El objetivo de una política fiscal de izquierdas no es el equilibrio de las cuentas públicas sino que la gente viva mejor y sea con ello más feliz, hablamos de la mayoría social trabajadora en su conjunto y no de aquellos segmentos de la población que ya disfrutan de las rentas más elevadas.
Existe una relación directa entre fiscalidad y desigualdad ya que en los últimos lustros gobiernos del PSOE y del PP con el apoyo de CiU han procedido a una desfiscalización generalizada con rebajas de impuestos a las rentas altas, disminución de la progresividad impositiva y la creación e incentivo de más figuras fiscales que facilitan el fraude i la evasión. Desde 2007 la presión fiscal se ha desplomado en España seis puntos porcentuales. El expresidente Zapatero tuvo la desfachatez de afirmar que bajar impuestos era de izquierdas pero los que realmente ganaron mucho dinero con esas políticas han sido los ricos y súper ricos.
A la desfiscalización se sumó el hundimiento de la recaudación por la crisis y con ello quedaron aparentemente justificados los recortes y la austeridad como solución de sentido común al pretendido despilfarro.
Además el sistema tributario es profundamente injusto, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) el 44% de los ingresos del Estado procede del IRPF, de los cuales el 83% de la recaudación se basa en las rentas del trabajo. Otro 32% de los ingresos procede del IVA, que todos los ciudadanos pagan por igual independientemente de su nivel de renta.
A esa situación hay que añadirle el elevado fraude fiscal que se soporta en nuestro país, uno de los más elevados de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), hablamos de cerca de 90.000 mil millones de euros que se concentra en un pequeño sector de la población, las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que utilizan las instituciones financieras para canalizar la evasión y el blanqueo de esos capitales. Las puertas giratorias garantizan que un selecto grupo oligárquico controle los negocios y la política que mantienen el sistema.
Consecuencia de todo ello la desigualdad se ha incrementado en España de forma importante durante la crisis. Según los datos de un informe reciente de la OCDE sobre desigualdad “Los ingresos reales del 10% más pobre de la población disminuyeron de un 13% al año entre 2007 y el 2011, comparado con una baja del 1,4% para el 10% más rico”. Por ello las personas en riesgo de exclusión social han pasado del 26% al 29,2% entre 2010 y 2013 en España. De hecho en los 34 países miembros de la OCDE la desigualdad ha alcanzado su máximo nivel en los últimos 30 años.
Ese mismo informe citado señala que la devaluación salarial y el paro son factores determinantes de desigualdad. Los asalariados pobres, los parados de larga duración y los jóvenes emigrados por razones laborales son duras fotografías del país real que no está saliendo de la crisis como anuncian los titulares del Gobierno del PP. Su precarización es la otra cara de la moneda de la recuperación concentrada en los nuevos beneficios multimillonarios de las empresas del IBEX-35.
El endeudamiento hipotecario de las familias en España es señalado como un tercer factor de desigualdad en España ya que los 18 millones de hogares concentran una vivienda en propiedad en el 82,7% de los casos. Muchos de esos casos o no pueden pagarla o destinan un porcentaje elevadísimo de sus ingresos a ese hecho. Son las consecuencias desgarradoras de la burbuja inmobiliaria que tanto enriqueció a promotoras, constructoras y sector financiero.
Reducir la desigualdad es un objetivo civilizatorio, está destruyendo nuestra sociedad y es uno de los factores determinantes que impiden el crecimiento de la economía. La propia OCDE recomienda políticas fiscales de redistribución con mayores impuestos personales directos para de esta manera mantener e incluso aumentar las transferencias sociales, los sistemas de sanidad y educación pública y las pensiones. El peligro de fractura social es real y las políticas acumuladas en España especialmente a partir de Mayo de 2010 son determinantes para ello.
Tal vez la característica más sangrante del capitalismo financiero del siglo XXI es la desigualdad y la forma de superarla es la organización y la consciencia de la alternativa a los mecanismos de su reproducción Hoy no solo es posible, es urgente.