jueves. 28.03.2024

Demasiado para Kafka

Después de más de ocho años desde que se empezara la investigación del 'caso Astapa', la Justicia no ha hecho justicia todavía.

Hace unos días se publicaba un extenso y muy interesante reportaje sobre la situación judicial del caso Astapa, con motivo del séptimo aniversario del día en que doscientos policías irrumpieron en el ayuntamiento de Estepona y se llevaron detenido, entre otros, a Antonio Barrientos, el alcalde, después de haber registrado las dependencias del ayuntamiento y su domicilio particular. Por supuesto, antes de aquel día la policía había estado investigando al alcalde y sus colaboradores, con todos los medios materiales y legales a su alcance, como por ejemplo seguimientos y escuchas telefónicas autorizadas por un juez.

La noticia es que, después de siete años desde que la policía entrara en el ayuntamiento, o más de ocho años desde que se empezara la investigación, la Justicia no ha hecho justicia todavía. Cinco jueces se han ido ocupando del caso a lo largo de todo este tiempo, y 109 personas siguen a la espera, algunas ya para toda la eternidad, no ya de saber si son culpables o inocentes, sino de qué se les acusa.

Recuerdo que aquellos días todo el mundo “sabía” lo que estaba pasando en Estepona. Menos los dirigentes del PSOE, por supuesto. Razón por la cual algunos pedían la dimisión desde la secretaria general provincial al secretario general federal. Si todo el mundo lo “sabía”, ellos “tenían” que saberlo, y si no lo sabían, entonces eran culpables. Siete años después la Justicia, con todos sus recursos humanos y materiales, no ha sido capaz de establecer qué delitos cometieron cada una de esas personas y qué penas han de cumplir. Uno se pregunta: ¿pero qué es lo que “sabía” todo el mundo? Si todo era tan evidente, si todo estaba tan claro, ¿cómo es posible que la Justicia, con sus profesionales del derecho, no haya resuelto en siete años lo que todo el mundo “resolvió” en unas pocas horas? Conozco a una ex alcaldesa condenada por prevaricación administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y absuelta una año más tarde en el Tribunal Supremo. Tema de debate: ¿era esa mujer culpable durante aquel largo año que duró su apelación o era inocente? ¿Prevaricaron los jueces que la condenaron en primera instancia?, ¿o para ellos es difícil dirimir lo que para “todo el mundo” es sencillo?

Ninguno de los recursos, de las posibilidades que tiene la Justicia, las tienen los dirigentes de los partidos a ningún nivel. Ninguno puede, por ejemplo, encargar seguimientos y escuchas de las conversaciones de sus compañeros alcaldes. Y echar a las personas por una mera sospecha es bastante sospechoso, la verdad. Se presta a arbitrariedades y abusos muy injustos en el seno de los partidos. Los que exigen una justicia sumarísima deberían responsabilizarse de lo que hagan las personas a las que les dan ese poder.

El contraste entre la lentitud de la Justicia, que la política no ha sabido corregir, y la rapidez de los medios de comunicación a la hora de calificar y juzgar los delitos de corrupción política está fomentando el crecimiento de un populismo penal que no es nada bueno para nuestra democracia.

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