martes 14.07.2020

La justicia no es ciega, ve en la oscuridad

La “amable sentencia” que ha permitido que Urdangarin regrese sin impedimentos ni fianza a su residencia ginebrina ha indignado a una gran parte de la sociedad, que ha clamado en términos airados contra la decisión de las juezas de Palma

Una de las principales funciones de un sistema jurídico es proporcionar orden en el que, de otra manera, sería un mundo desordenado. El problema de un sistema jurídico no bien administrado o no bien explicado es que, cuando menos, puede generar confusión e indignación. Esta es la situación en la que nos encontramos miles de ciudadanos en estos días al contemplar algunas de las sentencias judiciales y las injerencias del Gobierno en la Fiscalía.

La sentencia del Caso Noos, con la absolución de la Infanta, pretendiendo hacernos creer que ella no sabía nada, cegada por un amor incondicional (“tengo confianza en mi marido”), más la suma de un sinfín de “No lo sé”, “no lo recuerdo”, “no me consta”, han sido la fórmula para tapar un entorno de dinero negro, facturas falsas y otras trampas que costaban en la instrucción de más de cinco años del juez Castro. Bajo esas premisas de “amor e ignorancia” construyeron los abogados de la hija del rey su defensa, dando por bueno, en la sentencia de las juezas, que la Infanta Cristina era “una mujer florero”, a pesar de tener un cargo de alta responsabilidad en una entidad bancaria como es la Fundación La Caixa.

Por otra parte, la “amable sentencia” que ha permitido que Iñaki Urdangarin regrese sin impedimentos ni fianza a su residencia ginebrina ha indignado a una gran parte de la sociedad, que ha clamado en términos airados contra la decisión de las juezas de Palma en las que pocos confiaban. En la actualidad, algunos expertos temen, con razón, que los recursos a presentar liberen definitivamente a Urdangarin de la prisión y que en los mil folios de la sentencia haya materia bien disimulada para conseguirlo. Decisiones judiciales como éstas son las que a muchos españoles nos producen vergüenza hasta convertir de nuevo en “trendig topic” ese clamor de que la “justicia no es igual para todos”.

Como consecuencia, la credibilidad de la institución judicial, clave de bóveda en una democracia seria, que debía ser el gran contrapeso a los desmanes del poder y del dinero, está bajo mínimos y, a los ojos de la gente corriente, aparece hoy como un instrumento al servicio de los poderosos. Bien lo sentencia El Roto en uno de sus impagables ensayos gráficos en palabras de un magistrado: “La justicia es igual para todos, pero las sentencias, NO”.

A la Justicia se le empezó a representar como “ciega” a fines del siglo XV; con la venda en los ojos se pretendía significar que “la justicia no mira a las personas, sino los hechos”. Pero esta verdad jurídica puede ser, no pocas veces, una mentira moral y social. Tal vez sea ciega como dicen, pero muchos creemos que ve hasta en la oscuridad. Gran parte de la ciudadanía estamos convencidos de que los jueces y sus sentencias, no son la verdad suprema; existe el convencimiento de que algunos tienen un precio -no siempre económico- y a veces se sabe cuál es y quién lo paga.

Afirmaba Aristóteles que “el único Estado estable es aquel en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Las recientes sentencias judiciales y el ambiente ante el sentimiento de frustración e indignación que hoy anida en una mayoría de la ciudadanía al contemplar la inmune impunidad de la que goza cierta casta de ciudadanos arropados por el poder político y económico, contradicen al sabio filósofo. Mientras todos los ciudadanos no sean iguales ante la ley, mientras esto no sea posible porque las sentencias judiciales y las cuestionables decisiones de la Fiscalía General del Estado, que depende al Gobierno, lo están desmintiendo, será poco probable que en España nuestras instituciones tengan credibilidad y estabilidad. Esta opinión no es simplemente una opinión que tienen muchos ciudadanos, es también la que tiene el colectivo de la Unión progresista de fiscales que en un comunicado publicado hace días considera que algunos de los nombramientos y la no renovación en sus plazas de algunos compañeros, casualmente en su mayoría progresistas, supone un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal; solo se explica -subrayan- desde un interés eminentemente político e ideológico; desean, y en ello están comprometidos, una institución al servicio de los ciudadanos, sin deudas que pagar a la clase política y con una total y absoluta autonomía; denuncian, a su vez, ataques a su independencia por injerencias e intromisiones externas del poder ejecutivo.

Es evidente que la impunidad producida por la corrupción hiere la sensibilidad colectiva y facilita la aparición de un imaginario social en donde “todo está permitido”, pues si los que roban miles o millones de euros no son inculpados ¿por qué razón no pueden llevarse a casa unas hojas de papel o unos bolígrafos de la oficina para que los usen sus hijos?

Estas situaciones generan un sentimiento de frustración e indignación entre la mayoría de la población silenciosa al haber confiado en unos políticos que les han traicionado; los sentimientos de frustración e indignación son un enemigo de la democracia; en este clima de inmunidad e impunidad no es infrecuente hacer generalizaciones indebidas al extender la sospecha de corrupción sobre toda la clase política. El que las mayorías parlamentarias utilicen la inmunidad para la impunidad es una peligrosa forma de gobernar; mucho más grave si en su consolidación contribuyen, además, las instituciones jurídicas. Estamos asistiendo a situaciones en las que los culpables de actos corruptos no son perseguidos o se intenta influir para sacarlos de la órbita de la justicia, incluso, si son condenados, se les beneficia con distintas formas de perdón: amnistía, indulto, prescripción y excusas absolutorias parecidas. No es, pues, extraño que en tales situaciones se resquebraje el entramado social, desaparezca la confianza en los políticos y en la honestidad de la justicia y se reemplacen por un clima de desánimo y egoísmo individualistas.

Cierta impunidad y el que todo es posible sin consecuencias, ha abierto una enorme brecha en la sociedad entre las élites políticas, la judicatura y la mayoría de los ciudadanos. Anida hoy en una mayoría de la sociedad un sentimiento de frustración e indignación al contemplar la inmune impunidad de la que goza cierta “casta” de ciudadanos arropados por el poder político y económico, con el apoyo incomprensible a veces, de la justicia. La impunidad es la negación de la justicia y del carácter justiciable de los derechos humanos, el desprecio de la verdad lógica y la imposición de un interés partidario, legitimando, en último término, el abuso del poder. La consecuencia de la impunidad es el condicionamiento del futuro de la sociedad, pues su futuro se moldea de acuerdo con los principios, la ideología y el modelo de ordenamiento social y jurídico que desean los que detentan el poder. En su “Historia de Florencia”, Leonardo Bruni (1370-1444), lo ilustra claramente el siguiente pasaje: “Considero que la decadencia del Imperio Romano debe colocarse aproximadamente desde aquella época en que, habiendo perdido la libertad, Roma comenzó a ser servil con los emperadores”.

Es una evidencia constatable que la frase “todos los ciudadanos son iguales ante la ley” no se la cree la gente -la realidad lo demuestra-; puede ser una cita pretendidamente correcta, pero no creíble para la ciudadanía; a diario percibe que la corrupción política, financiera y económica recorre nuestro país como una endemia, con muy mal pronóstico para alcanzar su erradicación y con una evidencia palpable de que los que tienen el poder y el dinero, a la postre, son impunes ante la ley. Y lo más triste es que cunde la resignación ciudadana hasta asumir como un mal inevitable y una sensación de impotencia generalizada con un “Esto es lo que hay”; o lo que es lo mismo: ver, callar, obedecer, bajar la cabeza… porque lo que puede venir, con el partido popular en el poder, seguro que es peor.

¿Dónde queda, pues, Montesquieu y su separación de poderes como garantía de control y contrapeso entre ellos? Aquí manda, sin oposición eficaz, el poder ejecutivo. No es normal que tengamos un presidente que ante cualquier pregunta comprometida sobre la corrupción y la imputación judicial de su partido, dé la callada por respuesta, salga por los cerros de Úbeda o se esconda tras “un plasma”; no es normal que tengamos un ministro de justicia, dotado de una facundia incontrolada y opine cuanto le parece sobre jueces y fiscales convertido en un torpe un tertuliano, interviniendo sobre los engranajes del ministerio público; sostenía con cierta ironía un clásico: “ Más vale cerrar la boca y parecer tonto que abrirla y confirmarlo”; no es normal que el fiscal general se dedique a promocionar o destituir a los fiscales a conveniencia de intereses partidistas en los juicios que afectan al partido que le ha nombrado; no es normal que tengamos un parlamento cuyos partidos políticos, en lugar de legislar, se enzarcen en luchas intestinas partidarias por ver quién controla el poder. ¡No es normal! Y mientras, la ciudadanía resignada contemplando cómo le roban el futuro.

Uno de los objetivos de cualquier proceso penal es averiguar si determinados hechos han ocurrido o no y en qué términos y circunstancias. Según los expertos, la “prueba” constituye un factor de conocimiento cuya función principal es establecer “la verdad de los hechos”. Sin embargo, tanto juzgar sobre la culpabilidad como la valoración de la conducta de un imputado son en sí mismos procesos de interpretación que requieren del juez una actitud activa y determinante, pues no es infrecuente que la verdad jurídica puede ser una mentira moral. El razonamiento jurídico como todo argumento es un producto mental del ser humano, no es absoluto y, por tanto, debe ser sometido a los principios de la lógica.

Nunca se conseguirá una verdadera justicia si los jueces (o los hombres de leyes) no razonan correctamente respetando no sólo las leyes, las reglas y las normas, sino también los axiomas, principios, métodos y procedimientos establecidos por convención o consenso, en base a la verdad científica que a su vez es la verdad lógica y, finalmente, verdad jurídica.

Durante siglos los filósofos dialecticos y los filósofos del derecho han tratado de descubrir las formas que validan el pensamiento hasta preguntarse: ¿se puede juzgar, administrar justicia, redactar sentencias contra la lógica del pensamiento o del sentido común? Platón decía que el pensamiento es como el viento: no se puede ver, pero es capaz de sacudir la realidad. ¿Por dónde sopla hoy ese viento? No tiene una única dirección, pero al menos, una de ellas tiene que ver con la justicia, las sentencias judiciales y el manoseo del poder político en el poder judicial. Para hacer comprensibles sus sentencias, la manera de pensar y razonar y los métodos argumentativos de jueces y abogados, no pueden ser diferentes de la manera de pensar y razonar y de los métodos argumentativos de los ciudadanos comunes. Y sin embargo es frecuente que resoluciones, sentencias o fallos judiciales y ciertas técnicas de razonamiento características de sus escritos, no solo son incomprensibles en su lenguaje, sino que contradicen la lógica y la lógica jurídica. El caso Noos, es uno de ellos. Al margen de otras interpretaciones menos benignas, ¿no será porque en las resoluciones, fallos o sentencias judiciales que administran nuestros magistrados, duras con unos y excesivamente suaves con otros, encontramos la explicación en su desconocimiento de la lógica jurídica a la hora de aplicarla en el derecho procesal?

No es infrecuente que las burbujas en las que se encierran ciertos colectivos profesionales, entre otros, los profesionales de la justicia, les haga incapaces para ver la realidad tal como es. La diversidad genera complejidad y la realidad es tan diversa y plural que meterla en el corsé de la simple letra de la ley, sin una interpretación de la misma, no sólo jurídica sino lógica, corre el riesgo de que como afirma El Roto en su viñeta, gran parte de los ciudadanos estén dispuestos a aceptar la justicia y sus leyes, pero muchas de sus sentencias, NO.

La justicia no es ciega, ve en la oscuridad