martes. 23.04.2024

En defensa de los servicios públicos

En España la acentuación de las políticas privatizadoras a partir de 2008 ha encontrado una fuerte resistencia social.

La “revolución conservadora” que se desató en Estados Unidos y Gran Bretaña con los Gobiernos de Reagan y Thatcher generó una larga onda ideológica que, bajo el manto de una denigración de lo público y exaltación de lo privado,  trajo consigo la adopción de políticas de privatización de servicios y empresas públicas. Esas políticas no se circunscribieron al mundo anglosajón, ni a los años ochenta del pasado siglo, sino que se extendieron por todo el mundo y han continuado hasta la actualidad.

España no ha sido una excepción, aunque la furia privatizadora ha tenido su apogeo en los años en los que el Gobierno ha sido ocupado por el partido de la derecha, sin que fuera una práctica desconocida por los gobiernos socialistas.  Los efectos de las políticas privatizadoras ha sido muy negativos, con dramáticas consecuencias en vidas humanas, como los accidentes de ferrocarril en Gran Bretaña debidos a insuficientes inversiones en las infraestructuras privatizadas con reducción alarmante de los niveles de seguridad, lo que dio lugar a llamativos accidentes con victimas mortales. La sanidad, la educación, el suministro de agua, la energía, las comunicaciones y otros servicios, como la limpieza viaria o la atención domiciliaria a personas en estado de dependencia tampoco escaparon a la ola privatizadora.

En España la acentuación de las políticas privatizadoras a partir de 2008 ha encontrado una fuerte resistencia social alimentada por la evidencia del deterioro de la calidad de los servicios cuando estos han pasado a gestión en manos privadas, del mismo modo que ha visto como una falacia la supuesta mayor eficacia y ahorro de costes que se decía traía lo privado. En adición a ello se ha ido desvelando que las operaciones privatizadoras han sido la cobertura de mayúsculos escándalos de corrupción. Todo ello ha provocado un deterioro de la calidad de la democracia.

Tal vez por ello, las últimas elecciones municipales han traído significativos cambios en el gobierno de los más importantes municipios de España en los que candidaturas alternativas han triunfado con programas de regeneración democrática que incluían pretensiones de recuperar la gestión pública de servicios otrora privatizados.

Hay una corriente que en cierto modo recupera las clásicas doctrinas del servicio público de las que León Duguit es un eximio representante. Tienen completa vigencia sus ideas sobre la insuficiencia de la representación y la soberanía como legitimación  del mayor poder de los gobernantes. Hay ciertas obligaciones que se les imponen en relación con los gobernados cuya realización es la justificación de su mayor fuerza. La interdependencia social es el fundamento de esas obligaciones. En un mundo tan complejo como el actual pretender que el individuo es un ser autónomo capaz con sus solas fuerzas de proveerse en el mercado de lo que necesita para la satisfacción de sus necesidades es una mistificación que si se mantiene es por la enorme presión de los medios de persuasión en manos de grandes grupos económicos, pero no resiste su cotejo con los hechos. El servicio público, entendido como “toda actividad cuyo cumplimiento ha de ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por intervención de la fuerza gobernante”[1], debe volver a ser el centro de la actuación de los poderes públicos. Hay bienes comunes, como el agua, que han sido objeto de tráfico mercantil, lo que da a entes privados un poder enorme sobre la vida de la colectividad y eso no es compatible con la idea de una vida en común civilizada.  

Volver a la esfera del servicio público todas estas actividades y bienes no es tarea sencilla porque el marco jurídico actual pone enormes trabas. Es fácil privatizar, pero difícil la vuelta a lo público. El derecho de la Unión Europea no facilita mucho las cosas, pero es el marco del que hay que partir por el juego de los principios de primacía y autonomía en sus relaciones con los derechos de los Estados Miembros. La libre prestación de servicios es una de las libertades fundamentales de la Unión y el concepto de servicio del art. 57 TFUE es bastante amplio y difuso. Ciertamente hay cierto espacio para utilizar la vía de las “exigencias imperativas” que puedan justificar restricciones a la libre prestación de servicios reconocida en el art. 56 TFUE, pero no es tarea sencilla. Mucho más problemática sería la situación si se llega a suscribir el TTIP o, peor todavía, el TiSA (Trade in Services Agreement) que la Unión Europea, Estados Unidos y unos 30 otros países están negociando en secreto al margen de la Organización Mundial del Comercio para ir más lejos en la liberalización del “comercio de servicios” de lo previsto en el Acuerdo General del Comercio de Servicios.

En defensa de los servicios públicos