Uno de los mandatos más nítidos del electorado español el 20 de diciembre fue que es preciso hablar, negociar, ceder y llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Si nos atenemos a la aritmética electoral, los españoles quieren en estos momentos un acuerdo orientado hacia la izquierda, ya que una mayoría muy amplia ha votado por partidos y coaliciones de izquierdas. Y esto es algo que no deben olvidar aquellos que ahora intentan presionar para influir en los intentos de formar gobierno. Si se quiere respetar la voluntad de los españoles, el gobierno resultante tiene que tener un sesgo hacia la izquierda. Por lo tanto, todo lo que suponga sortear la opinión expresada en las urnas implica una cierta burla a la voluntad mayoritaria y un cuestionamiento de la soberanía del pueblo español para decidir como quiera. Incluso para equivocarse.
No obstante, en esta conclusión no debe obviarse un matiz importante que nos obliga a valorar el peso que en España –como en otros países de nuestro entorno─ tienen los votantes de centro, en este caso a través del importante apoyo obtenido por Ciudadanos y por otros partidos nacionalistas y regionalistas de ámbito más específico. Incluso, buena parte de los votantes del PSOE tendrían que ser ubicados más bien en el centro-izquierda.
En función de estos datos, y partiendo de la base de que las casas nunca deben empezarse por el tejado y que lo primero y principal es acordar planes concretos de gobierno, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de combinaciones de gobierno resultan factibles a partir de la aritmética electoral actual? Y ¿cómo habría que proceder para decidir el mejor gobierno posible?
En primer lugar, lo que se necesitaría para proceder adecuadamente son amplias dosis de paciencia y sosiego. Y, sobre todo, evitar los ruidos, las ocurrencias, los sobresaltos y las zancadillas pseudo negociadoras.
En este aspecto, hay que reconocer que en España hemos empezado mal el debate, con un coro multiforme de voces que pretenden llevar el ascua a su sardina, sin explicar cómo, ni por qué. Nuestra vida política está rozando el riesgo de convertirse en un “espectáculo”, y a veces incluso en un “esperpento”, debido a la cantidad de estrategias alicortas y simplistas y a los intereses de parte que están lanzando al ruedo sus propuestas, sus vetos, sus exigencias y sus ocurrencias, al margen de los cauces adecuados a través de los que deberían transcurrir unas negociaciones tan decisivas y en las que los españoles nos jugamos tanto.
La concurrencia de tantos editoriales que intentan prefijar la línea a seguir, de tantos líderes regionales, de tantas voces históricas autorizadas, de tantos “sabios” de salón, de tantos grupos de interés, de tantas instancias internacionales, de tantos cenáculos conspirativos neobarojianos…, están dando lugar a un griterío confuso que causa una impresión penosa en la opinión pública. Y que está impidiendo que puedan trabajar tranquilos los que en estos momentos tienen que trabajar.
A lo cual se unen los tacticismos cortoplacistas de algunos líderes políticos, principalmente Rajoy e Iglesias, que solo parecen interesados en conservar o conquistar sillones particulares, sin ser capaces de anteponer los intereses generales de España y demostrar ese mínimo altruismo político y capacidad de empatía que se necesitaría en estos momentos para llegar a buenos acuerdos de gobierno.
Debido, pues, a los excesos de ruido, a lo entreverado de las conspiraciones y a los tacticismos, las condiciones iniciales de partida para formar un buen gobierno de coalición no son especialmente favorables, con el riesgo de propiciar nuevamente el papel de los “salvadores”, que aparecen nuevamente en escena por unos u otros lados, como eventuales redentores –ya han empezado a circular algunos nombres─ de una situación complicada. Perspectiva que nos situaría ante escenarios muy peligrosos, en los que se sabe cómo se empieza, pero nunca se sabe cómo se puede acabar. Y algunos ejemplos no tan lejanos tenemos de esto en España.
Por lo tanto, el debate sobre los pactos de gobierno debe ser todo lo transparente que se pueda y debe discurrir estrictamente por cauces institucionales. En esto también se ha empezado mal con la sibilina aceptación-renuncia (temporal y condicionada) de Mariano Rajoy a someterse al voto de investidura propuesto por el Rey.
Eso de aceptar, pero renunciar a la vez, y sostener que hoy no, pero mañana quizás, e intentar estar a la vez en misa y repicando, no solo es poco serio, sino que muestra bien a las claras la crisis de legitimidad profunda y la falta de apoyos en la que se encuentra atrapado el actual líder del PP; acosado además por nuevos escándalos de enorme envergadura y consecuencias prácticas, que han sido minusvalorados de una manera inaudita por algunos medios de comunicación social.
Los escándalos del PP durante la etapa de Mariano Rajoy son tan notables, amplios y recurrentes que revelan que han tenido un carácter sistémico que hace muy difícil que cualquier líder y partido que tenga un compromiso claro de lucha contra la corrupción pueda apoyar o facilitar pasivamente la continuidad de un gobierno del PP en las condiciones actuales. Eso es algo que, sin duda, los votantes del PSOE no entenderían ni perdonarían.
Es evidente, pues, que en estas condiciones Mariano Rajoy no es, ni de lejos, un líder con posibilidades de encabezar el tipo de gobierno decente, regeneracionista y con sensibilidad social que España necesita ahora. Mírese la situación desde el lado que se mire.
En buena lógica parlamentaria e institucional, lo primero que debe comprobarse es si resulta factible un gobierno monocolor del PP, encabezado por Mariano Rajoy. Y cuando esta incógnita se despeje, habría que empezar a considerar seriamente otras opciones. Pero, la pretensión de Rajoy de reservarse para una segunda o tercera vuelta de las eventuales investiduras posibles es un despropósito mayúsculo que pone el peor colofón imaginable para su trayectoria política. Y si no lo pone, mucho peor para todos y, sobre todo, para España y para el PP.
Partiendo del enfoque de los “descartes”, la primera opción de posible gobierno que debe testarse sin demora es la de un eventual gobierno continuista monocolor del PP, con otros apoyos o sin ellos. Y eso es algo que le corresponde testar al propio PP.
Una vez descarta esta hipótesis, una segunda posibilidad que habría que testar es la de un gobierno de izquierdas, con distintas lecturas y configuraciones posibles y con diferentes grados de posible ruptura con las inercias políticas anteriores.
Ante esta segunda posibilidad secuencial -básicamente consistente en un gobierno PSOE-Podemos-, habría que verificar el grado de realismo y de inteligencia política práctica con el que ambas partes plantean una alternativa creíble y viable de gobierno. Lo ocurrido en Grecia, y no digamos en Venezuela y en otros lugares, ejemplifica claramente los condicionantes prácticos que deben tenerse en cuenta por aquellos que quieran gobernar o cogobernar un país complejo y rico, en el que de hecho más del 70% de la población ha votado bajo unas coordenadas muy alejadas –incluso antagónicas─ de cualquier aventurerismo político. Y en contra de cuya opinión es imposible pergeñar cualquier tipo de gobierno. Quienes no entiendan estos condicionamientos, y no estén dispuestos a actuar en consecuencia, no han entendido nada, o bien permanecen situados en el terreno de las ensoñaciones infantiles, o bien están priorizando objetivos electoralistas cortoplacistas.
Pese a las dificultades que implica no saber qué pretenden realmente los líderes de Podemos y si están o no dispuestos a priorizar las políticas sociales necesarias y sensatas que podrían llevarse a cabo por un gobierno de progreso, lo cierto es que esta es la segunda opción lógica que habría que explorar y testar después de los resultados del 20 de diciembre, en las que estos dos partidos obtuvieron el respaldo de casi once millones de españoles. Once millones seiscientos mil si se suman los de Izquierda Unida. Pero, ¿es sumable realmente todo esto? ¿Bajo qué condiciones y liderazgos? Esa es otra cuestión. Desde luego, no se debe olvidar que el PSOE y Podemos, más IU, en su caso, apenas suman 160 escaños. Es decir, una cifra bastante alejada de lo que se necesitaría en estos momentos para gobernar con los apoyos necesarios. No se olvide, pues, la fallida experiencia del primer gobierno izquierdista de Grecia (que sí tenía los escaños necesarios) y los enormes costes que todo aquello supuso para la población de ese país.
En tercer lugar, la siguiente hipótesis de gobierno que habría que considerar, si la anterior no obtiene los respaldos necesarios y, sobre todo, si no se llega a un acuerdo razonable sobre un programa de gobierno viable y creíble en el contexto actual, es la de un gobierno de centro-izquierda, básicamente nucleado en torno al PSOE y Ciudadanos, con posibles acuerdos concéntricos por la izquierda (en políticas sociales, sobre todo) y por la derecha (sobre la reforma constitucional, especialmente). En este caso, el acuerdo tendría que producirse en base a una estrategia compleja de acuerdos tejida en círculos concéntricos, de manera flexible y no dogmática. Siempre y cuando, claro está, que los líderes de Ciudadanos se muestren dispuestos a descender del Olimpo y de una equidistancia neutral impoluta, se mojen y se comprometan en iniciativas políticas concretas.
Aunque, en las circunstancias actuales nada es fácil –ni lo va a ser en bastante tiempo─, posiblemente este tipo de gobierno es el que mejor representa lo que se necesita ahora en España y lo que se votó el 20 de diciembre. En realidad, la mayoría del electorado español es básicamente de centro-izquierda, y no de izquierda radical (ni siquiera lo son bastantes de los que votaron las listas de Podemos urgidos por los problemas sociales y la indignación). Además, este tipo de gobierno garantizaría en mayor grado una lucha efectiva contra la corrupción, siendo el que podría desarrollar de manera más efectiva políticas sociales viables, y el que tendría más capacidad para negociar –hacia su izquierda y hacia su derecha─ una reforma de la Constitución en la que no se prescindiera del espíritu de consenso sobre el que se materializó la Carta Magna de 1978. ¿Acaso no responde todo esto al interés general de España en estos momentos?
Habrá que ver, pues, paso a paso en qué forma la aritmética electoral hace que resulten más o menos viables unas u otras opciones, partiendo de que ninguna cuenta a priori con el respaldo de suficientes escaños como para superar la mayoría absoluta en el Parlamento. Lo cual no significa, obviamente, que no sea factible gobernar por debajo de la cifra mágica de 176 diputados. Sobre todo, si existe voluntad de hacerlo con espíritu de consenso y con voluntad de llegar a acuerdos.
Si estas tres hipótesis básicas de gobierno no encuentran suficiente respaldo en el Parlamento, es obvio que a partir de ese momento –y no antes─ habrá que empezar a considerar otras posibilidades que impliquen a más de dos partidos políticos. Y en este caso también habría que evitar caer en el reduccionismo unidireccional y entender que son varias las perspectivas que se abren, como nos muestra la experiencia de muchos países europeos, durante mucho tiempo. Eso es algo sobre lo que habrá que estar dispuestos a mentalizarse, sin caer en los pesimismos sistémicos, ni en los alborotos sin sentido, dejando que los líderes políticos puedan hacer bien su trabajo y asumiendo que, a partir de ahora, nada va a ser como antes, por lo que debemos estar dispuestos a tener las mentes muy abiertas a las nuevas realidades políticas, recordando las palabras que dedicó Hamlet a su fiel mayordomo: “Ten en cuenta mi buen Horacio que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que haya podido soñar tu filosofía”. O en otro sentido, como sentenció lapidariamente en su día Winston Churchill, y recordó después Charles De Gaulle: “La política, a veces, te lleva a tener extraños compañeros de cama”. Siempre, claro está, que los compañeros de cama no tengan vocación de degolladores.