“Si Dios ha hecho este mundo, yo no quisiera ser Dios.
La miseria que contemplo en el mundo me desgarraría el corazón.”
Arthur Schopenhauer.
(“El mundo como voluntad y representación”)
Pertenezco a ese grupo de españoles que en estos momentos de democracia líquida está perplejo ante la realidad política. Me asomo a ella y resulta inevitable hacer una pequeña lectura y reflexión en clave filosófica, no lejos del pesimismo de Schopenhauer, precursor de nuestra actual sensibilidad social para quien todo era cuestión de voluntad, y autor de esa genial obra, “El mundo como voluntad y representación”, una de las más influyentes de la filosofía del siglo XIX, ignorada en sus inicios con dificultades para que se la editasen; su fracaso amargó su vida y su carácter. Para el filósofo de Danzig cualquier descripción del mundo que pueda hacerse desde la ciencia es necesariamente incompleta: “Yo soy lo que yo quiero ser”, idea que más tarde se encanará en el pensamiento de uno de sus admiradores, Nietzsche, en Ecce Homo o cómo se llega a ser lo que uno es: “…que uno no quiere tener otra cosa, ni en el futuro, ni en el pasado, ni en toda la eternidad. No sólo soportar lo inevitable, y aún menos disimularlo (…), sino amarlo”, con un amor no contemplativo, sino didáctico y transformador porque según la mediación del lenguaje, tan propio de Wittgenstein, “no hay hechos, sino interpretaciones de los mismos” y otorgar un sentido a la realidad que obedece a la voluntad. La voluntad ejerce sobre las creencias toda su capacidad para construir la realidad. Cuando queremos entenderla, al escuchar a políticos y periodistas, vemos cómo un nuevo discurso reemplaza a otro, sin importarles que sea contrario al anterior; al escucharles se constata lo reiterativo y estéril de la crítica que, como actitud de denuncia, siempre idéntica, acaba en nada; sabiendo que, el poder perpetúa las jerarquías entre las relaciones políticas, económicas y sociales; es lo que se esconde en la conocida frase de El gattopardo de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. El milagro de una acertada reflexión no está tanto en los hechos analizados como en la mente y en los ojos que son capaces de descubrirlos.
No estaba equivocado Bertolt Brecht al preguntarse: “¿Qué tiempos son estos en los que una conversación sobre árboles es casi un delito porque incluye que nos tengamos que callar sobre tantos crímenes? ¡Ay de nosotros que quisimos preparar el campo para la amistad, pero no pudimos ser amistosos!”. Es posible que ciertos temas no se puedan desentrañar ni llegar a conocer su verdad por completo, pero sí es importante iluminar aquellas zonas de sombra que existen a su alrededor. Tal vez la única manera de entenderlas y lograrlo es reflexionar sobre ellas y ponerlas por escrito. No podemos condenar al olvido aquello que de inmediato no llegamos a entender; intentarlo, poner nombre a los problemas es ya una manera de conseguirlo. El poeta y periodista alemán Matthias Claudius ofrece un buen consejo: “No digas todo lo que sabes, pero procura saber siempre lo que dices”.
Franco no dio la orden de ser enterrado en el Valle de los Caídos ni su mujer lo quiso
Y bien sabe lo que dice y escribe Simone Renn en su artículo en la web digital “La Política”, como ha confirmado en sus declaraciones a la COPE la propia vicepresidenta Carmen Calvo: que Franco no dio la orden de ser enterrado en el Valle de los Caídos ni su mujer lo quiso; Carmen Polo, esposa del dictador, manifestó a la hora del fallecimiento de su esposo que quería que fuese enterrado en el cementerio de El Pardo, en Mingorrubio, donde ella está actualmente enterrada. Fue el gobierno de Arias Navarro el que no hizo caso por indicación de Juan Carlos I. Así lo explicaba Rufo Gamazo Rico, fallecido en 2014, amigo personal de Carlos Arias, en su larga trayectoria política y, finalmente, en la Presidencia del Gobierno, como su asesor personal en 1975: “Semanas antes de la muerte de Franco, el presidente Carlos Arias preguntó a la hija del jefe del Estado, Carmen Franco Polo, si la familia tenía alguna previsión sobre el lugar de enterramiento de su padre: ‘Ninguna’, respondió Carmen Franco Polo. Esa orden la dio el recién estrenado jefe del Estado Juan Carlos I”.
También sabe lo que se dice Gabino Abánades, el técnico que dirigió la inhumación de Franco en la Basílica el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su fallecimiento, -lo ha desvelado en el programa Espejo Público, de Antena 3-, según la confidencia que le hizo la hija, Carmen Franco, cuando murió su madre, Carmen Polo, en febrero de 1988, contradiciendo a la familia del dictador, en especial, a sus nietos; a través de su abogado, el franquista Luis Felipe Utrera-Molina, anunciaron que darían la batalla “hasta el final por dignidad y honor” para evitar la exhumación de su abuelo y su reinhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Abánades ha reconocido que Carmen Franco, la hija del dictador, le transmitió su pena porque su padre no estaba enterrado en el cementerio de Mingorrubio, por lo que no estaría junto a su esposa recién fallecida. La decisión, pues, de llevar al dictador a la basílica de Cuelgamuros, fue tomada por el gobierno de Arias Navarro y firmada por el que fue heredero de la Jefatura del Estado a la muerte de Franco, es decir, el rey emérito Juan Carlos I.
No ha sido pequeño el “zasca de sentido común y sensatez” que el propio Abánades le ha dado al juez de Madrid, José Yusty Bastarreche, magistrado titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, hijo y nieto de almirantes franquistas, que mantiene bloqueada la licencia de obras a partir de un informe técnico elaborado por encargo de la Fundación Nacional Francisco Franco; el informe concluía que los trabajos proyectados ponían en riesgo “la seguridad de personas y bienes”. No hace falta ser arquitecto, ni ingeniero ni maestro de obras -ha asegurado Abánades- para tener claro que “la retirada de la losa no pone en peligro a los operarios, con los materiales que tenemos hoy día y mucho menos que sea un peligro para los futuros visitantes y usuarios de la Basílica -como sostenía con una ignorancia vergonzante el juez Bastarreche-; “una vez fuera, la losa se desplaza con un rodillo en cinco minutos y toda la obra de exhumación se puede hacer en menos de una hora perfectamente y la seguridad futura está garantizada, en el presente y en el futuro”.
Si el monarca emérito fue quien dio la orden para que Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos, contraviniendo el deseo del dictador, de su esposa y de la propia familia en aquel momento, ¿cuál es la razón para que la exhumación del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos sea hoy un problema generado por la propia familia que ha presentado 17 recursos en diferentes juzgados con el propósito de paralizar la exhumación mediante obstrucción judicial?; ¿no sería asimismo exigible un comunicado aclaratorio y mediador desde la Casa Real ante un problema generado por decisión en aquel momento del rey emérito?; ¿cuáles son las razones políticas y democráticas que tienen algunos partidos y asociaciones y fundaciones nostálgicas de la dictadura al pronunciarse en contra o cuando se oponen a buscar una solución digna de una democracia avanzada del siglo XXI con el fin de conseguir lo que tantas víctimas de la dictadura reclaman?, y lo que reclaman se resume en estas tres hermosas palabras: “¡dignidad, justicia y reparación!”, es decir, que lleve a cabo esa necesaria reconciliación; ¿por qué esa indolente actitud de la jerarquía católica en una decisión, cuando no culposa connivencia, con un prior del Monasterio benedictino carente de argumentos cristianos y empolvado de un tufo falangista que hiede para oponerse a exhumar los restos “de la momia”? Bastaría con una cristiana respuesta en lenguaje no diplomático sino evangélico.
Largo ha sido el camino hacia la exhumación del dictador. “Dignidad, justicia y reparación”, aunque tarde e incompleta, empiezan a ser realidad: enterrar a un dictador y genocida, por mucho que se proclamase “defensor de la fe, sostén de los valores cristianos y caudillo de España por la gracia de Dios” con la connivencia entonces de la jerarquía católica en un lugar sagrado. La Iglesia católica española, que había vivido la llegada de la República como una auténtica desgracia, se apresuró a apoyar la sublevación militar de julio de 1936. El uso político de la religión y la educación en el catolicismo fue un importante filón para transformar la guerra civil en una “cruzada” aunando patriotismo y exaltación religiosa y para legitimar el Alzamiento Nacional, la Guerra Civil y, más tarde, el régimen político del franquismo surgido de ésta. La Iglesia y el “enviado de Dios hecho Caudillo” -como explica Julián Casanova autor de La Iglesia de Franco- caminaron asidos de la mano durante casi cuatro décadas. Pero la estrecha relación entre Iglesia y Estado no se mantendría invariable durante todo el régimen franquista. El Concilio Vaticano II, la presidencia de la Conferencia episcopal con el Cardenal Tarancón como arzobispo de Madrid, el movimiento “cristianos por el socialismo”, los curas obreros y las comunidades cristianas de base, entre otros, iniciaron un proceso positivo e inevitable de distanciamiento entre la Iglesia española y el Estado franquista, de enorme importancia con el fin de transformar el régimen y darle una digna y decente salida democrática.
Es probable que las injustificadas reticencias del prior del Valle de los Caídos a sacar a Franco sea una mera cuestión económica
¿Cómo pudo permitir la Iglesia española surgida del Concilio Vaticano II, renovada según la Constitución “Gaudium et Spes”, documento básico del nuevo humanismo cristiano, que un dictador y genocida compartiera altar sagrado con ese Cristo que, según su fe, “es el salvador de los hombres”? ¿Acaso ignoran la jerarquía católica y ese prior exfalangista, el versículo de la 1ª carta a los Corintios, 3,16-17: “Si alguno osare profanar el templo de Dios, será maldito de Dios, pues el templo debe ser santo”?; o el pasaje del evangelio de Mateo 21,12-13, en el que Jesús expulsa los mercaderes del Templo por haber transformado su casa en “una caverna de bandidos” o en la tumba de un dictador. Comentando este pasaje el Papa Francisco, en marzo de 2018 en la plaza de San Pedro, ya advirtió que la iniciativa de Jesús de hacer limpieza con el látigo no se limita a quienes utilizan lugares religiosos para su lucro personal, sino que “este gesto de Jesús es siempre actual, no solo para las comunidades católicas, también para los individuos, las comunidades civiles y la sociedad entera”. Resulta contradictorio, aunque de “contradicciones están empedrados la tierra y el cielo” que quienes en la liturgia matrimonial y alardeando de creyentes católicos (el prior y la familia del dictador), exhorten a los nuevos esposos a “permanecer unidos…hasta que la muerte os separe”, se empecinen, incluso contra la sentencia del Tribunal Supremo, en querer que Franco y Carmen Polo, casados por la Iglesia, descansen separados. Resulta chocante que, preguntado el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, sobre la negativa del prior a la exhumación de los restos del dictador, haya insistido que, sin poner en discusión lo establecido sobre la "inviolabilidad de los lugares de culto" en el Código de Derecho Canónico de 1917, es a las autoridades a quienes corresponde “ayudar al prior a tomar su decisión”, es decir, al Abad benedictino de Solesmes y, en última instancia, al Papa, como si ellos, la jerarquía española, careciera de “autoridad y legitimidad”. Es probable que las injustificadas reticencias del prior del Valle de los Caídos a sacar a Franco, sea una mera cuestión económica; no es improbable que, con el dictador fuera de la Basílica, se acaben aquellos dividendos que estando dentro les proporcionaba su presencia.
He aquí la lenta marcha de una realidad histórica que jamás tuvo que llevarse a cabo: enterrar al dictador en la Basílica de Cuelgamuros del Valle de los Caídos:
En noviembre de 2011 la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos creada por el Gobierno de Zapatero recomendó la exhumación. En 2014 la ONU presentó una larga lista de recomendaciones al Gobierno español de Rajoy, pidiendo que en un plazo de 90 días presentara un cronograma indicando las medidas a llevar a cabo para implementar las recomendaciones y asistir a las víctimas del franquismo; el gobierno de Rajoy ignoró esa petición. En mayo de 2017, Rajoy era aún presidente, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PSOE con el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP y ERC para instar al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Histórica y poder exhumar los restos del dictador. En junio de 2018, Pedro Sánchez, presidente en funciones, anuncia en TVE que cumplirá con la proposición no de ley aprobada en el Congreso y exhumará los restos de Franco; al tiempo, la familia Franco comunica al “prior” benedictino su rechazo a los planes del gobierno. En agosto el Gobierno aprueba un real decreto que modifica dos puntos de la Ley de Memoria Histórica para dar cobertura legal a la exhumación y pide a la familia que decida dónde quiere trasladar la tumba; expresan el deseo de enterrarlo en la cripta de la Catedral de la Almudena. En septiembre, el Congreso convalida el real decreto, aunque se abstienen el PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. En diciembre el Supremo desestima la petición de la familia, pero anticipa que no se podrán trasladar los restos hasta que se resuelva el más que previsible recurso de los descendientes contra el acuerdo final del Gobierno. En enero de 2019, más dificultades: después de que el “exfalangista prior” dijera que no facilitaría la exhumación, el Gobierno de Sánchez confirma que seguirá y el Vaticano informa de que es un asunto de España y de la familia; esta exige que, si hay exhumación, enterrar los restos en La Almudena. En febrero el Consejo de Ministros ordena la exhumación y da a la familia un nuevo plazo de 15 días para que señale un nuevo lugar de inhumación alternativo a la cripta de La Almudena. La decisión es recurrida por los monjes de la Basílica. En marzo el Consejo de Ministros aprueba trasladar los restos al panteón familiar de Mingorrubio. En abril, los nietos piden al Supremo que impida la exhumación y en mayo, la Fundación Francisco Franco apela al Supremo para suspender los acuerdos del Gobierno.
Por fin, el 24 de septiembre, el Tribunal Supremo por unanimidad decide rechazar los recursos de la familia Franco y la Fundación, avala la exhumación y determina que el cadáver debe ser exhumado del Valle de los Caídos y enterrado en el panteón de Mingorrubio y no en la catedral de La Almudena.
La exhumación del dictador, que viene de lejos, significa un momento de “dignidad, justicia y reparación” para la mayoría de ciudadanos, incluso para aquellos que dicen “que les da lo mismo”
Resulta cuando menos decepcionante que, ante la decisión del Tribunal Supremo, tan deseada y necesaria para cerrar, en parte, una aberración histórica que la prensa internacional ha definido como punto de inflexión en materia de memoria histórica en nuestro país, estemos escuchando a miembros de los partidos de Ciudadanos o del PP que hay cosas más importantes en España que hablar del pasado, que hay que hablar de los problemas que acucian hoy a los ciudadanos españoles, a los que no interesa la exhumación del dictador, como si no fuesen compatibles ambas. El Partido Popular y Ciudadanos ignoran que no se construye un futuro en convivencia si no se cierran los errores de esa indigna dictadura con “dignidad, justicia y reparación”; la paz solo se consigue si las violaciones y los jirones de los derechos humanos ocasionados por el franquismo están cosidos por el hilo de la reconciliación. No podemos someternos a las trampas del olvido ni condenar al olvido a todas las víctimas de la dictadura. No es justo que no se pueda siquiera mencionar el nombre de los que sufrieron los horrores del franquismo; que no puedan descansar con su familia porque otros decidieron sepultarles en la tierra y en las fosas del olvido. Es importante examinar las formas perversas en las que las palabras y opiniones pueden influir en la realidad. La percepción de la realidad se resquebraja cuando se antepone el interés electoral por encima de la verdad, la vida es innegociable; y la verdad es que la exhumación del dictador, que viene de lejos, significa un momento de “dignidad, justicia y reparación” para la mayoría de ciudadanos, incluso para aquellos que dicen “que les da lo mismo”.
No puede Albert Rivera ni los líderes de Ciudadanos, aplaudir la decisión del Tribunal Supremo - ¡qué remedio les queda! - y acusar a Sánchez de “jugar con los huesos” de Franco como estrategia electoral “para obtener votos”. “Afortunadamente, -ha escrito con cinismo en Twitter Rivera- la dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules, pero a muchos españoles a estas alturas no nos importan”.
No pueden los líderes del PP mostrar respeto por las decisiones judiciales y ligar la posición del Supremo con la proximidad de la convocatoria electoral. Así lo ha afirmado el portavoz popular en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, al decir “No le vamos a dedicar ni un minuto a un tema que el PSOE utiliza con afán de dividir a los españoles”. Y Pablo Casado en una entrevista con Carlos Alsina, sobre la decisión del Tribunal Supremo, señalaba que el PSOE estaba haciendo un uso electoralista del tema: “el Gobierno está muy pendiente del calendario para poner ciertos asuntos sobre la mesa”. “A mí me preocupa más dónde estarán mis hijos dentro de 50 años que dónde estaban sus abuelos hace 50. Yo no gastaría un euro en desenterrarlo”, concluía. Olvidan estos adolescentes y desmemoriados líderes que en este país hay muchos millones de españoles, que no serán en su vida otra cosa que españoles, pero que desconfían de los símbolos nacionales, que no se reconocen en su bandera porque otros se han adueñado de ella, y eso es trágico, porque no van a tener nunca otro país. Esto no pasa por casualidad, es una quiebra sentimental muy fuerte. No puede ser sano un país en el que la mitad considera que la nación es su propiedad privada. Tenemos un problema de identidad nacional muy grave, y eso tiene que ver con la memoria histórica y con el craso error de que el dictador continúe, no bajo palio como en vida, sino bajo tierra en un monumento sagrado.
No ha habido mayor profanación de lugar sagrado que haber tenido durante 44 años “al mayor dictador y genocida de la historia de España”, en el altar mayor de la Basílica de Cuelgamuros
Entre todas las opiniones críticas contra la exhumación hay una muy singular y nostálgica; nostálgicos de un franquismo trasnochado, inaceptable en la Europa de las democracias, negadores de la historia y manipuladores de una realidad que no les gusta; me refiero a VOX. Se da la circunstancia de que VOX rechaza la ley de Memoria Histórica; hace unas semanas presentó una iniciativa en el Congreso para derogarla. Incluso pidió públicamente que se restituyeran los nombres de las calles que se cambiaron en los callejeros de las ciudades españolas. En su presentación, VOX rechazó condenar el franquismo. “Nos da igual que sea legal o no la intención del gobierno de profanar tumbas contra el deseo de las familias. Estaremos siempre en contra de desenterrar muertos y odios del pasado. Miramos al futuro. Porque amamos a España y deseamos la convivencia entre los españoles”. Al escuchar estas sandeces, si no fuese por el peligro que encierran, me viene a la memoria ese cuento corto del escritor guatemalteco de origen hondureño Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. También muchos españoles escuchando a los líderes de VOX tenemos que decir: “El dictador, el dinosaurio aún está aquí: es VOX”.
Santiago Abascal y Rocío Monasterio han sentenciado con desparpajo: “Empieza la campaña socialista: profanar tumbas, desenterrar odios, cuestionar la legitimidad de la monarquía. Solo VOX se opondrá frontalmente, porque solo VOX tiene el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral”. Según ellos, la exhumación de Franco solo sirve para profanar tumbas, desenterrar odios y cuestionar la legitimidad de la Monarquía. “Solo nosotros tenemos el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral”. Según estos indoctos patriotas, la sentencia del Supremo es una “profanación” de la tumba de Franco y un ataque a la libertad de sus familiares. Ignoran “el caballero ecuestre y la señora de la cínica sonrisa”, lo que es profanar. Es obligada una breve lección y una necesaria aclaración: ¡Profanación!, ¡qué gruesa palabra!, como gruesa es la maliciosa ignorancia de los que la han pronunciado. Profanación es el uso irresponsable, irrespetuoso o el maltrato de cosas, objetos, edificios, instituciones, incluso personas, a los que se consideran como sagrados, importantes o dignos de respeto.
Mi conclusión: no ha habido mayor profanación de lugar sagrado que haber tenido durante 44 años “al mayor dictador y genocida de la historia de España”, en el altar mayor de la Basílica de Cuelgamuros. ¿En qué me apoyo?: en lo señalado más arriba, que es doctrina de la Iglesia y los de VOX, devotos católicos, deberían conocer y practicar: el pasaje del evangelio de Mateo 21,12-13, en el que Jesús expulsa los mercaderes del Templo por haber transformado su casa en “una caverna de bandidos o en la tumba de un dictador”. Lo que sí se debería hacer, con maliciosa ironía, es que cuando por fin se exhume “la momia”, como prescribe la liturgia del “exorcismo”, con agua bendita se rocíe la tumba para que no quede ningún demonio ni dentro de la basílica ni en la celda del prior.
*En la imagen: Franco, con el entonces futuro rey Juan Carlos durante una visita a la tumba de José Antonio en Cuelgamuros en 1972. Les acompañan en segunda línea Carrero Blanco y Torcuato Fernández-Miranda.