El pasado mes de diciembre se cumplieron 40 años del comienzo del Proceso 1.001, el juicio contra diez sindicalistas de CC.OO. por pertenencia a un sindicato ilegal y por defender los derechos de los trabajadores. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban, Eduardo Saborido, Francisco García Salve (sacerdote), Luis Fernández, Francisco Acosta, Juan Muñiz y Fernando Soto fueron juzgados por el régimen franquista el mismo día en que Carrero Blanco fue asesinado por ETA en la calle Claudio Coello de Madrid. Tras la conmoción por la muerte del Jefe del Gobierno franquista, estos sindicalistas fueron condenados antes de acabar el año a penas que sumaban más de 170 años de cárcel, penas que fueron amnistiadas tras la coronación de Juan Carlos en noviembre de 1975. Este Proceso 1.001 lo podemos ver como un hecho histórico o desde una perspectiva relacionada con el eterno retorno de Eráclito. En el primer caso lo veríamos como un hecho que ya no se iba a volver a repetir, igual que las Cruzadas, el asesinato de Cánovas o el Descubrimiento de América. En el segundo caso lo veríamos como algo que se puede repetir, tal y como ocurre con otros procesos históricos. Desgraciadamente, en la España gobernada por el Partido Popular, el Proceso 1.001 es un hecho muy presente, muy de actualidad, muy del hoy.
Todo el mundo conoce del desprecio que el Partido Popular tiene a todo aquello que significa sindicalismo. Lo hemos visto en su criminalización de los liberados sindicales y en la constante campaña que hacen desde todos los foros que controlan hacia ellos. Lo hemos visto en el constante insulto a la libertad de los trabajadores a reivindicar sus derechos en cada conflicto que ha surgido. Lo hemos visto en la criminalización de la negociación colectiva. Lo hemos visto tantas veces que se ha convertido en un sinónimo el hecho de que el partido ultraconservador español tenga entre sus bases ideológicas el objetivo de acabar con los sindicatos o de crear una plataforma similar a la que existía en el Sindicato Vertical, donde los representantes de los trabajadores velaran más por los resultados de las empresas que por los derechos de los obreros.
Ese desprecio hacia todo lo relacionado con la libertad sindical que aprobó un gobierno de derechas, un gobierno que aún no había pasado por el filtro de las urnas, un gobierno cuyo presidente había sido elegido a dedo por el Jefe del Estado, un gobierno que, a diferencia de los de ahora, sabía de las necesidades democráticas del pueblo, se ve sustanciado en la Reforma Laboral de Mariano Rajoy y en la práctica destrucción de la negociación colectiva. La Reforma Laboral que ha destruido derechos de los trabajadores, que ha minimizado hasta niveles ínfimos la negociación colectiva, que prácticamente ha legalizado la gratuidad del despido, que ha dado todas las herramientas posibles a los empresarios para adelgazar plantillas o para depauperar las condiciones laborales y salariales, es un ejemplo de ello.
Sin embargo, el Partido Popular ha ido más allá. El control que ejerce sobre la Fiscalía General del Estado y sobre todos los órganos del Poder Judicial en este país, donde ha colado a un militante y a un ideólogo ultraconservador en las presidencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respectivamente, ha provocado que se haya iniciado una caza de sindicalistas más propia de la represión de la época del 1.001 que de la actualidad. Actualmente en España hay abiertas causas a sindicalistas donde las peticiones de la Fiscalía suman más de 120 años de cárcel. Es evidente que la intención y la estrategia es la de crear un estado de miedo en los trabajadores a la hora de reivindicar esos derechos que los Decretos Ley del Partido Popular les están hurtando. La derecha española tiene miedo a la fuerza de la clase trabajadora. Las constantes victorias por movilizaciones y huelgas, además de los continuos varapalos a los ERE’s paralizados o declarados ilegales por parte de los tribunales han provocado que el gobierno esté actuando en la sombra para imponer el miedo y crear un estado represivo hacia todo lo que huela a movilización de la clase obrera. Lo vemos en las declaraciones y las peticiones de importantes dirigentes del PP. Piden constantemente que se regulen las manifestaciones, lo que va en contra del derecho de manifestación y reunión que otorga a los españoles la Constitución. El propio Presidente Mariano Rajoy afirmó que era necesaria una regulación de la huelga tras las victorias de los trabajadores de la limpieza de Madrid después de que el conflicto finalizara con la aceptación de las justas reivindicaciones de aquellos que iban a ser víctimas de las políticas neoliberales del Equipo de Gobierno ultraconservador. ¿Dónde se ha visto que en un Estado democrático el Jefe de Gobierno de ese Estado quiera reprimir y recortar los derechos fundamentales de sus ciudadanos? En la España del Partido Popular, en la España que es gobernada por un partido heredero del Movimiento Nacional, en la España cuyo Presidente afirma que los hijos de la buena estirpe, los hijos de las élites son superiores al resto. Es evidente que hay una estrategia por parte de la derecha española para criminalizar a aquellos que tienen el valor de hacer efectivos los derechos que están reconocidos en la Constitución. Es evidente que esta estrategia está orientada a la generación de un estado de miedo para que los trabajadores acaten sin cuestionarse nada los abusos por parte de las élites empresariales o las leyes impuestas por el PP. Está claro que la derecha española quiere que la clase obrera no tenga ninguna defensa frente a los abusos tanto de las élites empresariales como de los gobiernos que hacen suyas las reivindicaciones de dichas élites.
El Partido Popular y su gobierno están orientando su estrategia hacia la destrucción de los derechos civiles a través de la criminalización de los mismos. Lo vemos con la Ley Mordaza de un Ministro de Interior que va a meditar a la tumba del Caudillo. Lo vimos en la represión a los republicanos el día de la proclamación de Felipe VI. Lo estamos viendo con estos procesos judiciales que son similares al Proceso 1.001. La deriva regresiva del PP está siendo muy peligrosa. Vemos cómo se permiten jornadas joseantonianas mientras se reprime y condena a aquellos que defendían sus derechos. Vemos cómo se permite que en un acto del Ejército del Aire se ensalce la figura de José Antonio Primo de Rivera mientras que se mete en la cárcel a aquellos que sólo defienden los derechos reconocidos por la Constitución.
Yo soy muy crítico con los sindicatos, pero soy crítico porque creo que hay demasiada pasividad en su acción. No veo que sea de recibo que con la situación actual no se hayan convocados más huelgas generales, no se haya generado una estrategia de lucha obrera a través de huelgas sectoriales que pusieran en jaque el propio sistema neoliberal que quiere imponer el PP, tal y como se hizo en la época del 1.001 para conseguir esos derechos sociales que ahora nos quieren hurtar. Sin embargo, soy de los convencidos de que los sindicatos de clase son necesarios para defender los derechos que la derecha española nos quiere arrebatar. Está claro que el Partido Popular quiere su extinción a través de la persecución de sindicalistas de base porque con los dirigentes no se atreven.
En 1973 fueron Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, y los arriba mencionados. Ahora son los trabajadores de Airbus, ahora es Ana, ahora es Tamara, ahora es Katiana. Han pasado los años, pero los métodos vuelven a ser los mismos. ¿Será por su nostalgia por el Vertical o pretenden legalizar la impunidad a los abusos empresariales sobre la clase trabajadora?