Para conocer a qué intereses sirve un Gobierno el mejor indicador es su política fiscal. Y para saber cual es su ideología en relación a los derechos humanos, un buen termómetro es su política Penal.
Gallardón y el PP, con su Proyecto de Reforma del Código Penal, se han desnudado ante la sociedad. Se trata de un paso más en una política iniciada por Aznar que ha hecho del PP un adicto a las “soluciones” penitenciarias. A pesar de tener España unos niveles de criminalidad violenta de los más bajos de la UE y de la reducción sostenida en los últimos años, tenemos una de las tasas de población penitenciaria de las más altas de la UE. Además, al analizar la tipología de los internos y sus delitos, aparece un sesgo claramente clasista en el diseño de las políticas penales.
Este sistema penal “carcelero” no es sólo responsabilidad de la política. Han contribuido y mucho el comportamiento de una buena parte de los medios de comunicación que generan el ambiente propicio para ello. La supervivencia económica de un sector en crisis parece haber conducido a algunos medios de la máxima de “que la realidad, no te haga perder un buen titular” a la más radical de “Yo, por la audiencia, mato”. Incluso, los derechos humanos, si hace falta.
El resultado de esa combinación entre opinión publicada, presión social e ideología del PP, nos conduce a un Proyecto de Código Penal que en algunos aspectos nos retrotrae a la Ley del Talión.
Son muchas y fundamentadas las críticas vertidas, pero hay una que, a pesar de su gravedad, está pasando desapercibida. Me refiero al tratamiento que se da en el proyecto de Código Penal ley a las enfermedades mentales. Y no será, porque sean pocas las personas afectadas. En España se calcula que puedan existir 1 millón de personas con algún trastorno mental grave, en muchos casos no diagnosticado.
Se trata de personas que durante años han sido escondidas y negadas por una sociedad con gran desconocimiento de las enfermedades mentales. El resultado, discriminación y fuertes dosis de inhumanidad en el trato que reciben.
Se trata de personas y sus familias, que sufren la falta de recursos socio-sanitarios con los que poder abordar sus problemáticas y a las que se las abandona para que soporten en solitario el esfuerzo de adquirir una autonomía vital como personas con derechos que son.
Ahora, con el Código Penal Gallardón, se corre el riesgo de dar un paso más en su estigmatización. La Reforma Penal del PP establece, tanto en su preámbulo como en las medidas que propone, una identificación entre trastorno mental y peligrosidad. Es una identificación que, además de no tener ninguna base científica, condena a las personas con enfermedades mentales severas a sufrir procesos de internamiento, no en función de los delitos cometidos, sino de los riesgos de futuro que pueda comportar su actuación.
La solución para estas personas con enfermedades mentales no pasa por internamientos, prolongados en el tiempo, que lejos de mejorar su situación y minimizar los riesgos, los pueden agravar. Sino, por poner a su disposición los recursos socio-sanitarios para mejorar su situación.
Una vez más se confirma el fariseísmo con el que actúan determinados sectores sociales y políticos. Ante la existencia de determinadas problemáticas sociales, lejos de buscar soluciones y dotar de recursos para afrontarlos, lo que se pretende es esconderlos en el cuarto trasero para que no “molesten” a la mayoría.
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con enfermedad mental, que agrupa a 290 entidades y 45.000 personas han iniciado una campaña para conseguir cambios en el Proyecto de Reforma del Código Penal.
No se merecen quedarse solos, deberíamos ofrecerles todo nuestro apoyo.