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sábado. 26.11.2022

Por un Gobierno comprometido con el trabajo decente

El pacto del PSOE con Ciudadanos no puede ser la base de coaliciones más amplias, porque desvaloriza y despolitiza el trabajo.

El pacto del PSOE con Ciudadanos, en lo que al trabajo se refiere, si se mantiene en sus términos actuales, no puede ser la base de coaliciones más amplias, porque desvaloriza y despolitiza el trabajo

Pasada la primera fase de búsqueda de coaliciones parlamentarias para formar Gobierno, se abre otra nueva. No parece aventurado sostener que estamos inmersos en un alarmante deterioro de la democracia y por ello cualquier acuerdo de gobierno debe tener como objetivo central acabar con él. Para ello, parece evidente que no se puede contar con el Partido Popular que con sus políticas ha sido y es un agente clave de ese deterioro. Ahora que llega la Semana Santa el PP debería emprender un largo camino por el desierto ataviado con jirones de un pobre saco por toda vestimenta, arrojándose ceniza por la cabeza en señal de expiación. Aunque la arrogancia que le caracteriza es casi seguro le impedirá hacerlo. Un partido, además, altamente sospechoso de dejarse atrapar, para obtener financiación ilegal, en una red tejida por poderosos corruptores a cambio del reparto de prebendas desde el poder que le otorga el dominio de instituciones públicas. Presuntamente ha concurrido a las elecciones como la atleta Marta Domínguez, militante suya, hacía en las competiciones: recurriendo al doping y por ello ha sido privada de las medallas que tan torticeramente obtuvo. Debería de haber un mecanismo para privar de sus escaños a los partidos tramposos cuando han recurrido al doping de la financiación irregular.

Pero la única o principal amalgama de la nueva coalición no puede ser mandar al PP a la travesía del desierto. Tendrá que ser construida en positivo, es decir, hay que ponerse a “desfacer enturertos”. Muchas son las tareas que hay que emprender, pero podrían resumirse en la urgente necesidad de limitar los grandes poderes económicos y sociales (en especial mediáticos) que una ínfima élite detenta generando una enorme desigualdad y un vaciamiento del Estado Social y Democrático de Derecho en que, según nuestra constitución, España se constituye. De todas esas tareas hay una esencial, cual es la dar al trabajo el valor social y político que tiene. El trabajo con derechos, resultado de la azarosa y heroica lucha de generaciones que nos han precedido, ha sido el resultado de la construcción de un Derecho del Trabajo que tiene como esencia la búsqueda de un reequilibrio (aún imperfecto) de la posición social y económicamente desequilibrada entre empresario y trabajador. Reconocer derechos a la persona que trabaja ha sido el pasaporte hacia la ciudadanía para quienes, teniendo que vender su trabajo, no eran sino súbditos en un mundo de sujetos de derecho solo formalmente iguales pero realmente muy desiguales. La imposible separación de la persona que trabaja del trabajo que por el contrato se obliga a prestar al empresario hace que, en una sociedad que aspire a un mínimo de decencia, el trabajo no pueda ser considerado una mercancía.

Por esta razón el pacto del PSOE con Ciudadanos, en lo que al trabajo se refiere, si se mantiene en sus términos actuales, no puede ser la base de coaliciones más amplias, porque desvaloriza y despolitiza el trabajo. Por poner algún ejemplo, el “contrato estable y progresivo”, inspirado en el programa de Ciudadanos,  de dos años de duración máxima, es una contradicción en los términos pues ¿cómo puede ser estable lo que es temporal?. Se presenta como una gran novedad para superar la precariedad pero su grave error de partida es que con ese contrato se abandona de modo definitivo la causalidad en la contratación, según la cual para necesidades permanentes de las empresas deberían hacerse contratos indefinidos. Ahora este contrato será el modo de ingreso ordinario al trabajo, pero, además, ignora que hay necesidades en sí mismas temporales, como las obras o servicios determinados, las circunstancias eventuales por razón de la producción o las situaciones de interinidad. La precariedad viene de la amplia facultad de disposición del contrato de modo unilateral en manos del empresario, ya sea indefinido o temporal. Amplia disponibilidad que muestra toda su potencia lesiva en la enorme facilidad para despedir. La confusión entre precariedad y temporalidad se produce cuando, como ocurre ahora, hay fraude masivo en la utilización de las figuras contractuales temporales. En vez de perseguir el fraude, lo que se hace con este “contrato estable y progresivo” es legalizarlo.  La precariedad tiene otra gran fuente en la banalización de la causa para despedir. La Constitución, el Convenio 158 OIT, la Carta Social Europea, la carta de Derechos Fundamentales de la UE y el propio Estatuto de los Trabajadores exigen que para que el despido sea lícito tiene que, además de cumplir con requisitos de forma y poder ser revisado ante un tercero neutral (jueces en nuestro caso), responder a una causa lícita. Reducir el problema del despido al montante de la indemnización es degradar la exigencia de causa. La indemnización, en los casos de despidos declarados contrarios a derecho, solo tiene sentido cuando no hay posibilidad de readmisión del trabajador a su puesto, que sería lo coherente.  En la práctica se está instalando una cultura de despedir sin causa a cambio de una indemnización tasada y limitada, cada vez más limitada, cuando, de acuerdo a buena técnica jurídica, esos casos deberían ser declarados nulos con opción para el trabajador por la readmisión o la indemnización. Si optase por la indemnización (por temor al futuro clima laboral, por ejemplo), además de la indemnización tasada y limitada, podría reclamar por todos los daños que la decisión injusta de despedir del empresario le ha causado, daños que tendrían que ser demostrados.

Nada de todo esto se refleja en el acuerdo del PSOE con Ciudadanos, sino que, por el contrario, se insiste en la línea de tendencia de enfangar la problemática del despido, que es donde se pone más descarnadamente de manifiesto “la violencia del poder privado” (BAYLOS y PÉREZ REY), en un asunto de indemnización. La regla de “toma el dinero (poco) y corre” es una clara expresión de tratar al trabajo (por tanto al trabajador) como una mercancía, una commodity para decirlo en la jerga de los economistas que inspiran en los últimos tiempos las reformas laborales. Si hay una voluntad de “regeneración democrática” un partido como Ciudadanos, que ha sacado 3.500.446 votos y 40 diputados, debería estar de acuerdo en ceder en sus posiciones en materia social frente a partidos como PSOE, Podemos, IU, PNV (que no tiene en materia social una ideología neoliberal) y Coalición Canaria que suman más de 12.000.000 de votos y 168 diputados. Para ello sería bueno que trajeran a su mente que, nacida como respuesta a la terrible experiencia de la 1ª Guerra Mundial, la OIT cumplirá su centenario en 2019. Sigue vigente lo que su Constitución establece: “que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”, y que “si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.  Por ello, el primer principio fundamental sobre los que se basa es que “el trabajo no es una mercancía”.

Por un Gobierno comprometido con el trabajo decente