos que como editoriales.
Por citar solo algunos ejemplos o rasgos que, a mi modo de ver, limitan mucho la validez científica y la credibilidad de determinadas encuestas recientes, me gustaría resaltar que cada vez es más difícil garantizar criterios estadísticos muestrales rigurosos en las encuestas telefónicas. Máxime cuando en algunos casos se prescinde totalmente de los hogares y personas que solo tienen teléfonos fijos, y cuando las encuetas se realizan a partir de marcaciones aleatorias de teléfonos de nueve cifras, empezando por 6. Al proceder de esta manera se elimina de las supuestas “muestras” a las personas de más edad, que no tienen teléfonos móviles y que constituyen una proporción no despreciable de los jubilados y personas mayores. Personas que tienen una dilatada trayectoria del voto al PSOE, por ejemplo.
A su vez, resulta bastante peculiar metodológicamente realizar un número más alto de encuestas (casi podríamos a decir “a voleo”) y luego eliminar aquellas que no se ajustan a los estándares fijados de cuotas por edad, sexo y residencia que podrían esperarse en una muestra mínimamente seria. Cuando en alguno de estos casos se llega a prescindir de cerca de setecientas encuestas (que representan un total del 35% de las inicialmente realizadas en la supuesta “muestra” inicial) es inevitable que surjan dudas sobre cómo se hace esta “purga” interna, y si aquellos que son eliminados tienen o no tienen unas orientaciones de voto determinadas.
Por estas y otras razones es inevitable que las encuestas publicadas en determinados medios de comunicación luego sean contrastadas y negadas en los procesos electorales, sin que pase absolutamente nada y sin que ni siquiera se aminore o se relativice esta práctica comunicativa desmedida.
En este sentido, me gustaría recordar que los últimos sondeos publicados por El País antes de las elecciones de junio de 2016 –algunos solo unos pocos días antes− daban al PP una estimación de voto que luego resultó 4 puntos inferior a la real (es decir, un 14% de desviación), o que en el caso de Podemos se le atribuyeran casi 4 puntos más que los votos que obtuvo (con una desviación del 17,6%). Y en el caso del PSOE, también solo unos días antes, se pronosticaban dos puntos menos de los que finalmente obtuvo.
Sin embargo, en aquel caso la mayor desviación se produjo con respecto a Ciudadanos, partido por el que El País tiene una especial predilección desde hace tiempo. Lo cual es algo que entra dentro de la lógica política y a lo que tienen perfecto derecho. Pero, sin embargo, atribuirles muy pocos días antes en las encuestas una intención de voto del 16% −que se quedó después en un 13,1% en las urnas−, revela un sesgo apreciable y amplificado en los editoriales, que viene a revelar lo que antes indicaba como una práctica criticable. Es decir, presentar lo que es una predilección específica de los editores como un dato sustentado por una disciplina caracterizada por su afán de cumplir con unos mínimos criterios y exigencias científicas y de rigor. Lo cual implica, o bien que se está haciendo de la Sociología una especie de parasociología al gusto de los jefes, o bien significa intentar convertir lo que es simple preferencia en una cuestión de apariencia científica.
¿Producen efectos prácticos todas estas maneras de proceder? En Cataluña algunos sostienen que tal estrategia electoral y comunicacional fue bastante útil en los comicios de Diciembre. Y que el hecho de “presentar” reiteradamente a Ciudadanos como el partido que podría obtener más votos no secesionistas influyó en la decisión final de muchos electores que querían atribuir al voto que emitían en las urnas un valor resolutivo. Es decir, que pensaron en términos de voto útil. Y a partir de esta experiencia tan parcial y tan acotada, parece que ahora se quiere convertir dicho hecho específico en un paradigma de comportamiento sistemático.
Por lo tanto, habrá que irse acostumbrando a titulares magnificados que nos intentarán presentar a ciertos líderes y partidos no solo como representantes genuinos del bien común, sino como ganadores indiscutibles de unas elecciones que no se han celebrado aún y que ni siquiera se sabe cuándo se celebrarán.
¿Y en este contexto alguien se va a detener a informar sobre las propuestas específicas que hacen –o van a hacer− los grandes partidos para solucionar las cuestiones que más preocupan a los españoles?
En cualquier caso, lo más probable es que algunos se dejen bastantes pelos en esta gatera y que, en la medida que dejan de ser periódicos o medios de referencia general, para convertirse en portavoces interesados de opciones políticas concretas, se vean sometidos también no solo a la lógica pérdida de credibilidad, sino también a las críticas cruzadas propias de la competencia política. Y lo cierto es que no sé si todos sabrán muy bien lo que están haciendo, ni para qué.