Fallos judiciales y conciencia crítica

Foto: Nuevatribuna
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Cuando la opinión pública considera especialmente injusto un fallo judicial, es inevitable que cunda el desprestigio y el cuestionamiento de una de las instancias o poderes fundamentales en torno a los que se articulan las sociedades democráticas

Nadie podrá negar que el fallo judicial sobre el caso conocido como “La Manada” ha dado lugar a una reacción social y política que debe ser analizada con sosiego y perspectiva.

En sí mismo, el fallo revela una contradicción acusada entre lo que una amplia mayoría de la población, de los expertos y de los juristas podría considerar como una sentencia justa y el fallo, en lo que tiene de hecho judicial concreto.

Desde la perspectiva de los hechos, se trata de una situación especialmente humillante, en la que se vieron afectadas personas que estaban disfrutando de una fiesta especialmente conocida en el panorama nacional e internacional. En ese contexto, con nocturnidad y posiblemente bajo unas condiciones de consumo etílico importante, se produjo un abuso sobre una persona que se encontraba doble o triplemente indefensa, y a la que se deja abandonada, medio desnuda en plena calle, después de haberla violado y robado incluso su teléfono móvil. ¿Quién puede tener, pues, alguna duda sobre la manera de calificar estos hechos, no solo desde un punto de vista jurídico o penal, sino incluso desde el más elemental sentido de la humanidad y el trato decente a las personas?

No es extraño, pues, que el fallo judicial, y en especial el voto particular de un juez que defendía la absolución de los acusados, provocara una reacción muy intensa e inmediata en la opinión pública, no solo entre mujeres, sino también entre muchos hombres.

La repercusión internacional que han tenido los hechos y las incertidumbres que abren de cara al futuro –incluso con riesgos de impunidad− ha sido una reacción que no por esperada y por especialmente intensa nos exime de análisis más profundos.

Hasta hace poco tiempo, en la vida política y judicial española era frecuente que se produjeran sentencias, a veces después de procesos muy dilatados en el tiempo, que no eran bien aceptadas por la opinión pública. Es decir, que se consideraban injustas, que es lo peor que le puede ocurrir a un sistema de administración de Justicia. Pero, generalmente las respuestas eran tibias y más bien propias de un inconformismo malhumorado. “Acatamos, pero no compartimos”, era habitual que se dijera en estos casos. Es decir, predominaba un principio de respeto a la Justicia y de acatamiento a sus fallos. Sin embargo, en este caso, no ha ocurrido así, y las reacciones de rechazo han sido radicales y compartidas de manera activa por muchísima gente, con manifestaciones que empezaron a producirse y extenderse prácticamente por toda la geografía en el mismo momento en el que se conoció la sentencia. Lo cual nos sitúa ante una dualidad que no es bueno que se mantenga en el tiempo.

Cuando en un sistema democrático uno de los poderes fundamentales del Estado, como es el Judicial, es objeto no solo de una actitud de suspicacia o recelo por parte de la opinión pública, sino de abierto desacuerdo e impugnación, es evidente que tenemos un problema que traspasa el campo de la Justicia para convertirse en un problema político.

Algunas personas nos hemos preguntado si algo de esta naturaleza hubiera ocurrido en otros países europeos similares al nuestro. Es decir, si unos hechos de este tipo hubieran tardado tanto tiempo en ser juzgados y sancionados y si se hubiera producido un fallo judicial similar y un divorcio tan profundo entre la opinión pública y el sistema judicial, que lamentablemente ha tendido a cerrar filas corporativamente, más allá de lo que la defensa de la división de poderes y competencias podría hacer prever. En especial, a partir de unas declaraciones, posiblemente inoportunas, del Ministro de Justicia, que se han utilizado como pretexto para el cierre de filas y la defensa corporativa.

Sinceramente, mi impresión es que en un sistema judicial bien trabado, con unos casos y supuestos bien tipificados por las leyes y con unos jueces bien formados y suficientemente sensibles y rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones, algo similar no se habría dado. O si se hubiera dado, habría sido corregido inmediatamente.

En España, lo cierto es que cada vez existe una mayor sensibilización con el grado de incertidumbre y de imprevisibilidad al que pueden conducir algunos procesos judiciales. Máxime cuando los partidarios de la “interpretación libre del Derecho” llevan los límites de sus interpretaciones hasta unos grados y unos supuestos en los que se evidencian las contradicciones y las “injusticias” flagrantes. Lo cual es algo que inevitablemente genera una sensación de inseguridad y de desconfianza hacia la Justicia mucho más grave que lo que puede ser, en principio, un cuestionamiento del modelo clásico de división de poderes. Lo que suscita la delicada cuestión de dónde están los límites en la autonomía y división de los poderes. En los países de tradición anglosajona, en los que está arraigada la convicción de que la Justicia la administra el pueblo, y en los que existen procedimientos de funcionamiento de los Jurados Populares y un principio democrático de elección de los jueces, este tipo de cuestiones no deben existir, ya que el propio sistema contiene en su propio seno los elementos que lo pueden corregir tendencialmente.

Sin embargo, en los sistemas en los que el principio democrático rige solamente para el poder ejecutivo y legislativo, con sus correspondientes procesos de elección-renovación periódica y verificable, y en los que el poder judicial es no solamente un poder autónomo, sino que se selecciona y perpetúa sin ningún elemento de contraste cívico y democrático, el problema puede llegar a ser peliagudo. Por eso, más que criticar a aquellos que a través de movilizaciones en la calle intentan presionar –según se dice− al sistema judicial y manifiestan su repudio ante ciertos acontecimientos que la opinión pública considera reprobables, habría que analizar los fallos que el sistema tiene en sí mismo, y analizar la mejor manera de remediarlos.

Es cierto que nuestro sistema judicial tiene mecanismos para rectificar sentencias injustas o inapropiadas, a través de las apelaciones a las distintas instancias judiciales en las que habría que esperar que lo que ahora ha ocurrido pueda ser remediado y rectificado. Pero, sin embargo, no puede negarse que cuando la opinión pública considera especialmente injusto un fallo judicial –y no sin fundamentos−, es inevitable que cunda el desprestigio y el cuestionamiento de una de las instancias o poderes fundamentales en torno a los que se articulan las sociedades democráticas. Al tiempo que también resulta inevitable que se extienda entre la opinión pública, y en especial entre determinados sectores de la población, la sensación de inseguridad y de impunidad. Lo cual no es solo un problema judicial, sino también es un problema social muy grave.