sábado. 20.04.2024

La Ley de Seguridad Nacional del PP, sigue el discurso del miedo

En España es una evidencia la necesidad de repensar y actualizar el concepto de seguridad nacional, una parte del ordenamiento jurídico que soporta hoy ese concepto es de 1986.

Hoy es una evidencia internacional que la libertad en España está en peligro como demuestran las leyes que han endurecido el Código Penal y la ley mordaza que recientemente han aprobado las Cortes españolas

En España es una evidencia la necesidad de repensar y actualizar el concepto de seguridad nacional, una parte del ordenamiento jurídico que soporta hoy ese concepto es de 1986, el año en que entramos en la OTAN y, evidentemente, el mundo y España han cambiado.

La ley proclama en su preámbulo como objetivos de la misma proteger la libertad y proteger también el bienestar de los ciudadanos. Hoy es una evidencia internacional que la libertad en España está en peligro como demuestran las leyes que han endurecido el Código Penal y la ley mordaza que recientemente han aprobado las Cortes españolas. También el bienestar. No es que esté en peligro el bienestar de España, es que está por los suelos, porque a ello nos ha llevado la suicida política económica del Gobierno, esa política austericida sobre la cual recientemente un importante y destacado grupo de famosos economistas ha dicho públicamente que o acabamos con ella o ella acabará con las libertades y con la democracia. Por tanto, en España hay un claro peligro para la seguridad nacional, pero este claro peligro tiene dos palabras: Partido Popular. Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos.

Hoy es cierto que los riesgos internacionales de seguridad son evidentes, pero cuando hablamos de los nuevos riesgos de seguridad internacional debemos recordar, los errores cometidos en el pasado reciente. En su momento enviar tropas a Irak significó la amenaza de seguridad más importante de la reciente historia de España, y lo pagamos muy caro. Es evidente que hoy participar en la organización de la OTAN, esa que aprueba el rearme de los distintos países del Este de Europa frente a Rusia, es una amenaza creciente. Hablando de la OTAN, hay que recordar que el caso más grave de ciberespionaje que ha vivido la Unión Europea en los últimos años ha sido protagonizado por las agencias de seguridad de nuestro teórico aliado, los Estados Unidos. Los presidentes de Francia y Alemania han sido espiados por esas agencias de seguridad e incluso ese SMS tan famoso de «Luis, sé fuerte» antes que el pueblo español se rieron probablemente de el en la mismísima Casa Blanca.

El Si en el Referéndum de la OTAN en 1986 excluía expresamente la pertenencia de España a la estructura militar y la presencia de armas nucleares en nuestro territorio, lo cual ha sido incumplido por los gobiernos del PSOE y del PP, eso sí es una grave amenaza de seguridad que pesa sobre las bases norteamericanas en España y sobre el conjunto de nuestro país, hoy Rota y Morón son objetivos del terrorismo internacional porque son bases nuclearizadas por los Estados Unidos.

Hoy es una evidencia también que invadir Libia, decisión tomada por el Gobierno del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, ha creado un Estado fallido que es una de las amenazas de seguridad más importantes en este momento en el Mediterráneo. Es una verdadera fábrica de terrorismo y en este momento intentamos atajar el problema, pero nos lo teníamos que haber pensado antes, cuando lo creamos bombardeando ese país. Hoy es una evidencia también que es un peligro para la seguridad haber tenido ante el conflicto sirio y la oposición siria una actuación absolutamente dudosa, confundiendo a líderes opositores y terroristas. Hoy Siria es una fábrica de terroristas que son entrenados militar y políticamente y algunos de ellos vuelven a las capitales europeas y sabemos perfectamente qué es lo que hacen. Ese también ha sido un error estratégico importante de la política exterior española que nos ha reducido la seguridad. Reducir la cooperación internacional tal como la ha reducido el Gobierno del PSOE primero y después drásticamente el del PP en los últimos años es un peligro para la seguridad, porque hay que atajar algunos conflictos en su origen; conflictos basados en pobreza y corrupción que han generado el caldo de cultivo para la extensión y crecimiento del yihaidismo sectario. Cuando reducimos la cooperación de forma drástica, reducimos una contribución que puede ayudar a  atajar la base del problema.

En las fronteras no es donde se resuelven los problemas de la inmigración, sino que se resuelven en su causa y origen. En las fronteras hay que tener cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado bien preparados para que no vuelva a ocurrir el desastre de Tarajal, pero antes hay que incidir en la pobreza y la corrupción de esos países. Hoy el Gobierno del PP está haciendo mucho menos que en los años anteriores, y eso también es estrategia de seguridad nacional. Hoy reducir y escatimar la presencia diplomática de España en embajadas y consulados es también un problema de seguridad. España debe robustecer su presencia internacional y, por tanto, los recortes nos hacen menos influyentes y menos fuertes en el ámbito de la diplomacia, que es donde están las soluciones y no enviando más y mejores tropas a mas frentes inestables. Nos hace falta también eficacia como lo demostró la crisis del ébola, que se llevó por delante a una ministra porque la incompetencia es terrible cuando suceden crisis de seguridad médica como la que vivimos en su día.

Hoy puede afirmarse que una parte de las decisiones en la política internacional del Gobierno del Partido Popular incrementan los riesgos de seguridad. 

La libertad y la seguridad forman parte de un todo indivisible en una sociedad democrática; seguridad ciudadana para el disfrute y ejercicio de los derechos y libertades. Bienestar social y seguridad son conceptos complementarios. No pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se aborda la erradicación de causas tales como la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social mediante políticas integrales de empleo y protección social. Para que una política de seguridad sea avanzada debe estar integrada en una política social que promueva la transformación de la comunidad. La seguridad debería entenderse como un instrumento al servicio de la instauración y mantenimiento de la paz social, es decir, al servicio de la protección y desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales y en condiciones de igual dignidad y libertad. Por tanto, rechazamos el concepto ideológico de seguridad en manos del Partido Popular porque su seguridad, la seguridad que se pretende defender en esta ley, es inseguridad para la mayoría de la población española, aunque sea seguridad para una minoría. Esta ley va en la línea del endurecimiento del Código Penal y de la ley mordaza y, por tanto, es un problema para la libertad.

Este proyecto es profundamente recentralizador y tiene tintes militaristas. Esta tendencia ya aparece en la reciente Ley de Acción Exterior. Las leyes de Acción Exterior y de Seguridad Nacional no pueden ser utilizadas por el PP para extender la idea de que algunos debates políticos que hay en España son un problema de seguridad interior. El debate en Cataluña y el debate en Euskadi no se solucionan con la Guardia Civil ni con un mayor control de la Administración Central del Estado se solucionan con diálogo político. Y si no se solucionan con diálogo político, no se solucionan. El Estado de las autonomías es una realidad y aunque se barnice con la palabra coordinación una nueva propuesta recentralizadora. El ministro de Interior ha despreciado la colaboración en temas de seguridad nacional de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, que recuerdo, son policías constitucionales.

En el reciente informe sobre la seguridad nacional del año 2014 se afirmaba que hay unos principios y valores que defiende España y que esos principios y valores están en las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en la OTAN. En las Naciones Unidas nos podríamos poner de acuerdo, pero para buena parte del pueblo español, y parece que también para buena parte del pueblo griego, los principios y valores que actualmente rigen el modelo de construcción europea y las decisiones que se están tomando en el marco de algunas instituciones europeas, no son ni principios ni valores compartidos. Los principios y valores de una organización obsoleta en la historia como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte tampoco son principios y valores que podamos compartir. Por tanto, ¿de qué principios y valores estamos hablando? Afirmar que estos principios y valores son objeto de consenso en la sociedad española es un abuso ideológico conservador. Hoy, la actual Unión Europea y la OTAN no nos representan, hoy, la troika (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) no nos representa y no representa a una buena parte de la sociedad española. No compartimos el discurso del miedo, seguridad no significa solo riesgos y amenazas, es mucho más. 

La Ley de Seguridad Nacional del PP, sigue el discurso del miedo