“Tanto se hablaba de transparencia que, cuando el pueblo la exigió, los políticos no sabían qué hacer con ella”. Si no fuese una evidencia dictada por el sentido común, esta frase podría ser una cita culta de algún sesudo pensador. Estoy convencido de que muchos de los que lean estas reflexiones estarán de acuerdo en que bastantes españoles lo han pensado o verbalizado alguna vez. Para apoyar mi afirmación ofrezco algunas definiciones sencillas de los tres conceptos que entrelazan el título de este artículo, con las que muchos lectores coincidirán:
- Mayoría (en clave política): “la dictadura del número” (Borges dixit).
- Impunidad (en clave etimológica -en latín "sin castigo-): consiste en no procesar ni castigar a los responsables de delitos, de violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
- Inmunidad (en clave parlamentaria): privilegio por el que ciertas personas con poder no se someten a los procedimientos legales normales y quedan libres de cumplir determinadas penas.
Es obligado constatar que para una gran parte de ciudadanos la corrupción política, financiera y económica recorre nuestro país como una endemia y con muy mal pronóstico para alcanzar su erradicación. Los casos “Matas”, ex ministro y ex presidente de Baleares, “Fabra”, ex presidente de la Diputación de Castellón, “Pedro Ángel Hernández”, ex alcalde de Torrevieja… son ejemplos claros de que las mayorías políticas trajinan bien, a conveniencia, utilizando la vía de la inmunidad para conseguir la impunidad de conmilitones responsables de graves delitos. A cuántos se les justifica o se les disculpa la corrupción en la administración de los bienes públicos por el simple hecho de que “es uno de los nuestros”, hasta que las pruebas del delito son tan evidentes que de “político intachable” se convierte en un apestado; el caso “Bárcenas”, ex tesorero del PP, es un ejemplo claro. De Carlos Fabra llegó a decir Rajoy en 2008 que era un político y un ciudadano ejemplar para el PP y para los ciudadanos de Castellón, aunque las evidencias ya eran entonces incontestables.
A pesar de la obstaculización que muestran los partidos políticos para que no salgan a luz tantos escándalos de corrupción administrativa, el que se hagan patentes se lo debemos, en gran medida, a la libre y responsable acción de algunos medios de comunicación, que trabajan con normas de juego claras, que abogan por la transparencia y con las que se intenta respetar la legalidad, no permitiendo que se cambien las leyes según el interés de los gobiernos de turno; gobiernos que, apelando siempre a su mayoría parlamentaria, se sienten semidioses, habitan el “Olimpo” de la impunidad donde reina su voluntad, convirtiendo su caprichosa ideología en ley. Son esos gobernantes que bien escondidos y cobijados bajo una máscara de democracia formal, se creen omnipotentes, transitan la ilusión de la omnipotencia para compensar sus propias impotencias ideológicas; esos políticos y su pléyade de cortesanos conforman una familia perversa, modifican las leyes a conveniencia sin importarles lo que opinen los ciudadanos, hasta la cercanía de las siguientes elecciones; descienden, entonces, de su “Olimpo” para intercambiar abrazos y ofrecer falsas promesas. Es otra forma de corrupción; y esto sucede, en situaciones en las que, mientras al pueblo se le exige -de manera permanente- austeridad y sacrificios, algunos de los que gobiernan hacen gala de su enriquecimiento y poderío económico; situaciones en las que el poder político se ejerce por lobbys -que manejan la política según sus intereses-, con partidos que alardean de su mayoría parlamentaria para hacer cuanto les conviene con escaso convencimiento democrático y negando en su gestión el programa por el que fueron elegidos; situaciones, además, en las que la oposición o casi no existe o, en el mejor de los casos, es precaria cuando no ninguneada.
En otros tiempos y circunstancias (1899), el sociólogo y economista americano Thorstein Vebler, en su obra La teoría de la clase ociosa, describía el panorama de la contradicción existente entre el despilfarro de la riqueza que es de todos, sumado a la ostentación de la riqueza de unos pocos, en contraste con el empobrecimiento, cercano a veces a la miseria, de más de un tercio de la población. En esta combinación inmoral, que convierte en escandaloso el panorama, figuran la impunidad e inmunidad como variables intervinientes que adjudican una mayor gravedad a los hechos. Y lo que más nos debe hacer reflexionar es por qué muchos ciudadanos, inmersos en un bajo nivel de calidad de vida, continúan votando a estos políticos mentirosos, corruptos y populistas. La única razón que encuentro para dar explicación a estas contradicciones es que tales ciudadanos, a la par que condenan la corrupción, alimenten en su interior la esperanza de poder hacer lo mismo si se encontrasen en circunstancias parecidas. Es decir, ser corrupto es una alternativa válida –aunque nunca se manifieste en voz alta- para ingresar en el círculo del poder y la riqueza. Es evidente que la impunidad producida por la corrupción hiere la sensibilidad colectiva y facilita la aparición de un imaginario social en donde "todo está permitido", pues si los que roban miles o millones de euros no son inculpados ¿por qué razón no puedo llevarme a casa unas hojas de papel o unos bolígrafos de la oficina para que los usen mis hijos?
Todo esto genera un sentimiento de frustración e indignación entre la mayoría de la población silenciosa al haber confiado en unos políticos que les han traicionado; los sentimientos de frustración e indignación son un enemigo de la democracia; en este clima de inmunidad e impunidad no es infrecuente hacer generalizaciones indebidas al extender la sospecha de corrupción sobre toda la clase política. El que las mayorías parlamentarias utilicen la inmunidad para la impunidad es una peligrosa forma de gobernar; mucho más grave si en su consolidación contribuyen las instituciones jurídicas. Con sano criterio apuntaba Ángel Ossorio, nuestro jurídico y político, muerto en Argentina que “es grave para la salud del cuerpo social el que la impunidad venga protegida por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en que la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía general". Es decir, situaciones en las que los culpables de actos corruptos no son perseguidos o se intenta influir para sacarlos de la órbita de la justicia o, si non condenados , se les beneficia con distintas formas de perdón: amnistía, indulto, prescripción y excusas absolutorias parecidas. ¡Cuántos casos son conocidos en estos tiempos! No es, pues, extraño que en tales situaciones se resquebraje el entramado social, desaparezca la confianza en los políticos y en la honestidad de la justicia y se reemplacen por un clima de desánimo y egoísmo individualistas.
Podemos también hablar de impunidad y corrupción cuando se dan situaciones objetivas de tolerar o dejar intactas las estructuras y actitudes que han hecho posibles los delitos para eludir una responsabilidad elemental frente al futuro, como es la de salvaguardar los valores básicos de la convivencia democrática. La impunidad, en última instancia, es la negación de la justicia y del carácter justiciable de los derechos humanos, el desconocimiento de la verdad de las víctimas y la imposición de la verdad partidaria; todo esto implica la legitimación del abuso del poder. En el orden político la consecuencia más importante de la impunidad es el condicionamiento de la sociedad frente al futuro, ya que el futuro es moldeado de acuerdo con los principios, con la ideología y con el modelo de ordenamiento social que desean los que detentan el poder.
Traigo como reflexión una larga cita de un artículo de Josep Ramoneda, en el diario EL PAÍS, titulado El círculo de la impunidad refiriéndose a las comisiones de investigación sobre el caso Bankia - aunque estas reflexiones se pueden extender a muchos casos parecidos- : “Por pura equidad, la ciudadanía tiene derecho a saber y a que paguen quienes hayan cometido delitos. Naturalmente, esta tarea esclarecedora la tenía que iniciar el Parlamento, que por algo representa, o debería representar, a la ciudadanía. No lo ha hecho. Unas comparecencias descafeinadas (y a puerta cerrada), fruto del bloqueo del PP y la timidez del PSOE, no son lo que la gravedad del caso requiere. Las comisiones de investigación son uno de los grandes fracasos de la democracia española, porque no buscan esclarecer hechos, sino imponer una falsa verdad por mayoría política. Pero ello se exige reformarlas, no inutilizarlas. Para que funcionen es condición necesaria que los diputados entiendan que cuando asumen una responsabilidad en una comisión, su compromiso es con la verdad concreta de las cosas y no con las consignas del partido… pero aquí se ha impuesto el miedo y la complicidad de casta… Los años de la impunidad, del todo es posible, del todo está permitido, han abierto una enorme brecha en la sociedad entre las élites políticas y la mayoría de los ciudadanos...”
Acabo: ante el sentimiento de frustración e indignación que hoy anida en una mayoría de la ciudadanía al contemplar la inmune impunidad de la que goza cierta casta de ciudadanos arropados por el poder político y económico, con el apoyo incomprensible, a veces, de la justicia, subrayo esta sabia sentencia del maestro Aristóteles: “El único Estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Mientras esto no se consiga será poco probable que en España nuestras instituciones tengan estabilidad.