lunes 10/8/20

Nuevos y esperanzados tiempos de tejedores

El gran historiador Josep Fontana advertía contra una ingenua confianza, tal vez heredada de la Ilustración, de ver la historia como una marcha constante en el progreso. No ha sido nunca así y, en concreto, en la historia de España ha habido demasiados retrocesos como nos dijo el maestro D. Ramón Carande. No puede negarse que desde la Constitución de 1978 ha habido un indudable progreso en todos los órdenes de la vida social de la mano del reconocimiento y disfrute de derechos de ciudadanía negados en la dictadura franquista, pero no es menos cierto que en el ocaso de siglo XX y en esta primera veintena del XXI, el deterioro de esos derechos, y en particular los derechos sociales, está llevando a una brutal regresión del principio democrático.

Cuando los derechos de la persona que trabaja son sacrificados en el ara de una idea de la productividad de la empresa interpretada unilateralmente por el empresario, la democracia languidece porque se abandona y rompe en favor de este último la aspiración a un cierto equilibrio que el Derecho del Trabajo trata de alcanzar en la relación entre quien no tiene poder (la persona que trabaja) y el titular de los medios de producción (que sí lo tiene), y eso, no solo tiene consecuencias en el relación privada entre esas dos partes, sino que se proyecta sobre el orden constitucional al negar el valor político del trabajo que hace entrar en la esfera de la ciudadanía a la persona titular de aquellos derechos.

Con algunas excepciones, las reformas del Derecho del Trabajo (y las de Seguridad Social), marcadamente a partir de los años 90 del pasado siglo, han traído un recorte progresivo de los derechos de las personas trabajadoras, pero ninguna tan agresiva (el ministro De Guindos dixit) como la del PP de 2012. Uno de los efectos más terribles de estos recortes continuos es que se ha ido instalando en una gran parte de la población una resignación basada en la creencia de la imposibilidad de la vuelta atrás, es decir, frente a la irregresividad de los derechos se acepta su regresividad por la irreversibilidad de las reformas y, con ello, se extiende un desánimo (desencanto, se decía ya a mediados de los años 80) que corroe la confianza en la política como instrumento de mejora de las condiciones de vida de los comunes mortales, corroe la confianza en la democracia misma, que queda secuestrada en las manos de los poderes económicos y los medios de comunicación por ellos controlados. Este es el caldo de cultivo de las políticas de fascismo difuminado que se extienden por el mundo y aherrojan en el miedo a los jóvenes en el paro o en precario con salarios miserables: a los mayores amenazados con pensiones de mera supervivencia; a las personas que trabajan sufridoras de la “devaluación salarial” y sobre las que pende la espada de Damocles del despido o el cambio a peor de condiciones de trabajo; a la ciudadanía que contempla y sufre el deterioro progresivo de la  sanidad pública y el avance de una educación segmentada entre ricos y pobres, y un escandaloso aumento de la desigualdad.

Es llegado el tiempo de recomponer como modestos tejedores los destrozos causados por las políticas neoliberales

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que hoy ha permitido obtener la confianza del Congreso para tener un nuevo gobierno es histórico, no solo porque da lugar al primer gobierno de coalición en España desde la Segunda República (algo usual en otros países europeos), sino porque trae un cambio de tendencia que insufla vitalidad al principio democrático. Son muchos los temas en él acordados, pero aquí solo nos referiremos a algunos sobre el trabajo. Lo primero a destacar es que ¡por fin! al trabajo se le da la relevancia que ha ido perdiendo en estos últimos años. No es por casualidad que se dedique el primer capítulo de dicho acuerdo a las políticas laborales y lo haga con meridiana claridad. Después de anunciar que las partes firmantes pondrán en marcha los mecanismos para aprobar un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, en su punto 1.3 se lee:

Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma de 2012. Y añade:

Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente:

Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.

Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. 

Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.  

Asimismo, modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa. 

Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves. 

1.4.- Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea.

Hay otras muchas medidas encaminadas a encarar el deterioro de los valores democráticos y de las condiciones de trabajo producidas por la confusa regulación legal que permite un uso fraudulento de algunas figuras normativas en materias tales como el tiempo de trabajo, las modalidades contractuales, o los falsos becarios y autónomos. 

En materia de Seguridad Social es de destacar que los firmantes del acuerdo se comprometen a derogar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las pensiones introducidos en la reforma de 2013 cuya aplicación produciría una reducción considerable de la cuantía inicial de la pensión.

Para quienes creen en la capacidad de transformación social del derecho y en la vigencia del principio democrático, es este un acuerdo esperanzador. Es pertinente ahora recordar lo enseñado por dos grandes juristas del trabajo europeos, Umberto Romagnoli y G. Lyon-Caen. Para el primero, el Derecho del Trabajo se ha caracterizo por sus micro discontinuidades, rupturas, (aunque las de los últimos años han sido más bien macro) que han precisado de tejedores para recomponer el gran tapiz de derechos y obligaciones. El segundo nos recordaba que el Derecho del Trabajo está constituido por reglas e instituciones reversibles, que hay avances y retrocesos y que estos últimos permiten la recuperación de la marcha hacia delante. Es Penélope convertida en jurista, decía.  

Es llegado el tiempo de recomponer como modestos tejedores los destrozos causados por las políticas neoliberales y dar cumplida cuenta de las exigencias de la cláusula social del Estado Democrático de Derecho en que España se constituye según el art. 1.1 de la Constitución, tan olvidada por las derechas españolistas demoledoras de la cohesión social de nuestro país, que es lo que rompe en verdad España. No va a ser tarea fácil vista de la furia desplegada por los medios de comunicación con mayor difusión y los representantes de las derechas minoritarios en el parlamento. Esperemos que la poderosa oligarquía que detenta enormes poderes económicos se resigne, ahora ella, ante las futuras leyes que se van a ir elaborando que modestamente buscarán mejorar las cotas de libertad y de igualdad para la inmensa mayoría de la ciudadanía española, en especial aquella que más ha sufrido las consecuencias de la crisis del 2008 de la que no fue causante.

Bien se sabe que no todo depende de las leyes, pero las buenas leyes, acompañadas de otras acciones ciudadanas contribuirán a mejorar la cohesión social y una convivencia más saludable.

Nuevos y esperanzados tiempos de tejedores