lunes 18/10/21

El caso Bárcenas traba la imprescindible Ley de Transparencia

Queda mucho que hacer por la transparencia, y también por el fomento de la participación ciudadana en las instituciones, con una Ley de Participación Institucional...

España hace demasiado tiempo tiene encendidas las luces rojas de alerta por manifiesto malfuncionamiento. Ni es casual la larga etapa de crisis y recesión económica, ni tampoco es nada sorprendente que el modelo social y político, esté en un atolladero. Entre los magnates de las finanzas y los mangantes de cuello duro tienen acogotados los brotes verdes y casi hasta la esperanza en un futuro, a medio plazo, mejor.

La desconfianza en quienes mandan algo se ha extendido como una mancha de aceite. Lejos de ser algo puntual, la corrupción es una vasta lacra nacional que pocos quieren reconocer. Ha echado músculo gracias a una magra parte de quienes detentan poder.

Sin tener que retroceder centurias en la historia española, el trapicheo y la golfería siempre han existido, no sólo en el Régimen franquista, también en la II República. La Transición a la democracia no filtró ni mucho menos esta rancia e institucionalizada costumbre. Los tiempos de bonanza económica y el régimen del bipartidismo alternante han auspiciado una situación de opacidad y podredumbre insostenible para nuestra democracia, y que exaspera ya a una ciudadanía, normalmente adormecida cuando no connivente con la picaresca.

La  Ley de Transparencia es una iniciativa socialista que cayó en desgracia. Prometida, en 2004, la Ley de Transparencia, el PSOE anunció su “próxima aprobación” en diciembre de 2009. Finalmente, fue sepultada en enero de 2011entre el rechinar de dientes por una crisis que ya era galopante.

En gran medida, por la protesta social, en el extenso repertorio reformista del Gobierno Rajoy, se emprende la iniciativa legislativa más importante para la estabilidad democrática. Una ley destinada a brillar en lo más alto de la modernidad de este país, aprobando una asignatura pendiente, ya que somos una anomalía respecto a otros países democráticos.

Estamos, por tanto, ante la gran ley política de esta legislatura. Pero el comienzo no pudo ser peor. De manos del Gobierno aparentaba ser un mero lavado de cara, sin ambición ni calado, era apenas un puñado de vagas propuestas que ni siquiera incluía a los partidos políticos. No obstante, el PP vio la necesidad de olvidarse por una vez del rodillo de su mayoría absoluta y empezó a dialogar con el PSOE para pactar lo que debía ser una ley trascendente que afrontara con solvencia la grave crisis institucional y política española.

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, fue aprobado por el Consejo de Ministros hace un año, y remitido al Parlamento para su trámite legislativo. El texto legal emprendió un camino largo, no exento de cierto desinterés o parsimonia en el trabajo de sus señorías. Se ha ido enriqueciendo con la opinión de diversos expertos comparecientes en la Comisión Constitucional del Congreso, así como con el diálogo PP-PSOE. Encontrando más obstáculos políticos en Izquierda Plural y en UPyD, que presentaron mociones a la totalidad de un proyecto de ley que no respondía a sus exigencias de regeneración democrática.

Con el principio de acuerdo entre populares y socialistas, hace unos días los representantes ciudadanos empezaron a debatir en una sala del Congreso a puerta cerrada –una incongruencia más– el proyecto de ley, tratando de sumar al probable pacto al resto de formaciones políticas, para llevar un texto lo más consensuado posible al Pleno del Congreso. Sin embargo, la culminación de esta ley corre el peligro de convertirse en la primera víctima colateral del escándalo desatado por la contabilidad B de Luis Bárcenas. La presunta  financiación irregular del PP y los sobresueldos a la cúpula popular, junto a la negativa de Mariano Rajoy a comparecer ante la ciudadanía dando las necesarias explicaciones al respecto han enfriado la posibilidad del pacto. Pese a las peticiones expresas del conjunto de la oposición parlamentaria, Rajoy sigue impasible.

A resultas, la ponencia de la Ley de Transparencia ha quedado aparcada por los grupos políticos. No obstante, el Partido Popular ha insistido en mantener el calendario previsto de reuniones y cumplir con el objetivo de tener el dictamen legal aprobado el 23 de julio. Sin embargo, dado el cariz de los acontecimientos políticos, que incluyen la posibilidad de presentación de una moción de censura a cargo del PSOE, no es descartable que, una vez calmadas las turbulencias, sea en el próximo mes de septiembre cuando se pueda consensuar el proyecto de ley.

No deja de ser casi trágico que sea un presunto delincuente quien casi logre arruinar la mejor contribución para la regeneración política y la lucha contra la corrupción. Para no enmarañar más la grave situación del país, el caso Bárcenas debe aclare lo antes posible, en sus vertientes política y penal. Pero debe retomarse conjuntamente el trabajo por una Ley de Transparencia, tan necesaria como creíble. Urge la ineludible comparecencia de Rajoy. Que dé las necesarias explicaciones y diga la verdad. Que disipe las sombras de sospecha cernidas sobre su partido y él mismo.

Las acusaciones del compañero y, sin embargo, amigo encarcelado; la estrategia popular, torpe y huidiza; y las flagrantes contradicciones en las que siguen incurriendo los dirigentes populares piden una aclaración importante. Y sin embargo, este caso,  debería ser un acicate más para caer en la cuenta de que es ya hora de iniciar la necesaria regeneración democrática, concluir la articulación final de la Ley de Transparencia, que debe ser una gran herramienta. Todavía le quedan flecos pendientes: el reconocimiento destacado del derecho fundamental de acceso a la información, y la independencia del Consejo de la Transparencia, órgano velador del cumplimiento de la ley.

Queda mucho que hacer por la transparencia, y también por el fomento de la participación ciudadana en las instituciones, con una Ley de Participación Institucional. Y como seguimos con las luces rojas encendidas, deberíamos apagarlas con un gran esfuerzo colectivo hacia la regeneración democrática, que supondría cambios en la Ley Electoral, así como una nueva regulación de referéndums e ILPs. Es un proceso largo y complejo –reforma constitucional incluida– pero muy necesario para avanzar hacia una democracia más participativa y congruente con las demandas ciudadanas, para que verdaderamente seamos un país avanzado y respetado.

El caso Bárcenas traba la imprescindible Ley de Transparencia