domingo 15.09.2019

Ley de Seguridad. Innecesaria y desproporcionada

Desde que saltó a los medios de comunicación el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, han sido mayoritarias las voces que se han oído en contra...

Desde que saltó a los medios de comunicación el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, han sido mayoritarias las voces que se han oído en contra de la misma por atentar contra un derecho ciudadano. A las personas afiliadas a una organización sindical o que simpatizan con posturas progresistas, directamente nos ha causado alarma lo que este Anteproyecto contiene

El anteproyecto que modificará la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, amplia su abanico sancionador y contempla como nuevos delitos contra el orden público, acciones que forman parte del ejercicio de derechos fundamentales. También peligrará el derecho a informar o a aportar pruebas ante los abusos de autoridad, caso de prosperar la prohibición de grabar o fotografiar las acciones policiales.

La futura “ley Fernández” es más que un globo sonda, no sólo porque oculta las mentiras programáticas del Partido Popular,  y sus casos de corrupción, o el fracaso de su política económica sino porque además, es todo un aviso del involucionismo hacia el que está derivando el Gobierno del PP y, consecuentemente, nos afecta como ciudadanos y ciudadanas a la hora de expresar libremente nuestras discrepancias y reivindicaciones.

Esta Ley de Seguridad no ha sido dialogada con las fuerzas políticas y sociales, y es desproporcionada e innecesaria. No hay razones suficientes para ello, dado el carácter de comportamiento cívico general de las manifestaciones. La ley quiere ir en línea con esas cargas policiales que se prodigan cada vez más pero que nunca son sancionadas y con las restricciones que imponen las delegaciones del Gobierno a las manifestaciones, que a menudo se acompañan de sanciones económicas o penales que pretenden aplicar de forma generalizada. Ésta es una norma dirigida a quienes expresan su hartazgo contra los recortes, o los abusos de políticos y banqueros. Porque estamos ante un progresivo empeoramiento de la situación política y social, y hay un acelerado divorcio entre la ciudadanía y sus representantes o administradores.

Si prospera la ley en los términos ahora conocidos, merced a la mayoría parlamentaria popular estaríamos asistiendo a una descarada estrategia para aminorar la libertad de expresión y de manifestación, y para desmovilizar más a la ciudadanía. En este sentido, no es casual la persistencia calculada en desprestigiar todo lo posible a las grandes centrales sindicales, magnificando las irregularidades cometidas.

En definitiva, con esta Ley, comparable a la Ley de Vagos y Maleantes, se quiere ahogar la protesta y dejar indefensa judicialmente a la ciudadanía, con exorbitantes tasas. Con este golpe desde el Estado a las libertades y derechos fundamentales pasaremos del Estado social al Estado policial,  si es que las fuerzas políticas y sociales no reaccionan a tiempo.

Ley de Seguridad. Innecesaria y desproporcionada