Si, lo han adivinado. Me refiero al drama social y humano de las hipotecas. Y el título me lo sugirió Fernández Seijo, el Juez de lo Mercantil que planteó la cuestión prejudicial y provocó con ello la sentencia del Tribunal europeo de Luxemburgo.
Decía el Juez que la aberración consiste en que una institución jurídica que nace hace un siglo para regular cierto tráfico jurídico entre propietarios y bancos, se haya convertido en el principal mecanismo de acceso al derecho a la vivienda.
La aberración, añado yo, es de "trato continuo" y además "in crescendo". La creciente financiarización de la economía y la vida han convertido la vivienda en un producto financiero refugio de altísima rentabilidad. Y los contratos hipotecarios en la materia prima de las cédulas hipotecarias, uno de los productos financieros de más rentabilidad y seguridad. Obvio, están garantizados por el patrimonio presente y futuro de las familias.
Nuestros legisladores además han construido un marco legal profundamente desequilibrado en beneficio del acreedor y en detrimento del deudor. Obvio, también, la prioridad del legislador era y es garantizar la estabilidad del mercado de cédulas hipotecarias.
La discriminación no solo se da entre deudor y acreedor hipotecario, se produce también en función de la tipología del deudor. Si se trata de un sociedad mercantil, el deudor tiene una segunda oportunidad, la que le ofrece la Ley concursal que le permite reestructurar la deuda, con quita, mora o incluso cancelación de la deuda, a través de la dación en pago. En cambio, si el deudor es un particular, no dispone de esa segunda oportunidad. Al contrario, el proceso hipotecario lo sitúa en absoluta indefensión. Esa es la razón por la que las cédulas hipotecarias tienen como garantía y materia prima las hipotecas de los particulares y no las de sociedades mercantiles. Como ven, continua la aberración.
Por si fuera poco el comportamiento de las entidades financieras multiplica por cien la aberración. El vencimiento anticipado de toda la deuda aún cuando el impago sea de poca entidad, el cálculo de intereses moratorios sobre el total de la hipoteca, no sólo sobre lo que se debe. Las tasaciones elevadas cuando se trata de conceder hipotecas y bajísimas cuando se trata de subastar el bien hipotecado.
Son tantas las aberraciones cometidas en cuatro décadas que solo se explica que hasta ahora no se haya producido una rebelión social, por el hecho de que la economía permitía a las familias soportar tanta aberración.
Lo dramático es que el PP parece no quererse enterar. Las propuestas planteadas para dar respuesta, mejor sería decir dar un capotazo a la ILP, lo confirman. No abordan el problema de fondo y además van a producir profundas desigualdades, en función de quienes puedan y quienes no acogerse a sus propuestas de mínimos.
Llegados aquí, la pregunta a hacerse es por las razones de este contumaz comportamiento. ¿Es el Gobierno y el PP especialmente insensible o patológicamente ciego? No lo descarto, pero creo que el factor determinante es otro. El PP continúa más preocupado por el impacto que los cambios legislativos puedan producir en el mercado de cédulas hipotecarias que por las familias hipotecadas.
El resultado puede ser que, una vez más, el conflicto se cierre en falso. Y que sean la movilización social y los Tribunales quien se lo recuerde cada día. Por nuestra parte vamos a intentar que así sea. Y si el PP no escucha hoy, deberá hacerlo en los próximos meses.
Por eso ha llegado el momento que el Gobierno se plantee en serio un cambio radical de su política, basado en dos ejes.
De una parte, cambios en nuestra legislación que permitan la reestructuración de la deuda hipotecaria, con quita, mora o dación en pago, a través de un proceso de segunda oportunidad, parecido al que ya tienen las sociedades mercantiles.
De otra, que la garantía del mercado de cédulas hipotecarias no se construya sobre las cenizas de la vida de las familias. Debería utilizarse los recursos no movilizados del rescate bancario - Autorizaron hasta 100.000 millones de euros y se han utilizado menos de 40.000- para la compra de los créditos hipotecarios y su posterior negociación en condiciones de equilibrio. Así podría garantizase una solución justa, el desendeudamiento de las familias y con ello su "normalización" como agentes económicos, al tiempo que no se afectaría a las entidades financieras, ni al mercado de hipotecas. Ya que el rescate a los bancos se va a pagar con recursos públicos, al menos que tenga una finalidad social.
Otra cosa es que de cara al futuro se legisle para evitar que el derecho a la vivienda de los ciudadanos pueda ser la materia prima de un mercado financiero. Esta es la mayor de las aberraciones y el origen de todas las demás. SÍ hay alternativas, SÍ se puede.