El gobierno de Mariano Rajoy impuso su Reforma Laboral en base a las recomendaciones del FMI y las reivindicaciones de la CEOE. Hizo oídos sordos de las peticiones de los sindicatos y, sobre todo, de las necesidades verdaderas del mapa empresarial español. En la Reforma Laboral de Mariano Rajoy y de su presunta ministra de Empleo se equivocan los términos al buscar la competitividad de las empresas españolas en bajadas salariales, en facilitar el despido al hacerlo casi gratuito o en aprobar los Expedientes de Regulación de Empleo en base a previsiones de pérdidas, en la precarización del empleo, en la eliminación de la protección sindical de los trabajadores al deslegitimar la negociación colectiva o en la búsqueda de salidas económicas que sólo perjudican al trabajador y favorecen al empresario. Es lógica esta visión por parte de alguien que no conoce la realidad del mundo del trabajo, que es un ignorante en el conocimiento del funcionamiento interno de una empresa y en los orígenes de los datos productivos. El presidente es un Registrador de la Propiedad y la presunta Ministra de Empleo pertenece a esa casta empresarial que está anclada en los modelos productivos del siglo XIX. Quiero recordar que el progreso de las naciones se encuentra en los modelos de producción y no en los modelos de especulación.
Sin embargo, las soluciones laborales están en el punto opuesto de la Reforma Laboral y en la generación de un nuevo sistema productivo en el que el Gobierno, tanto el central como el de las Comunidades Autónomas, debe ser el principal valedor.
En principio es importante la generación de un cambio en el modelo productivo español. Una economía fuerte no puede estar basada en un tejido empresarial basada en la PYME, tal y como ocurre en este país. Soportar la estabilidad del empleo en la PYME es poner la soga en manos del suicida o la pistola en manos del asesino. España no ha generado una estructura empresarial basada en la gran industria sino que la está destruyendo haciéndola casi inexistente. La España de Mariano Rajoy está yendo por el camino opuesto a lo que todos los indicadores marcan como camino hacia el desarrollo que es la Investigación y el Desarrollo, ya que las ayudas a este tejido empresarial está siendo masacrado por las medidas de ajuste que nos impuso la Troika para poder salvar al sistema bancario español. Un país con un tejido de industria y en el I+D+I no basado en la PYME puede crear crecimiento. No estoy afirmando que la PYME sea contraproducente con el crecimiento y la creación de empleo. Sin embargo, en un país donde se han ahogado las líneas de crédito empresarial, aspecto fundamental para ese tejido empresarial y su crecimiento, no es posible mantener los cimientos del sistema productivo español.
Durante la burbuja inmobiliaria el sistema productivo español estuvo basado en la construcción. Muchas empresas dejaron su actividad principal para meterse en ese mundo de la especulación salvaje que generó y potenció el gobierno de José María Aznar con sus reformas legales. En el corto plazo se crearon millones de empleos y se generó un crecimiento económico que era la envidia del mundo. Sin embargo, estas medidas fueron la tapa del ataúd para el futuro, tal y como estamos viendo ahora. La industria prácticamente desapareció. Cuando se empezaban a ver las orejas del lobo de la crisis económica se intentó que las empresas, tanto grandes como PYMES se internacionalizaran. El empresario español buscó todas las ayudas públicas para dicha internacionalización de actividad para realizar un proceso de deslocalización por el cual salieron de este país casi un millón de puestos de trabajo. Si sumamos este millón de empleos enviados a Asia, Europa del Este y Latinoamérica a los más de tres millones que se destruyeron con la explosión de la burbuja inmobiliaria, y al millón que ya había tenemos los cinco millones de parados que con las reformas de Rajoy han llegado a los 6 millones de parados, es decir, más de un cuarto de la población activa. Y sin perspectiva de recuperación porque la inutilidad que están demostrando Rajoy y la presunta Ministra de Empleo en este asunto es de niveles superlativos. Cada retoque que dan a la Reforma Laboral es una sangría de empleos y un acercamiento hacia los niveles de protección de los derechos laborales de Bangladesh o de Vietnam.
Rajoy, la presunta Ministra de Empleo y el Partido Popular cifran la recuperación del empleo en eso que han llamado flexibilidad laboral y que en lenguaje de calle es destrucción del marco laboral y de las condiciones mínimas para tener un trabajo digno. La flexibilidad laboral que preconiza el gobierno y que Ana Botella ha igualado a la invención de la rueda, al descubrimiento de fuego o de la penicilina al afirmar sin ruborizarse que la Reforma del Gobierno es uno de los mayores avances de la Historia de la Humanidad ha sido expresada en el mundo empresarial como un camino hacia la precarización del empleo, hacia la eliminación de derechos de los trabajadores y hacia la generación de un ambiente de chantaje para que aquellos que están desesperados por una situación de desempleo y de acercarse hacia la exclusión social acepten condiciones laborales que en otras condiciones desecharían. Vemos en prensa ofertas de trabajo con periodos de prueba de medio año sin remuneración, con exigencia de aportaciones económicas a los candidatos de estas ofertas o de pago en techo y comida, tal y como ocurría en el siglo XIX.
El Gobierno está obligado a legislar en favor de sus ciudadanos y no en favor de las élites, ya sean empresariales, ya sean económicas, ya sean eclesiásticas. Mariano Rajoy ha olvidado esta obligación y se ha decantado por la necesidad ideológica de defender a esas élites. Durante su gobierno se han eliminado, por lo menos, un millón de puestos de trabajo, cuando él prometió la creación de más de 3 millones. Durante su gobierno se han cuasi derogado los derechos de los trabajadores y el artículo 35.1 de la Constitución donde se afirma que «Todos los españoles tienen el DEBER y el DERECHO AL TRABAJO, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a UNA REMUNERACIÓN SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES Y LAS DE SU FAMILIA, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». Las políticas en materia laboral del Gobierno de Mariano Rajoy van en contra de este artículo de la Carta Magna, puesto que, tal y como ha reconocido la Comisión Europea, en España el hecho de tener un trabajo no es sinónimo de estar en una situación de prosperidad o de tener la capacidad para satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos. Las reformas que ha implementado e impuesto el Gobierno ultraconservador se han traducido en despidos, bajadas salvajes de salarios, creación de empleos precarios y a tiempo parcial. Vemos día a día cómo los trabajadores se humillan para conseguir una limosna o un minijob. Vemos cómo las políticas de Mariano Rajoy y su presunta Ministra de Empleo han generado una bolsa de desigualdad: las empresas aumentan beneficios mientras que los trabajadores pierden capacidad salarial; las empresas del IBEX ganan en competitividad mientras que los trabajadores pierden capacidad salarial; las empresas incrementan ganancias mientras que a los trabajadores se les rebaja el SMI a niveles de un país del Tercer Mundo. El Gobierno está obligado a legislar en favor de sus ciudadanos y las reformas del gobierno de Mariano Rajoy lo que ha creado es una situación similar a la posguerra, donde los ricos eran muy ricos, tanto los protegidos por el Régimen como los ladrones estraperlistas que se aprovechaban de la necesidad de los ciudadanos para llenar sus bolsillos, al igual que ahora.
Mariano Rajoy ha dicho y repetido hasta ser cansino que no ha tenido más remedio que aplicar esas medidas contra su pueblo. No es cierto porque existían y existen otros caminos para recuperar los niveles económicos sin necesidad de fustigar y castigar a los españoles. Citaré algunas que deberían ser la base para la creación de una Reforma Laboral basada en el crecimiento y no en el recorte, porque generando ese crecimiento se genera un mayor índice de ingresos para el Estado y no un incremento de los beneficios de las empresas gracias a la depauperización de las condiciones de los trabajadores.
En primer lugar, es necesario aplicar medidas que aumenten la productividad de nuestras empresas sin renunciar a la calidad y al ofrecimiento del valor añadido. Eso se consigue mejorando las condiciones de los trabajadores. España es uno de los países donde más horas efectivas se dedican al trabajo. Las jornadas laborales en este país son de las más extensas de Europa pero la productividad es muy baja. Hay una figura que el gobierno no se ha atrevido a tocar y es la jornada partida. Los trabajadores españoles comienzan su jornada a primera hora de la mañana y la finalizan al final de la tarde porque el tiempo que se tiene para comer no computa como horario laboral. Un ciudadano español se levanta a las 6 de la mañana, se desplaza a su puesto de trabajo, comienza su jornada a primera hora de la mañana, para para comer un mínimo de una hora, se reincorpora a su puesto, finaliza su jornada y retorna a su casa casi a la hora de cenar. Los trabajadores españoles dedican más de doce horas del día a su trabajo. Por eso, una medida para aumentar la productividad es la eliminación de la jornada partida, tal y como ocurre en países con un mayor desarrollo productivo como Suecia, donde las jornadas a primera hora de la tarde. Está demostrado que la jornada continua, con los descansos previstos en la Ley, aumenta la productividad del trabajador.
En segundo lugar, la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social para empleos no precarios y a tiempo completo implicaría un aumento significativo de la ratio de recaudación para el Sistema Nacional de Seguridad Social. Es posible que haya algún lector de estas líneas que desconozca que las empresas cotizan aproximadamente un 33% de la base de cotización del trabajador en concepto de Seguros Sociales. Es una reivindicación histórica de la CEOE que estos porcentajes de tributación se bajen pero cargando la diferencia en la cotización que aporta el trabajador. Sin embargo, la rebaja de las cotizaciones por parte del Gobierno sin aplicar las diferencias en el salario del trabajador repercutiría en la competitividad de las empresas españolas, lo que crearía empleo.
En tercer lugar, no es de recibo que un país con un SMI de los más bajos de la Eurozona, se apele a la rebaja salarial para ganar competitividad. La rebaja salarial que propugnan e imponen los empresarios está orientada al mantenimiento de los niveles de beneficios con una productividad menor. Esto es intolerable y Mariano Rajoy y su presunta Ministra de Empleo lo han permitido con su Reforma Laboral.
En cuarto lugar, Mariano Rajoy debe impulsar un sistema donde se premie el empleo estable y de calidad y no la precarización. Estos premios deben ir orientados hacia los incentivos fiscales y en base a la calidad del empleo y a los niveles de contratación neta.
En quinto lugar, Mariano Rajoy y su presunta Ministra de Empleo están obligados, en el entorno de crisis económica y financiera en que nos encontramos, a buscar soluciones para la financiación de PYMES y empresas y no potenciar la creación de nuevas empresas que ya nacen con un fracaso debajo del brazo. La solución al desempleo en España propugnada por el Partido Popular se puede resumir en la siguiente frase: «¿Estás en paro?, búscate la vida y monta tu propia empresa». La apuesta por el emprendimiento es el reconocimiento del fracaso de las políticas de empleo de este gobierno y la incapacidad para generar escenarios de creación de puestos de trabajo. De igual modo que ha sido el Gobierno quien ha conseguido una línea de crédito para rescatar a la banca con el fin de que ésta abriera el grifo del crédito a familias y empresas, debe ser el Gobierno quien busque líneas de financiación, ya sea en España, ya sea fuera de España.
En sexto lugar, Mariano Rajoy y su presunta Ministra de Empleo están obligados a buscar escenarios de contratación de nuevos trabajadores o de recuperación del empleo perdido. Un modo es hacer retornar las actividades que han sido deslocalizadas por parte de las empresas españolas, del mismo modo en que a partir de 2007 se dio facilidades a los empresarios para internacionalizarse. Éstos aprovecharon las subvenciones que se dieron para extender la actividad hacia mercados externos para hacer lo contrario: no internacionalizaron, sino que deslocalizaron sus actividades, lo que ha provocado que se hayan perdido más de 1,5 millones de empleos. El Gobierno está obligado a retornar estas actividades con políticas relacionadas con el punto dos que hagan atractiva la vuelta de dichas actividades a nuestro país. El ROI de estas políticas de incentivos fiscales es inmediato ya que el Estado recauda desde el mismo momento en que comienza la actividad.
Estas son seis fórmulas que podrían estar dentro de una Reforma Laboral que busque el crecimiento y el beneficio, tanto de trabajadores como empresarios. Evidentemente, todo pasa por la derogación de la actual, eliminando las facilidades para destruir empleo que la presunta Ministra de Empleo ha impuesto a los trabajadores y que los malos empresarios han acogido con los brazos abiertos, ya que hay empresas que no se están acogiendo a dicha Reforma. Con medidas así sí que se provoca que le economía real se recupere, no la economía de los mercados o los datos macroeconómicos y, a diferencia de la economía especulativa, la recuperación y el crecimiento de la economía real tiene un retorno inmediato en la recaudación estatal y en el mantenimiento del Estado del Bienestar. El planteamiento del Gobierno es que la recuperación de la macroeconomía al final acaba repercutiendo en la economía real, pero en el largo plazo y con las sobras de los beneficios del capital. Esto es posible o no, tal y como lo estamos viendo. Los poderosos y los representantes de ese nuevo capitalismo de la especulación son más poderosos y ricos mientras que el pueblo está empobrecido a niveles de la posguerra.
¿Buscará el Gobierno soluciones para el principal problema de los ciudadanos? Evidentemente, NO, pero debemos luchar para que lo hagan con algo más que unas pancartitas o unas ruedas de prensa. Sólo luchando, sólo haciendo ver a los sindicatos que la lucha obrera es más necesaria que nunca, lo conseguiremos. Con la pasividad actual los trabajadores quedamos expuestos a las garras del neoliberalismo más salvaje que representa el partido de Mariano Rajoy, el partido ultraconservador español.