Una vez conocido el contenido del pre-acuerdo alcanzado el pasado 7 de Marzo entre la UE y Turquía sobre devolución a éste país de los refugiados sirios que llegaran a Grecia, se alzaron-dentro y fuera de la Unión- numerosas voces para criticarlo por violar las normas del Derecho Internacional y del Derecho Comunitario. En España, todos los partidos del arco parlamentario se opusieron al mismo y el Presidente en funciones, Mariano Rajoy, que hasta entonces había mantenido un silencio culpable –“quien calla otorga”--, cambió de actitud y se sumó a las críticas sobre las devoluciones colectivas forzosas. Los principales mentores del pre-acuerdo, la Canciller Ángela Merkel –cuyo partido, la CDU, sufrió en el ínterin un severo varapalo en las elecciones regionales en Baden-Würterberg, Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt- y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tuvieron que aguar el texto para soslayar sus aspectos más chirriantes e hicieron una hábil maniobra de maquillaje para atenerse formalmente a la legalidad internacional. Tras su unánime aprobación el 18 de Marzo por el Consejo Europeo, Merkel declaró que el Acuerdo era la primera oportunidad real de frenar el flujo masivo de refugiados a Europa y que ésta no podía desaprovecharlo. Rajoy, a su vez, señaló que se había logrado un acuerdo razonable y conforme con la legalidad, que pretendía dar una respuesta eficaz al drama de los refugiados, un acuerdo que respetaba “escrupulosamente la resolución del Parlamento español”. No comparte esta opinión Izquierda Unida (IU), cuyo portavoz, Alberto Garzón, ha anunciado su intención de presentar, de forma oportunista y propagandística, una querella criminal contra Rajoy –al que ha calificado de “dictador temporal”- y su Gobierno en funciones, por incumplir el mandato del Congreso, no someterse a su control y apoyar un pacto que considera “inhumano e ilegal”. Sin llegar a tan demagógicos extremos, la Presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, ha reconocido que será difícil de aplicar y que “está al filo de lo aceptable en el Derecho Internacional”.
Acuerdo entre la UE y Turquía: Expulsión de refugiados en Grecia
El Acuerdo turco-comunitario incluye nueve puntos. El primero y más importante establece que los emigrantes irregulares que lleguen a Grecia desde Turquía serán devueltos a este país a partir del 20 de Marzo, de conformidad con el Derecho Internacional y el Derecho Comunitario, y en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Afirma que se trata de una medida “extraordinaria y temporal” para “acabar con el sufrimiento humano (sic) y restablecer el orden publico”. Los refugiados serán inscritos por las autoridades griegas, quienes deberán examinar individualmente sus demandas de asilo y decidir al respecto, de conformidad con la Directiva sobre Procedimiento de Asilo. Para eludir la ilegalidad incursa en el pre-acuerdo, destaca que en modo alguno se producirán “expulsiones colectivas”. Los efectos, sin embargo, serán similares, pues es más que probable que el Gobierno de Grecia –en el ejercicio de su soberanía y de su derecho a decidir libremente sobre la concesión de asilo- rechace sistemáticamente las demandas de los refugiados, sin entrar siquiera a examinar las condiciones individuales de los peticionarios. La ACNUR ha declarado que no ha sido parte ni testigo del Acuerdo, y que no se ha involucrado ni se involucrará en ninguna actividad contraria a su mandato, como los retornos forzados a Turquía. Mantendrá su presencia en Grecia y en Turquía para proteger a los refugiados, asegurar que se mantengan los estándares de derechos humanos y proporcionarles información sobre sus derechos y sobre los procedimientos para solicitar asilo.
Kepa Aulestia ha observado atinadamente en “El Correo” que la Europa de los derechos y de las libertades ha vuelto a echarse atrás con la simulación de una acogida individualizada de los refugiados que representa un plan para sacudirse el problema en
masa. La impostura del Acuerdo con Turquía viene a certificar la pequeñez de la UE, que es incapaz de admitirla siquiera, de reconocer que ni la legalidad internacional ni las normas comunitarias pueden ser aplicadas ante semejante avalancha de desesperación o de asumir públicamente que ninguno de los Gobiernos europeos está en condiciones de enfrentarse a la contestación interna. Raúl del Pozo ha observado, a su vez, que Europa ha cerrado con cerrojo sus puertas a los sueños de los refugiados después de seis cumbres donde el egoísmo, el miedo y el nacionalismo están acabando con el Acuerdo de Schengen. Ahora empezarán las deportaciones, aunque no se llamen así, y veremos a muchas personas con destino a campos de concentración, aunque tampoco se llamen así. El Papa Francisco ha lamentado que nadie asuma la responsabilidad del destino de los refugiados, que son conducidos a la fuerza como si fueran ganado, y ha calificado esta crisis humanitaria sin precedentes de tragedia. ¿Por qué Europa permite que mueran?, se pregunta el periodista. En Lesbos y demás islas griegas la hospitalidad fue siempre sagrada y en ellas recibían amparo los Ulises errabundos y los náufragos de los barcos y de las guerras. Los griegos han aportado a Europa la tradición de recibir con dignidad a los forasteros y a los apátridas. Los que lucharon por la independencia y la dignidad de Grecia siempre consideraron a Turquía como enemiga de Europa. Si Lord Byron -que luchó y murió por Grecia- viera la traición de Europa, contrataría a mercenarios para impedir que los emigrantes de Lesbos fueran conducidos a Turquía.
Grecia encontrará serios obstáculos logísticos para cumplir desde ya con los procedimientos previstos en el Acuerdo, pues carece de infraestructuras, de medios y del personal requerido –jueces, policías, sanitarios y personal administrativo-, que la Comisión Europea ha cifrado en 4.000 personas. Amén de la injusticia, el caos –palabra genuinamente griega- está asegurado. Sólo el primer día de aplicación del Acuerdo llegaron a las islas griegas 870 refugiados procedentes de Turquía y se produjo la muerte de cuatro de ellos. ¿Qué ocurrirá, por otra parte, con las 50.000 personas actualmente refugiadas en Grecia, algunas -como los que se encuentran en Idomeni junto a la frontera cerrada por Macedonia- en condiciones infrahumanas?. Grecia está vaciando las islas de refugiados y ha convertido los campos abiertos de registro y tránsito de Lesbos en centros cerrados de retención, lo que ha provocado la retirada de Médicos sin Frontera de estos centros en señal de protesta.
Reubicación de refugiados sirios en Estados miembros de la UE
El segundo punto prevé que, por cada refugiado sirio devuelto por Grecia a Turquía, la UE acogerá a otro ciudadano de esa nacionalidad. Se dará prioridad a quienes no hayan entrado, o intentado entrar, de forma ilegal en territorio comunitario. Con un buenismo un tanto hipócrita, el Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans ha afirmado: “Como europeos, no podemos y no vamos a dar la espalda a quienes necesitan protección internacional, pues es nuestra obligación legal y moral…Estamos de acuerdo en que los sirios, los eritreos, los afganos o los iraquíes tengan protección internacional e intentamos mandar un mensaje claro: si esos emigrantes, que tienen derecho a asilo, están dispuestos a esperar una solución legal, podrán entrar en Europa, pero si usan las mafias para llegar a Grecia, serán devueltos a Turquía”. ¿Acaso tiene credibilidad una UE que ha reubicado hasta la fecha a sólo 937 refugiados de los 160.000 comprometidos en Septiembre de 2015?. ¿Es decente pedir que aguarden “sine die” el santo advenimiento de la ubicación en la Unión a unas personas que han arriesgado sus vidas por un sueño europeo que se ha convertido en pesadilla?. El compromiso “do ut des” de sirio en Grecia por sirio en Turquía se ve además limitado a una cuota máxima de 72.000 personas y, si el número de demandantes superara esa cifra, se daría por terminado el procedimiento. La reubicación de refugiados se realizará mediante “arreglos voluntarios” y es lamentablemente notoria la falta de generosidad de los Estados miembros de la Unión. Botón de muestra son las declaraciones del autocrático Presidente húngaro, Víktor Orban, que acompañó la erección de vallas en las fronteras de su país con estas palabras:”Lo que amenaza al continente es un éxodo de millones de personas que traerán terrorismo y delincuencia”. O la afirmación de la Primera Ministra polaca, Beata Szydlo, de que no ve ninguna posibilidad de acoger refugiados a Polonia tras los atentados terroristas perpetrados en Bruselas el pasado 22 de Marzo, como si una cosa tuviera algo que ver con la otra.
Los Estados de la UE esperan -probablemente en vano- que el pacto con Turquía provoque la disminución de la afluencia de refugiados a Europa, pero, aunque así ocurriera, seguiría siendo importante, pues cabe poner en duda la capacidad y la voluntad de las autoridades turcas para frenar las migraciones ilegales, vigilar adecuadamente sus costas, luchar contra las mafias que operan ante sus narices con plena impunidad y cerrar la vía de los refugiados hacia Europa. En 2015, 900.000 refugiados llegaron a Grecia procedentes de Turquía y, en lo que va de año, otros 150,000. Los flujos continuarán en cualquier caso, pues -ante una eventual actuación preventiva de Turquía que sea eficaz- las poderosas mafias buscarán rutas alternativas de penetración en Europa. Por otra parte, el Acuerdo sólo es aplicable a los refugiados procedentes de Siria. ¿Qué va a pasar con las decenas de miles de desplazados iraquíes, afganos o eritreos a los que se refería Timmermans, que malviven en condiciones harto precarias en territorio turco?. Mientras el Primer Ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, pactaba con la UE, su Presidente, Rezep Erdogan, presumía de generosidad y lanzaba un dardo envenenado a sus colegas occidentales:”En un momento en que Turquía acoge a tres millones, quienes no pueden encontrar sitio para unos pocos refugiados y los mantienen en condiciones vergonzosas en el centro de Europa, deberían mirarse a sí mismos”. Pese al cinismo de su comentario, no le falta algo de razón al jerarca turco. Para librarse de la oleada de demandantes de asilo, la UE ha optado por expulsarlos a un país que pocos creen seguro -pese a las vergonzantes afirmaciones en ese sentido de Juncker- y donde los derechos humanos y las libertades fundamentales no están en modo algunos garantizados.
El Tribunal de Justicia de la UE ha considerado lícita la expulsión de refugiados irregulares a “países seguros”. ¿Lo es Turquía?. Hay serias y fundadas razones para estimar que no lo es. En el ámbito de la seguridad general, Turquía mantiene desde hace años una guerra civil intermitente con las milicias kurdas del PKK, bombardea a las milicias kurdas en Siria y está en el punto de mira de los atentados terroristas del Estado Islámico. En el plano de los derechos y de las libertades individuales, la deriva autoritaria e islamizante de Erdogan ha llevado a la restricción de las libertades de expresión y de manifestación, al encarcelamiento injustificado de numerosos periodistas, políticos de la oposición y activistas, y a la creciente politización de una justicia puesta al servicio del ejecutivo. Según ha revelado la eurodiputada de IU Marina Albiol, Turquía ha sido condenada 2.812 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero, incluso si el Gobierno turco se mostrara dispuesto a proteger a los refugiados sirios y a otros procedentes de Asia o África, no podría hacerlo mientras no cambiara su legislación. Al ratificar la Convención de Ginebra de 1951, Turquía presentó una declaración conforme a la cual sólo tendrían derecho a asilo en el país los europeos que huyeran de la guerra o fueran perseguidos por su etnia, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Los refugiados no europeos sólo tienen derecho a la sanidad y a la educación, pero incluso ésta es difícil de conseguir por la insuficiencia de profesores arabófonos.
Contrapartidas para Turquía
Conforme al punto tercero del Acuerdo, Turquía se compromete a tomar las medidas necesarias para impedir que se abran nuevas rutas terrestres o marítimas para la migración ilegal a la UE desde su territorio. Se trata de una declaración de buenas intenciones, cuyo cumplimiento dependerá de la voluntad política del Gobierno turco y de los medios materiales que ponga para lograrlo. El punto cuarto establece que, una vez que se haya puesto fin a las migraciones irregulares o se hayan reducido éstas de forma sustancial, se activará un “Esquema Voluntario de de Admisión Humanitaria”, al que contribuirán libremente los Estados miembros de la UE. Se trata de un brindis al sol de escaso contenido práctico. En el punto séptimo, la UE y Turquía se congratulan de los trabajos que se están realizando para mejorar la Unión Aduanera, declaración que no sé a santo de qué se incluye en el Acuerdo. Por el punto noveno, ambas partes se comprometen a colaborar para mejorar las condiciones humanitarias dentro de Siria -especialmente en las zonas próximas a su frontera con Turquía- para permitir que la población local y los refugiados puedan vivir de forma más segura. Se trata de otro “deseo piadoso” de escasa relevancia.
Los puntos 5, 6 y 8 recogen las contrapartidas que la UE ha ofrecido a Turquía por su tarea de recibir los desechos de tienta griegos. La Unión ha prometido acelerar el proceso para la exención de visados a los ciudadanos turcos antes de finales de Junio, “siempre que se hayan cumplido los requisitos”. El Acuerdo de Schengen incluye 72 requisitos al efecto, de los que Turquía sólo ha cumplido hasta ahora 58. La UE se ha comprometido asimismo a revitalizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión, actualmente estancado, dado que sólo se ha cerrado uno de los 33 capítulos previstos. Así, se deberá abrir durante la presidencia holandesa –que concluirá en Julio de este año- el capítulo relativo a los presupuestos. No parece que la aceleración de las negociaciones para la incorporación a la UE tenga mucho recorrido. Ángela Merkel ha echado agua al vino al afirmar que la Unión necesita el Acuerdo, pero no a cualquier precio, y que el ingreso de Turquía no estaba en el orden del día. Chipre espera, en todo caso, con la escopeta cargada a la espera de disparar en cualquier momento su veto si se fuera más allá de lo aceptable. Se trata, pues, de una concesión más simbólica que real. Donde si hay una concesión cierta es en el compromiso de la Unión de entregar los tres mil millones de euros ya presupuestados para proyectos destinados a los refugiados en Turquía en materia de sanidad, educación, infraestructuras, alimentación y otras necesidades. Cuando se agote esta partida, la Unión pondrá a la disposición de Turquía tres mil millones adicionales de euros hasta finales de 2018.
Críticas al Acuerdo turco-comunitario
El Acuerdo ha recibido aceradas críticas tanto por parte de Organizaciones Internacionales y ONGs relacionadas con los derechos humanos, como de los medios de comunicación. Una de las más vitriólicas ha sido publicada en “El País” por Rubén Amón, para quien el chantaje de la inmigración siria ha descompuesto la idiosincrasia del proyecto comunitario, ya que la UE ha subarrendado la presión migratoria y externalizado a Turquía sus propias obligaciones con los refugiados. Cuanto más se aleja de los estándares comunitarios, más se aviene a comportarlas, no ya renunciando a sus deberes humanitarios con los refugiados, sino interpretando a su antojo el Derecho Internacional. El estrambote del caso turco socava aún más el problema y el Acuerdo es denigrante porque la Unión “escoge el camino del dontancredismo en materia de inmigración”. Los Gobiernos comunitarios han preferido desdibujar la idea de Europa antes que amortiguar las consecuencias electorales y sociales de una emergencia que ha enardecido la respuesta de la xenofobia. La propia UE ha emprendido un incomprensible proceso de auto-sabotaje y, para sobrevivir, ha renunciado paradójicamente a sí misma.
“El Mundo” ha señalado en un editorial, que el Acuerdo demuestra hasta qué punto el club comunitario se encuentra en un estado de lamentable decadencia. La crisis de los refugiados que huyen de las guerras que asolan el Oriente Próximo –sobre todo en Siria y en Irak- es el mayor drama humanitario al que se enfrenta Occidente desde la II Guerra Mundial y es un asunto tan complejo y de difícil gestión, que no se puede abordar ni con demagogia buenista, ni con soluciones milagrosamente inexistentes. Cabía esperar que la UE hubiera demostrado mayor altura política para afrontar el problema. Echarse en brazos del Gobierno turco mediante un acuerdo que no es sino un mal parche que en modo alguno resolverá la llegada masiva de refugiados a Europa –y que ni siquiera parece probable que se pueda aplicar- es “la más triste demostración de que Bruselas se siente tan paralizada como incapaz de buscar fórmulas acordes con el espíritu europeo”. El Acuerdo es “papel mojado”, salvo que los Estados miembros lo que en realidad traten sea de “dar apariencia de legalidad a su plan inicial de expulsiones masivas”. La Unión está tan desesperada que se entrega a un socio tan poco fiable como el régimen de Erdogan para ganar algo de tiempo, “como si fuera a escampar”. Según ha señalado Antonio Lucas, los refugiados no tienen identidad histórica para la UE. No cuentan, no existen, no valen. Desde su supuesta superioridad moral, ésta sólo ojea desganadamente la nueva tragedia humana. La Europa amurallada celebra convenios para expulsar gente igual que antes los concluía para comprar pólvora o seda. Entrega volquetes de seres humanos, expulsados -sin destino ni derecho-, a un tipo como Erdogan, que “se encargará de sacarnos de encima el marrón por unas perras”. Ninguno de los campeones de la paz levanta la voz más de lo necesario. “La condena a quedarse en la nada para miles de refugiados está siendo observada con científica imparcialidad por parte de Occidente”. Europa se alimenta de hipocresía.
Reacciones en España
Las organizaciones sociales y los partidos políticos de España han recibido mal el Acuerdo, considerado como un baldón en la trayectoria de la UE de defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Aparte de sus obligaciones morales y jurídicas, el Gobierno debería -incluso por razones egoístas- fomentar la inmigración ordenada. Que no nos digan –ha comentado José Antonio Gómez Marín- que un millón de inmigrantes resultaría un fardo demasiado pesado para esta abrumada Europa que tanto se ha beneficiado hasta ahora de las migraciones. “Lo que es una carga bajo la línea de flotación de la UE es precisamente la demostrada incapacidad de sus miembros para esforzarse en una solución que casi todos ellos han tenido que mendigar alguna vez”.
La tasa española de natalidad es una de las más bajas del mundo y no garantiza, el incremento de la población actual y ni siquiera su mantenimiento. Con el aumento del tiempo de vida de los españoles y el decrecimiento de la población productiva, difícilmente se podrá sostener el vigente régimen de pensiones, por lo que resulta imperativo aumentar la población joven mediante la inmigración. Es indecoroso que, pese a los compromisos asumidos en el seno de la UE, España sólo haya acogido en su territorio a 18 de estos refugiados. Dado que existe una consciencia social sobre la necesidad de ayudar a los refugiados que han huido de sus países para salvar la vida y la dignidad, el Gobierno de la Nación debería colaborar estrechamente con las Administraciones Autonómicas o Municipales y con las organizaciones sociales, para facilitar la acogida del mayor número posible de refugiados. No basta con condenar la xenofobia ajena y colgar carteles de bienvenida a los refugiados en los balcones de las instituciones públicas y privadas. Toda la sociedad española debería involucrarse y colaborar para solucionar el grave problema en la medida de sus posibilidades. Hay que concienciar a toda la sociedad de una España proclive a la acogida de refugiados, porque en el pasado fue –e incluso en el presente sigue siendo- un país de emigrantes. La legislación vigente –especialmente la Ley de 2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria- es bastante generosa y sólo hay que aplicarla con espíritu abierto y sin restricciones. También conviene soslayar la excesiva burocracia y huir de las interpretaciones formalistas y restrictivas, como se ha puesto de de manifiesto en la denegación de una beca al refugiado sirio-palestino Yusef al-Hasan. Lleva este estudiante residiendo varios años en España en calidad de refugiado –su familia está asilada en Alemania y en Suecia-, vive en un Centro de Acogida, percibe una renta mínima de inserción de 375 euros y sacó en el primer curso del Grado Superior de Eficiencia Energética una media de 9.42 puntos. Pese a ello, tanto el Ministerio de Educación como la Comunidad de Madrid le negaron una beca para cursar el segundo años del Grado, el uno porque no había determinado los ingresos de la unidad familiar, y la otra porque no había acreditado la composición de su familia, ni cursado el bachillerato en Madrid, aunque tuviera convalidado su título sirio. Afortunadamente, tras ser aireado el caso por la prensa, la Comunidad ha rectificado y le ha concedido finalmente la beca solicitada.
Como reza el refrán castellano, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. Por mucho oropel legalista con que se recubra el Acuerdo turco-comunitario sobre refugiados sirios, se percibe en el trasfondo la voluntad de la UE de expulsar de Grecia a Turquía por la vía rápida a los refugiados procedentes de su territorio. La Unión ha perdido el decoro en el tema de los refugiados. Bernard Henri-Levy ha comentado que la pasión nacional se impone una vez por todas sobre un sueño europeo reducido a los bienes gananciales de un gran mercado único, que si bien conviene al mundo de los negocios mundializado, desde luego no da a los pueblos su aspiración a más paz, más democracia y más justicia. Termino estas reflexiones con las palabras del antiguo juez del TEDH, Juan Antonio Carrillo:”La deseable regulación europea en materia de inmigración es imprescindible hacerla desde la óptica de los derechos humanos y no desde la perspectiva del mercado. Libre circulación de capitales, servicios y mercancías. ¡Muy bien!. Pero, ¿y las personas y los derechos fundamentales?. Si no los tenemos en cuenta, Europa será la de los mercaderes, pero no la Europa política caracterizada por la preeminencia de la persona y de los ideales democráticos”.