<---Taboola---> <---Taboola---> #TEMP
jueves. 01.12.2022

¿Tiene límites el derecho a decidir?

rajoy-puigdemont

“No pueden ser buenos políticos, ni siquiera buenas personas aquellos que, pudiendo solucionar los problemas, no evitan el fracaso”.

Cuando un reloj de carrillón a las 12 da trece campanadas, es porque algo falla; si se quiere que continúe siendo útil, alguna reparación habrá que hacerle. Sería poco inteligente el intentar que siguiese funcionando correctamente sin hacerle modificación alguna.

A los que defienden el “procés”, sin importarles saltarse la legalidad, en una muestra de enfermiza imaginación, con singulares argumentaciones e interpretaciones forzadas del derecho y el tiempo, les da igual que a las 12 suenen 13 ó 14 ó 15 campanadas…; ellos tienen “su propio carrillón” y les importa un bledo qué hora sea, con tal de que no coincida con la hora de España.

Por su parte, Rajoy, con su indolente estilo de gobierno, mantiene su clásica actitud: no hacer nada, y esperar a que el reloj se arregle con el tiempo.

Y mientras, gran parte de la ciudadanía española percibe que no existe una posición públicamente fuerte y cohesionada por parte de quienes no entienden ni quieren la independencia de Cataluña y que en Cataluña se ha acelerado un empobrecimiento de la vida parlamentaria y de la propia democracia, como consecuencia de la unilateral toma de postura del actual gobierno de la Generalitat a la hora de elaborar las resoluciones, los decretos y la normativa que les conviene para alcanzar la independencia.

Esta deriva independentista está creando, incluso, una grave división en la propia sociedad catalana; son conscientes muchos catalanes de que deliberadamente se les está ocultando, manipulando o falseando la información necesaria para poder opinar o escoger libremente entre ser españoles o ser solo catalanes, desconociendo los riesgos y las consecuencias de su decisión ante las urnas. De ser así, cualquier referéndum, y más si se vulnera la legalidad, resultaría una situación política y social de consecuencias imprevisibles. El derecho que tiene cualquier ciudadano en Cataluña a conocer las posibles consecuencias de su decisión a la hora de votar no debe tener límites, pero sí los tiene el derecho a decidir sin conocer sus consecuencias cuando éstas se le ocultan o escamotean deliberadamente.

En una reflexión sobre el “derecho a decidir”, Pi-Sunyer sostiene que en Cataluña este derecho se ha concretado específicamente en la demanda de realizar una consulta o referéndum unilateral para el “1º de octubre” y que la ciudadanía lo pueda expresar mediante su voto a la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”; el derecho a esta consulta hasta podría ser legal, dependiendo de cuál sea la opinión del constitucionalista al que se pregunte, si sólo fuese una consulta “para conocer la opinión de los ciudadanos”; pero lo que está en la base, y es el verdadero objetivo no oculto de la misma, lo que desde la Generalitat pretenden “los Puigdemont, los Junqueras, los Romeva y las Gabriel”, es legalizar y justificar si o sí un proceso de secesión e independencia.

Es verdad, como mantiene Pi-Sunyer que “la cuestión de la independencia catalana no es un fenómeno creado artificiosamente por unas elites políticas ensimismadas, ni una mera reacción ante la crisis económica que padecen”; se ha ido gestando desde antiguo; muchos lo fechan en 2006, con el fallido Estatut, en el que no fue posible o no se quiso encontrar el deseable encaje de Cataluña en España; desde entonces, todo han sido impugnaciones, denuncias, memoria sesgada, malos recuerdos, negociaciones fallidas, enfrentamientos partidistas, reproches...

Una de las quejas constantes desde la oposición es que cada vez que gobierna el PP aumenta el número de independentistas. Ese aumento ha ido creciendo en los últimos años, pero su salto cuantitativo se dio principalmente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional al recurso interpuesto contra el Estatuto catalán por el Partido Popular. El TC, convirtiéndose en Cámara legislativa, tumbó artículos de ese Estatuto que, en cambio, sí están vigentes en otros estatutos autonómicos. Son las incomprensibles paradojas de la política y la justicia que tanto resentimiento genera en la ciudadanía. En 2010, decenas de miles de ciudadanos catalanes se echaron a la calle contra los recortes del Estatuto, pues la sentencia del TC provocó la mayor manifestación de la historia del catalanismo, hasta derivar en una demostración independentista. Cuando se aprobó el Estatuto solo el 13,9% de los catalanes estaba a favor de la independencia -según el Centro de Estudios de Opinión-; a día de hoy, un 76,6% está de acuerdo con que se celebre la consulta para decidir, y un 42,3% apoyaría la independencia. Fue profética una madre de familia en la manifestación en 2010: "Hace mucho tiempo que buscamos el encaje con España, pero ahora ha llegado un punto en que ya es o independencia o nada".

Desde que gobierna el Partido Popular el número de independentistas no ha dejado de crecer; existe una sensación amarga de ver cómo los populares se han dejado llevar más por sus intereses de partido que por los de Estado; no es que no tuvieran derecho a presentar el recurso y el TC la obligación de resolverlo; pero a lo que sí tienen obligación como partido en el gobierno, es a un permanente y constructivo diálogo, pues como decía al principio de mi artículo: “no pueden ser buenos políticos, ni siquiera buenas personas aquellos que, pudiendo solucionar los problemas, no evitan el fracaso”, y sin diálogo, como escribiría García Márquez, estamos ante la “crónica de un fracaso anunciado”.

Más allá de las diversas interpretaciones que de este controvertido derecho puedan ofrecer los profesionales del Derecho Constitucional, entre los que se dan distintas y a veces encontradas opiniones, los que apoyan el “soberanismo catalán” han dado hasta ahora muestras de una cerrazón unilateral, recurriendo a interpretaciones forzadas del derecho vigente para legitimar sus discutibles “astucias” con el fin de conseguir el “proceso de independencia, aunque saben que no cuentan con la mayoría de los catalanes. Es importante recordar las peregrinas argumentaciones y triquiñuelas jurídicas que el gobierno de la Generalitat ha ido ofreciendo para justificar su desobediencia manifiesta y su tesis según la cual no haría falta la autorización del Estado para hacer una “consulta popular” sobre su independencia, aunque sí es necesaria para la celebración de un referéndum.

Han sido dudosos, cuando no falaces, los argumentos y discutibles los esfuerzos dialécticos que ha desplegado el Gobierno de Puigdemont en favor del referéndum de independencia, intentando ocultar y negar que la secesión de Cataluña significaría, además de un empobrecimiento económico y cultural y políticamente una deslealtad, la inmediata salida de la Unión Europea. Hace pocos días el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha ratificado la doctrina oficial de la UE sobre la secesión de territorios europeos que formuló por primera vez su predecesor, Romano Prodi, en 2004; con meridiana claridad ha afirmado que “una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea y su reingreso, de pedirlo, podría ser vetado por España o por cualquier otro Estado miembro”.

En sus propias declaraciones y resoluciones, los del “Junts pel Sí” han llegado a afirmar que, aunque sólo votase el 10% de los catalanes, si el SI superase por un voto al NO, ya estaría justificada su “sedicente secesión”. Claramente lo ha dicho Anna Gabriel, política de la CUP, nada constructiva ni amiga del diálogo y dueña ya del discurso del proceso independentista, ante el silencio cómplice de Puigdemont, Junqueras y Romeva, que les tiene arrodillados: “sea cual sea la participación en el referéndum del 1 de octubre, un sí mayoritario en esas urnas compromete a la Generalitat a una declaración de independencia inmediata”.

Pretenden celebrar “su referéndum”, no por el derecho a decidir del pueblo catalán, sino porque, decidan lo que decidan los catalanes, desobedecerán las leyes que no les convienen y encontrarán “pretendidas argucias en forma de resoluciones”, sean legales o no, para declarar la secesión. Asistimos al fenómeno de ese tipo de leyes, llamadas “evanescentes”, que no definen adecuadamente el poder regulador de lo que se pretende con ellas. Poseen un perfil de delimitación inadecuada; más aún, una formulación de las leyes intencionadamente confusa. Pero la Constitución no es ni confusa ni evanescente, aunque sí se pueda modificar, de acuerdo con el Titulo X, arts. 167 y 168.

Según el art. 92,1 y 2: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. De este artículo se deduce que los únicos referéndums jurídicamente vinculantes son los de ratificación de las reformas constitucionales y estatutarias, los demás, son meramente “consultivos”.

En cualquier caso, conviene recordarle al Gobierno de Puigdemont que, de realizarse un referéndum, según dicho artículo (sin saltarse la legalidad), debería llevarse a cabo al menos con tres condiciones: a) en virtud del principal principio democrático, se debe negociar y pactar lealmente la forma del mismo entre todas las fuerzas políticas parlamentarias; b) mediante una pregunta clara y c) que una mayoría también clara y amplia de los votantes se muestre favorable ya al sí o ya al no.

Mientras, Rajoy, sin alternativa y enarbolando permanentemente “la legalidad vigente”, no contempla hoja de ruta política alguna que sepamos; para él la política consiste en dejar, como “Heráclito y el río”, que el tiempo fluya lentamente; el problema será que cuando llegue el momento, y este vendrá, no tendrá plan alternativo. Ni Rajoy ni su gobierno han sido capaces de iniciar una mínima movilización para contribuir a encontrar alguna forma de salida política negociada a través del diálogo. Haría falta una actitud más proactiva para evitar ese “choque de trenes”; y la proactividad no es el fuerte del previsible Rajoy. Las políticas “de espera inactiva” siempre chocan con la realidad. Pero Rajoy y su partido están convencidos de que referéndum del “1-O”, no se va a celebrar; el diálogo está cerrado. Así lo afirmaba, con esa rotundidad prepotente de labios y gestos, la vicepresidenta Soraya: “Un referéndum para la independencia es in-ne-go-cia-ble”. Y no dejan de repetir todos los ministros de Rajoy que, ante el “1-O”, no les temblarán las manos en aplicar toda la ley.

Mientras escribo estas reflexiones, el ínclito portavoz popular, Rafael Hernando, afirmaba esta mañana, ante quienes apuestan por poner en marcha ya el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución ante la convocatoria del referéndum, que “utilizar en estos momentos dicho artículo por razones de práctica temporal y jurídica, no resolvería el problema”; y sin señalar medida alguna, sostenía que hay medidas “más oportunas y realistas” y dejando siempre en manos de los tribunales y en el TC responder al incumplimiento de la ley y decidir si se cometen delitos la responsabilidad de la respuesta. “Nosotros -añadía- estaremos respaldando las medidas que sean razonables y eviten esa situación. Hay que actuar con prudencia, pero con contundencia y es lo que va a producirse”. Es decir, la imprecisión de siempre: “Nada, y a esperar”.

Ambos gobiernos, el español y el de la Generalitat (“Junts pel Si”), han sabido interiorizar esa melodía emocional que ofusca la razón y excita visceralmente los sentimientos; lo que importa no es la veracidad de lo que se dice o promete, sino su impacto popular y los votos que proporciona. Están interpretando ese cartel que vi en mi infancia: Un baturro montado en su burro camina por la vía del tren, que se acerca pitando. Y el baturro exclama: “Chufla, chufla, que como no te apartes tú yo no me aparto”.

Y en medio, nos encontramos los ciudadanos, que somos los que tenemos en nuestras manos la decisión, pues, quieran o no los unos y los otros, somos los ciudadanos, según el artículo 2 de la Constitución, quienes poseemos la soberanía nacional y de nosotros (no de ellos: gobierno español o catalán) emanan los poderes del Estado. Si somos los ciudadanos los que podemos decidir, ante esa permanente intoxicación que utilizan ambos gobiernos (español y catalán) ante el 1-O, para poder decidir en libertad y sin manipulaciones, es importante tener claro qué información estamos consumiendo, con qué datos se nos está informando, quiénes los generan o crean (o se los inventan), cómo los procesan, cómo los utilizan y cómo los transmiten.

La ofuscación, la cerrazón, el ansia de poder y la incapacidad para el diálogo alimentan los enfrentamientos. Lo que ha faltado en estos años, pero aún es posible, es el necesario diálogo:  sentarse a una mesa de diálogo y resolver el conflicto. No sobra tiempo, pero todo es posible cuando existe voluntad para evitar “ese aberrante choque de trenes” del 1 de octubre. El diálogo significa sobre todo apertura a los otros y disposición para escuchar, comprender e intercambiar opiniones y propuestas abiertas.

¿Cuáles son las resistencias a un efectivo diálogo y cuáles las condiciones de un verdadero diálogo? La incapacidad para el diálogo es la carencia de la capacidad comunicativa y del deber de entenderse. Es “monologizar” la conversación, el discurso, las ideas, los principios y el pensamiento. Cuando hay voluntad de entendimiento, es siempre posible el acuerdo. Las conversaciones que no vayan acompañadas del deseo y la voluntad de comprender las razones del otro pierden vigor argumentativo. Afirmaba Rilke: ¿quién puede señalar con el dedo un olor?; nadie; pero sí se puede llegar al acuerdo de que algo huele. Y Leibniz decía que todos los espejos de ese universo, que son los individuos, componen en su conjunto el único universo. Esta metáfora podría representar la síntesis, el universo, del verdadero diálogo.

Es importante coincidir en la creencia de que el camino de la verdad está en la conversación dialogada. Una conversación dialogada, honesta y sincera, sin prejuicios previos, siempre deja una huella y cierta incertidumbre sobre las propias opiniones, principios, programas y verdades. Lo expresaba Machado poéticamente: “¿Tu verdad? No: la verdad. Y ven conmigo a buscarla; la tuya guárdatela”. La conversación dialogada consiste no sólo en enseñar algo nuevo al otro, sino saber encontrar en el otro algo nuevo que no habíamos encontrado en nuestra experiencia de la realidad. El distanciamiento entre personas (o políticos) se advierte enseguida en que no hablan el mismo lenguaje (son los lenguajes con significantes vacíos de los que escribía Ernesto Laclau): no tienen un lenguaje común: no acercan los significantes a los mismos significados.

Bien reflexionaba sobre el diálogo Hans-Georg Gadamer en su obra “Verdad y Método”: Sólo en la conversación (y en la risa común que es como un consenso desbordante sin palabras) pueden acercarse y encontrarse los opuestos y crear ese género de comunidad en la que cada uno, sin dejar de ser uno mismo, puede encontrar alguna cercanía con el otro. No puede haber acercamiento en la conversación “monologal”, sino en el diálogo”. Hay que sumarse a la difícil aptitud receptiva del que escucha y del que habla.  Si en la negociación se parte de esa frase tan frecuente de que “contigo no se puede hablar”, el diálogo se hace imposible, pues se hace presente la incapacidad para escuchar. No puede oír el que sólo se escucha a sí mismo.

Acusar a uno de “incapacidad para el diálogo” es un reproche que suele hacer aquel que se niega a aceptar las ideas del otro porque cree, de antemano, que las suyas son las verdaderas. Entonces se produce lo que acertadamente se llaman “diálogos congelados”. Para iniciar un verdadero diálogo no se pueden ni reducir ni manipular los argumentos del contrario, sino intentar comprenderlos, corregirlos si es preciso, con argumentos sinceros y aceptar aquella parte de la argumentación en la que se sospeche que existe verdad.

Resignarse a esperar, a ver cómo vienen los acontecimientos, sin tener una previsión de ellos y la razonable hoja de ruta, es propio de cobardes indecisos. Los ciudadanos queremos saber y tenemos derecho a saber. Y, sobre todo, tenemos derecho a que los políticos que nos gobiernan actúen siempre por la vía democrática del diálogo y de los consiguientes consensos. En estos momentos, aunque parezca demasiado tarde, aún se puede llegar a sentarse en una mesa de diálogo y a valorar, y a ser posible, conciliar, con alguna cesión, todas las sensibilidades políticas enfrentadas; los ciudadanos exigimos, por razones democráticas, que entre Rajoy y Puigdemont se inicie y rehabilite esa mesa de diálogo y se supere la fijación anquilosada de las propias ideas y principios. Si hay voluntad democrática, la negociación y el acuerdo pueden ser tan rápidos como se quiera. Podremos determinar la voluntad y la calidad de sus ideas y sus posturas políticas por su capacidad para quebrar la fosilización existente en los propios principios y proyectos, en el propio dogmatismo, en la propia cerrazón. En este contexto, debería iniciarse un debate, una negociación con vitalidad democrática, en el que no deben faltar el diálogo sincero, las actitudes positivas y los análisis rigurosos y en donde sobren apasionamientos, exclusiones, reproches, prepotencia y protagonismos absurdos.   

Decía más arriba que el diálogo significa sobre todo apertura a los otros y disposición para escuchar, comprender e intercambiar opiniones y propuestas abiertas. Quiero finalizar con una que me parece viable y que creo que comparten millones de ciudadanos: el gobierno catalán de acuerdo con el gobierno de Rajoy, debería ponderar la posibilidad de aceptar que, sin saltarse el marco legal de la Constitución, según el artículo 92, el Estado convocase un referéndum en todo el territorio español sobre el “encaje de Cataluña” en el Estado; porque si lo que pretende el gobierno catalán es conocer la opinión de la sociedad catalana sobre esta cuestión, ese objetivo se alcanzaría, en el marco de la legalidad, con una consulta a todos los españoles; si el resultado en Cataluña fuese radicalmente distinto al del resto del territorio, ese resultado no podrían ignorarlo el gobierno de Rajoy ni los partidos políticos constitucionalistas aduciendo y contraponiendo el resultado catalán al global del resto de España. Es verdad que, aunque constitucionalmente fuera meramente “consultivo”, desde el punto de vista político tendría una fuerza vinculante incontrovertible. De este modo, mediante el necesario diálogo, se podría buscar, encontrar, negociar y acordar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado.

Sería muy positivo y gratificante poder concluir, entonces, de forma contraria a como inicié estas reflexiones, que “son buenos políticos y buenas personas aquellos que, pudiendo solucionar los problemas, lo intentan y, además, lo consiguen”.

¿Tiene límites el derecho a decidir?