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viernes. 01.07.2022

Otro mal año legislativo para el empleo y la justicia social

Para el empleo y la justicia social este año será otro mal año. Los pobres seguirán igual o más pobres y los ricos, más ricos...

La celebración de las elecciones europeas el próximo mes de mayo, junto a la consulta de Cataluña, son los dos puntos estelares en el devenir político de 2014. No obstante, la agenda legislativa social y económica, que tanto depende del absolutismo legislativo del Gobierno, es suficientemente inquietante como para dedicarle mucha atención.

“Estamos en el año de la recuperación económica”, según vienen pronosticando las fuentes gubernamentales. Nos alejamos de la recesión económica, los inversores extranjeros van confiando en España, la Bolsa está al alza, la prima de riego ha bajado, y de manos de la intervención del Banco Central Europeo los intereses de la deuda española se han desplomado. Sin embargo los gurús económicos internacionales siguen viendo penurias por años en nuestro país.

Para el empleo y la justicia social este año será otro mal año. Los pobres seguirán igual o más pobres y los ricos, más ricos. La fractura social es una posibilidad creciente, máxime de manos de unos Presupuestos Generales del Estado que no apuestan por los servicios públicos ni por el fomento del empleo, y menos de calidad. 

Por su parte, el Parlamento va a seguir con otro año intenso de trabajo. Otro año de absolutismo legislativo. Actualmente hay 17 proyectos de ley tramitándose: el de Navegación Marítima; el de Tratados y otros Acuerdos Internacionales; el de modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; el de modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que ya está en el Senado. También el Proyecto de ley de cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española; también el de delegación en el Gobierno de la potestad de dictar diversos textos refundidos; la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal; el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones; el de Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (Real Decreto-Ley 11/2013); el Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; el de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que está en el Senado. El Proyecto de Ley de seguridad privada, también tramitándose en el Senado. Y la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que está a la espera de un informe de la Comisión de Defensa en el Congreso; y últimamente, el Proyecto de Ley de ordenamiento de las entidades de créditos y el polémico Proyecto de Propiedad Intelectual.

En este tercer año legislativo del Gobierno que preside Mariano Rajoy se ahondará en las reformas y recortes. También en el adoctrinamiento y sometimiento social, en la misma línea de cerrazón de la Contrarreforma Educativa, La Ley Wert. En esta línea el “moderado” ministro de Justicia ya nos anticipó una infumable reforma de la ley del aborto, que priva a las mujeres del derecho a decidir sobre su cuerpo, y que está generando una notable polémica, incluso dentro de las filas populares y en Europa.

Tampoco desmerece la futura Ley de Seguridad Ciudadana inspirada en la triste Ley de Orden Público. Con esta ley mordaza el ministro del Interior podrá ejercer como todo un ministro de la Gobernación para acogotar a los levantiscos y subversivos que se manifiesten contra las políticas y actuaciones gubernamentales.

Sobre la Ley de Seguridad Privada ya hemos visto cómo otorga a los vigilantes unas atribuciones propias de las fuerzas de seguridad, sin mayor formación y sin mayores garantías laborales. Cualquier ciudadano podrá ser detenido, identificado y cacheado por los vigilantes, incluso en la vía pública. Como poco, vemos a esta Ley como una pieza más en la deriva privatizadora de los servicios públicos.

Con estas perlas legislativas ya hay más que motivos para preocuparse y por si fuera poco, en la línea de acogotar derechos y libertades. Se insiste en hostigar el flanco laboral y sindical. Por una parte, se ahondará en la reforma laboral respondiendo a las urgencias de la propia Comisión Europea, que sin desmayo no hace más que persistir en la línea neoliberal predominante. Por otra parte, ya se lanzó el globo sonda de la Ley de Servicios Mínimos, y que de progresar atacará al derecho de huelga a través del sometimiento de piquetes y endurecimiento de servicios mínimos.

No obstante, quizá para maquillar el caso Bárcenas, el Gobierno se ha comprometido a abordar un Plan de Regeneración democrática, o plan anticorrupción. Se hará próximamente con dos leyes: la ley Orgánica de control de la actividad financiera de los partidos y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Antes de primavera se presentará una ley estrella para el gobierno, una reforma necesaria, fundamental, la del sistema tributario. De esta reforma se espera en febrero un informe elaborado por una comisión de expertos. Se trataría de asegurar unos ingresos que aseguren la consolidación fiscal que permitiría, según el gobierno, eliminar la subida del IRPF efectuada en 2012.

Además, pronto será tramitada en el Parlamento la modificación de la Ley de Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas, que habrá de contribuir a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, reducir el absentismo laboral y mejorar la productividad

Tenemos, por tanto, un año 2014 que promete ser muy movido en lo legislativo y en lo político, además, muy probablemente, también en lo social. Al menos potencialmente debiera ser también un buen año para la recuperación de la dignidad y los derechos.

Otro mal año legislativo para el empleo y la justicia social