Pieza a pieza y a velocidad de vértigo todas las instituciones del Estado sin excepción sufren una grave crisis de credibilidad y de profunda deslegitimación social. Tanto, que está en riesgo la consistencia democrática de nuestra sociedad.
Ahora, al conocerse la militancia en el PP de su Presidente, se ha recrudecido la polémica sobre el Tribunal Constitucional. Aunque a mi entender el debate se ha situado interesadamente en las ramas y no en el tronco del conflicto ni en las raíces de un problema que viene de lejos.
España vive un proceso de degradación democrática que tiene en la concentración del poder político y su distribución bipartidista, si no la única, sí una de sus principales causas. El ejercicio absolutista de la mayoría absoluta por el PP lo ha hecho más patente y lo ha agravado, pero las causas son anteriores y más profundas.
La diferencia entre lo que sucede hoy y lo que viene pasando durante décadas es que el desequilibrio electoral entre los dos grandes partidos, las escasas convicciones democráticas del PP y su sentimiento de impunidad han provocado un deslizamiento desde la distribución bipartidista del poder hacia el control monopolístico del mismo.
No es un tema menor porque afecta a la esencia misma de la democracia que, para ser real y efectiva, requiere la existencia de controles y contrapoderes democráticos. Y cuando el partido del Gobierno controla con nombramientos partidistas todas, absolutamente todas, las instituciones del Estado, la democracia sufre graves riesgos. Aunque también se deteriora cuando el control lo ejerce el bipartidismo dominante.
Este es el sustrato sobre el que se edifica el deterioro de la credibilidad del Tribunal Constitucional, que no es nuevo y que tiene su punto de inflexión con la mayoría absoluta de Aznar y la elección como Presidente del Tribunal de Jiménez de Parga.
Ya antes, se había suscitado el debate sobre la independencia del Tribunal en relación al Ejecutivo. En uno de sus recursos de amparo, Ruiz Mateos planteó la recusación del Magistrado Miguel Rodriguez Piñero por amistad manifiesta con el Presidente del Gobierno Felipe Gonzalez. Y el Tribunal Constitucional dictó en 1988 un Auto, que ahora adquiere nueva actualidad, en el que dejó sentado que: "La Ley Orgánica no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar dentro de estos partidos cargos de carácter directivo, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengue la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir".
Claro que este restrictivo criterio de recusación saltó por los aires 19 años después, en el 2007, cuando, en el Recurso contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya, el Tribunal a instancias del PP acordó la recusación del Magistrado Pérez Tremps. En aquella ocasión el Constitucional elevó y mucho los criterios de imparcialidad de sus miembros. Tanto, que de aplicarse en estos momentos, una buena parte de los Magistrados incurriría en causa de revocación en asuntos de gran trascendencia, como la Reforma Laboral o la declaración del Parlament de Catalunya.
Los criterios utilizados en la resolución que acordó la recusación de Pérez Tremps comportan una clara incongruencia y doble moral con los mecanismos y criterios que desde hacia tiempo se vienen aplicando para la elección de Magistrados. Bien, doble moral sí, pero la contradicción es sólo aparente, porque en el fondo los criterios de elección de Magistrados y la recusación de Perez Tremps no dejan de ser dos maneras de conseguir el mismo objetivo, el control político del Constitucional.
A estas alturas de la contaminación que sufre el Constitucional, no basta con señalar lo obvio. Resulta imprescindible diagnosticar sus causas profundas. El Tribunal Constitucional está contaminado y su Presidente carece de las condiciones básicas para ocupar un cargo que requiere, no se olvide, de una gran "auctoritas", que es lo que en el fondo significa ser calificado de jurista de reconocido prestigio.
Pero, aunque sea ir contra corriente de la opinión mayoritariamente publicada, el problema de fondo no es que sea afiliado al PP. Eso agrava la contaminación, sobre todo al haberlo ocultado, y puede provocar recusaciones múltiples. Pero no es el factor determinante y evitando la afiliación política formal de los Magistrados no se resuelve el grave problema de contaminación del Tribunal.
Me explico. El control partidario -de un bipartidismo complementado en ocasiones por CIU y PNV- de las instituciones ha llevado a que el factor determinante para ocupar alguna de las más altas instituciones del Estado sea el fuerte vínculo político –con militancia formal o no– de los candidatos. Pero no cualquier militancia, sino la del partido o partidos que ocupan el poder o son decisivos. Existen juristas de reconocido prestigio que jamás estarán en el Tribunal Constitucional, unos por su no militancia política y otros precisamente por su militancia o adscripción ideológica a ideas que se consideran extramuros del bipartidismo dominante. Y no es un problema de personas. Hay interpretaciones de las leyes que caben perfectamente en la Constitución que, con estos criterios de elección de Magistrados, jamás estarán presentes en el Tribunal Constitucional
Lo importante no es la militancia política formal de Pérez de los Cobos sino que, sin este fuerte vínculo con el poder económico y político, no sería Magistrado del Constitucional. No soy nadie para poner en duda sus méritos, pero conozco y tengo criterio sobre el mundo en que ha actuado profesionalmente. Y creo no ser injusto si afirmo que, entre sus "méritos" el que ha sido determinante para alcanzar la Presidencia del Constitucional es su fuerte relación con los poderes económicos y con la dirección del PP, desde la época de Aznar, sin la cual sus méritos serían iguales o inferiores a la de otros juristas, que jamás estarán en el Constitucional. Ese es el nudo democrático de la cuestión. Sugiero leer el post de Antonio Baylos “La Buena estrella de Pérez de los Cobos”.
Lo perverso en términos democráticos es que la configuración de las altas instituciones del Estado, que no sólo deben ser independientes del Ejecutivo, sino actuar como mecanismos de control y de contrapeso democrático del Gobierno, se configuren en función del criterio de afinidad ideológica y sobre todo sumisión al poder político y no se olvide también al económico.
¿Puede un Magistrado garantizar su imparcialidad a pesar de ser afiliado a un partido?, cómo dice el Auto de 1988 del Tribunal Constitucional.
Llegados a este punto conviene recordar aquello de que mucho más importante que las respuestas son las preguntas. Porque si seguimos el hilo conductor de las informaciones del País, en el mejor de los casos se conseguirá la dimisión del Presidente del Constitucional, pero las causas de la contaminación del Tribunal, el control bipartidista PP-PSOE de las instituciones, continuarán intactas. Dejaremos para otro día el papel de los poderes mediáticos en la construcción de la fuerte concentración de poder económico y político.
Las preguntas que creo debemos hacernos son otras.
¿Cambiaría algo la “imparcialidad” de Pérez de los Cobos en el Recurso contra la Reforma Laboral del PP- por poner un ejemplo - si no hubiera sido afiliado formalmente al PP? Creo sinceramente que no.
¿Puede el Tribunal Constitucional garantizar una interpretación abierta e inclusiva de toda la ciudadanía con los actuales mecanismos y criterios de elección de los Magistrados? Mi respuesta es que no.
¿Puede llamarse democrático un país que tiene todas sus instituciones colonizadas por asentamientos de militantes del partido del Gobierno? Mi respuesta es NO.
Como suena a menudo en las calles, “le llaman democracia y no lo es”. La democracia plena requiere de muchos factores, pero hay uno constituyente, la existencia de contrapoderes democráticos. Sin estos contrapoderes económicos, sociales y políticos la democracia no es real.
No sólo el Constitucional está contaminado, la democracia está gravemente intoxicada.