El artículo publicado por Enrique Gil Calvo en El País el pasado 4 de abril, titulado “Militancia”, me llevó a enviar una réplica sobre las tesis defendidas por Gil Calvo al director de dicho diario. Artículo que no han publicado y que ahora recojo en Sistema Digital.
Amén de los enfoques antidemocráticos y simplificadores, hay otro asunto importante del texto de Gil Calvo que me gustaría aclarar aquí y que concierne a la falsa imputación realizada, y calificada como “enigmática” y “sorprendente”, referida al respaldo de la Fundación Sistema a la “apuesta bonapartista de Pedro Sánchez”. ¡Toma ya rigor en el análisis y en la veracidad de los hechos!
Lo cierto es que la Fundación Sistema es una entidad plural y abierta, en la que se realizan múltiples debates y en la que cada cual es responsable de lo que piensa y opina. De hecho, tanto en la revista TEMAS, como en Sistema Digital, como en la propia revista Sistema, cualquiera puede constatar la pluralidad existente en sus respectivos Consejos de Redacción y en los artículos que en ellas se publican. Como no puede ser de otra manera en iniciativas que intentan promover el debate sobre la base del respeto a la diversidad de enfoques y opiniones. Por lo tanto, la postura que yo pueda tener como Director de la Fundación Sistema, o de algunas de sus publicaciones, es mi postura y no la de la Fundación como tal, ni la de las personas que participan, o han participado, en sus actividades desde hace años. Y nunca ha existido ningún problema en ello, ni por ello. Aclaración que, por lo demás, resultaría obvia entre personas que tienen claro lo que supone una cultura democrática. De hecho, nosotros hubiéramos publicado con mucho gusto cualquier texto que nos hubiera podido enviar el profesor Gil Calvo, si se hubiera sentido aludido o cuestionado inadecuadamente por un artículo aparecido previamente en nuestras páginas. Y esa es –creo yo− una diferencia importante.
Este es, pues, el artículo que El País no ha publicado:
“Según el índice de democracia elaborado por The Economist, 20 países pueden considerarse democracias plenas (entre ellos España), 59 son democracias imperfectas y 37 regímenes híbridos, amén de 51 regímenes autoritarios.
Las variables utilizadas en este índice reflejan que la democracia no es un totus que se pueda alcanzar –o tener− en términos absolutos, sino un proceso de conquistas políticas hacia el que muchos países tienden, y que se perfecciona en el tiempo. Las democracias actuales son el resultado de una evolución, que ha dado lugar, por ejemplo, a que los regímenes del sufragio censitario del siglo pasado se hayan perfeccionado y completado en grado notable hasta llegar a los estándares políticos óptimos de nuestros días.
Por eso, es lógico que en los procesos congresuales celebrados –o en curso− en este año en los principales partidos políticos españoles hayan estado presentes experiencias y/o demandas implicativas de diferente entidad. En los cuatro casos, una parte del debate congresual ha girado en torno a cuál debe ser el grado en el que los afiliados puedan participar en los procesos de toma de decisiones en sus partidos. Partidos que, como realidades vivas y cambiantes, evolucionan y tratan de dar respuestas a las nuevas demandas y necesidades ciudadanas y a los problemas sociales que van surgiendo.
En contraste con lo que ocurrió durante los años de la Gran Depresión antes de la Segunda Guerra Mundial, en los que se asistió a un cuestionamiento de los valores y procedimientos democráticos, en nuestros días la crisis ha dado lugar a reacciones de signo opuesto. Es decir, el clima de malestar y preocupación por los problemas sociales está siendo acompañado por reivindicaciones de más y mejor democracia. Hoy, la mayor parte de los ciudadanos no se han deslizado –al menos de momento− hacia concepciones autoritarias, ni hacia la reclamación de cirujanos de hierro que nos saquen de una encrucijada tan problemática, sino que actualmente lo que se reclama es más calidad democrática. Esta diferente manera de reaccionar y de pensar obedece a múltiples causas, sobre todo a los mayores niveles educativos de la población que sufre exclusión social y precarización laboral (especialmente los jóvenes), y en particular al surgimiento de una nueva ciudadanía activa que quiere ser más tenida en cuenta en las deliberaciones políticas y en la solución de los problemas.
Por eso, en casi todos los partidos políticos existen reivindicaciones de más y mejor participación interna y en todos se da una cierta tensión –expresa o latente− entre las élites dirigentes establecidas y los afiliados de base. Tensión que se encuentra alimentada por el hecho de que la globalización ha impuesto una nueva lógica política que devalúa la capacidad efectiva de las naciones –y de sus partidos políticos− para poder influir en las decisiones globales verdaderamente relevantes. Consecuentemen-te, muchos afiliados y una parte de los cuadros piensan que ellos cada vez cuentan menos, y que los poderes relevantes tienden a ser cada vez en mayor grado los poderes económicos.
La sensibilización reactiva que ha surgido en el PSOE ante los acontecimientos del Comité Federal del 1 de octubre, que “derrocaron” al Secretario General que había sido elegido por el voto de casi sesenta y cinco mil afiliados, así como varias decisiones ulteriores, han conducido a que se extienda la sensación de que si todo esto se ha hecho sin contar con la opinión y el voto de los afiliados es porque se sabía que esa no era la opinión de la mayoría de los afiliados. Algo que piensan no solo los que votaron por Pedro Sánchez como Secretario General, sino también muchos de los que no lo hicieron entonces, pero que ahora lo respaldan por razones de fondo y de forma.
La situación a la que se ha llegado en el PSOE plantea un dilema importante, no solo para el establisment actual del PSOE, sino para la propia manera de entender la democracia en las sociedades de nuestros días. La cuestión es si el establisment socialista está legitimado para hacer prevalecer sus criterios y alternativas frente a lo que puedan sostener los afiliados, o bien si son estos los depositarios del derecho soberano a decidir la política de este partido. Dilema que se encuentra directamente conectado –a diferente escala− con los principios sobre los que se sustentó en su día la reivindicación de la soberanía popular, frente al poder de la nobleza, de los notables y de las estructuras del viejo régimen.
En la medida que la democracia no es algo que pueda parcelarse, ni encapsularse en compartimentos estancos, es inevitable que argumentos como los sostenidos por Enrique Gil Calvo en su artículo de El País del 4 de abril, hayan producido sorpresa en diversos círculos políticos. Sobre todo entre los que reivindicamos –en la teoría y en la práctica− una mayor calidad democrática, y que no podemos entender que un proceso democrático de participación pueda verse como un peligro (?), ni una amenaza sistémica, o como el triunfo de un “motín”, en el caso –como se sostiene− de que gane Pedro Sánchez.
Cuando se presenta como un gran peligro que los afiliados del PSOE puedan decidir con sus votos el futuro de este partido, y se caracteriza a uno de los candidatos como un peligro en sí, no solo se está insultando nuestra inteligencia, sino que está deslegitimando la propia lógica de la democracia y el criterio de igualdad de todos en derechos políticos. No hay que olvidar que por la vía de alimentar el “voto del miedo” y el “miedo a la libertad”, o de considerar que los militantes de los partidos son “realidades obsoletas” perfectamente “sustituibles”, se puede estar empujando a nuestras sociedades y organizaciones hacia destinos fatales.
De la misma manera, cuando se hacen bromas e insinuaciones malévolas sobre la manera de financiar una candidatura, no solo se franquean los bordes del derecho al honor y a la verdad, sino que se está intentando deslegitimar comportamientos políticos honestos y transparentes, y una sana y austera práctica de autofinanciación de abajo-arriba en los procesos partidarios. Es decir, se está haciendo un flaco favor a la credibilidad democrática, postulando criterios que en el fondo y en la forma significan regresiones en los avances democráticos y participativos alcanzados. Al tiempo que se alimentan opciones muy cuestionables sobre los problemas y dilemas de la funcionalidad democrática en la era de la globalización asimétrica. Problemas que no se van a resolver cercenando derechos, ni suprimiendo posibilidades de voto y decisión a todos aquellos que pertenecen a partidos políticos, que no quieren ni aceptan que sean otros los que decidan por ellos. ¿Quiénes deciden y cómo deciden, entonces? ¿Desde cuándo la democracia y el legítimo derecho al voto entre iguales pueden verse como un peligro o una amenaza?