miércoles 20.11.2019

Educación pública: ¿excelencia o equidad?

Si compartes tu opinión te arriesgas a que algunos, o muchos, no estén de acuerdo contigo. ¡Qué peligro tiene un sistema educativo en el que se antepone la excelencia a la equidad!


Hace días en la entrega de los Premios Extraordinarios de las distintas etapas educativas de la Comunidad de Madrid (Premios EXCELENCIA) por su presidente, Ángel Garrido, uno de los galardonados, el joven de 19 años Francisco Tomás y Valiente, nieto del profesor y jurista asesinado por ETA, alumno elegido para dar el discurso de entrega de los premios, criticó las deficiencias del sistema educativo con un contundente alegato y, de paso, al sistema educativo madrileño. Con estas palabras cuestionaba el galardón que se le otorgaba: “La prioridad no podemos ser aquellos que obtenemos resultados considerados como excelentes, sino aquellos que tienen más dificultades”. “La calidad educativa -añadía- no puede reducirse a la excelencia académica. La calidad educativa comporta otro elemento esencial, más allá de la excelencia académica, la equidad”. “Sería injusto no recordar que no solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados, sino muy especialmente, quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas, en ocasiones, con problemas familiares, aprietos económicos o dificultadas de aprendizaje. No podemos permitir que el olvido de nuestra suerte presida esta celebración”. Una enorme ovación apoyó sus palabras. Preguntado alguno de sus profesores sobre el perfil académico de este brillante alumno, ésta fue su sintética respuesta: “Esfuerzo, talento y compromiso”. Es difícil encontrar mejor respuesta. El esfuerzo es imprescindible; el talento, importante; pero ambos sólo sirven si hay compromiso.

Posteriormente, en una entrevista en “El Intermedio” para la Sexta, el joven premiado dio una lección magistral al reivindicar la equidad en la educación. “Lo que yo dije es un principio que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico; la equidad tiene que ser un principio rector de la educación pública, pues quien tiene más dificultades debe recibir más ayudas”; y añadía, “la educación no es la simple transmisión de conocimientos: pretende formar ciudadanos críticos”.

Las palabras de este prometedor estudiante y amante de la filosofía, como él mismo manifestó, me traen a la memoria esa recurrente reflexión sobre calidad, equidad y excelencia en el sistema educativo. Nadie duda y todos lo afirman que la educación, si quiere y pretende ser tal, debe ser de calidad. Pero el matiz está en diferenciar excelencia y equidad. Cuando comparamos ambos conceptos, nos referimos fundamentalmente a las enseñanzas obligatorias, incluida la formación profesional básica. En la enseñanza postobligatoria: bachillerato, Formación Profesional Específica (grado medio y superior), enseñanzas artísticas y universidad, la especialización (y, por tanto, la excelencia), adquiere una importancia que no se puede aplicar en las etapas obligatorias. Hace pocos días, en Nueva Tribuna, José María Agüera Lorente, en su artículo “Equidad, meritocracia y educación pública”, aportaba como reflexión que sólo la educación pública puede desde la equidad erosionar el mito de la meritocracia y lo justificaba con dos interesantes citas; unas palabras de Daniel Cohen en su libro “Homo economicus”, para quien “la educación es un pasaporte para la vida, pero también aquello que tiende a reproducir de la manera más cruel las desigualdades de nacimiento...”; en la otra, defendía que la educación pública es el instrumento necesario para la consecución del bien común. Lo argumentaba aplicando la teoría del “velo de ignorancia”, de John Rawls, construcción teórica o “ideal” que debería guiar toda acción política: es deseable que los representantes públicos diseñen sus diferentes políticas en función de criterios de equidad y eficacia sin considerar las diferentes motivaciones e intereses de los grupos de poder que puedan ser cercanos a dichos gobernantes.

Este modelo de gestionar la educación es lo contrario al diseño de las políticas públicas españolas que en los últimos años parecen haber estado guiadas por los intereses privados y particulares de importantes lobbies o grupos de poder; es decir, la evidencia de lo vivido en estos años, también en la educación, parece que el interés general y el “bien común” no han sido los elementos prioritarios a la hora de ejecutar las acciones públicas del gobierno, sino a la promoción de los intereses de las grandes empresas y la mejora de su posición en el mercado asumiendo con cinismo que el bien de las principales empresas es directamente proporcional a la mejora del bienestar de la ciudadanía española.

Existe un consenso generalizado de que la educación juega un papel muy importante en el mundo y gracias a estudios internacionales como el Programme for International Students Assessment (PISA) realizado por la OCDE, su mejora es una prioridad de todos los gobiernos. Pocos dudan de la relación que existe entre los sistemas educativos y el desarrollo económico de los países. La educación se ha convertido en unos de los principales temas a tratar, tanto para los políticos como para los ciudadanos y en considerar que la calidad figura en la lista de los temas educativos actuales más relevantes. Hay que resaltar, asimismo, la importancia de la educación y del sistema educativo como ejes fundamentales del desarrollo y mantenimiento de la democracia de un país. Sin embargo, sin caer en el pesimismo de la voluntad, la educación en España no se caracteriza precisamente por hacer del enfoque basado en prioridades, para la mejora de los resultados del sistema, una cuestión esencial. La orientación cortoplacista, los planteamientos oportunistas y los intereses corporativistas suelen, con frecuencia, prevalecer.

Hay que recordar de nuevo lo que en su momento significó y significa la “Marea Verde” y su eslogan “Escuela pública de todos para todos”, ese movimiento comprometido con la educación pública y su conjunto de acciones y protestas contra los recortes en la educación que comenzaron a producirse en España al principio del curso escolar 2011/2012. Existe una extensa literatura acerca de aquellos paros y reivindicaciones que llevaron a cabo los profesionales y alumnos de la educación pública. El seguimiento fue amplio a pesar de las medidas tomadas por las administraciones para disuadir a una gran parte de la comunidad educativa. Años más tarde, en diciembre de 2013, se aprobó la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa (LOMCE), también llamada con ironía “Ley Wert”, para escarnio de este ministro, el peor valorado de la democracia; ley tramitada a espaldas de la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos y con los únicos votos a favor del Partido Popular, con su mayoría parlamentaria. Es importante destacar que años más tarde, agosto de 2016, una macroencuesta realizada a más de 6.000 profesores de las etapas Infantil, Primaria y Secundaria, reflejaba un importante descontento con la LOMCE.

¿Cuáles eran, en síntesis, los motivos de dicho descontento?: no era una ley necesaria; fue tramitada a espaldas de la comunidad educativa; las CCAA fueron obviadas, sin la participación de los gobiernos autonómicos; no reflejó ni los consensos ni los pactos necesarios; su calendario de implantación no se realizó de forma adecuada; no era una ley inclusiva al fomentar la excelencia y la meritocracia por encima de la equidad; eliminó como asignatura obligatoria la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, tan necesaria a la hora de neutralizar el adoctrinamiento religioso en una sociedad laica como dice la Constitución del 78; sus contenidos curriculares no son los adecuados ya que la distribución de las asignaturas no obedece a su importancia; introduce unas reválidas discriminatorias y segregadoras para el futuro de los alumnos. En síntesis: la LOMCE, aunque lo proclame en su Preámbulo, no ha supuesto una mejora de la calidad educativa; apenas menciona cuál es la metodología a aplicar y, cuando lo hace, no concreta o no articula propuesta alguna ni cuál es su modelo educativo; y algo muy grave: hace escasa mención a la formación y actualización del profesorado.

El miércoles pasado tomaba posesión de su cargo en el Ministerio como Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, Rector hasta ahora de la UNED y, en la época del gobierno Zapatero, Secretario general de Educación y Ciencia (2004-2008). Conocedor como pocos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) - muy implicado en su elaboración y redacción -, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa (LOMCE) publicó diversas reflexiones (“Los motivos de las leyes”) en las que analizaba una inteligente comparación entre ambas leyes: LOE y LOMCE, destacando en especial, lo que exponen sus “preámbulos” o introducciones al articulado.

Todos sabemos que el articulado de un texto legal constituye su componente sustancial; es el que marca la normativa de actuación. Normalmente, cuando se acude a la ley, no se tienen demasiado en cuenta su preámbulo, se va directamente a su articulado; sin embargo, sabemos que los estudiosos del Derecho dan una enorme importancia a sus preámbulos o “exposición de motivos”: éstos tienen como objetivo justificar los cambios planteados con respecto a leyes anteriores y describir sumariamente el contenido de las normas; las exposiciones de motivos ofrecen al legislador la oportunidad de presentar los fundamentos teóricos y políticos de las disposiciones adoptadas y argumentar a su favor. Tienen, pues -como dice Tiana- “un indudable valor interpretativo, del que deriva en buena medida su interés”.

Si se analizan los preámbulos de ambas leyes, como es lógico, se observan algunas coincidencias; las más destacadas consisten en la voluntad manifiesta de mejorar la calidad de la educación y de buscar la convergencia con los países más avanzados, especialmente los pertenecientes a la Unión Europea. Entre los medios más idóneos para conseguir esos objetivos, ambos textos aluden a la autonomía de los centros, la evaluación externa y la rendición de cuentas, aunque no coinciden en las medidas concretas que proponen, que en algunos casos son incluso opuestas.

Pero más importantes que las similitudes -señala Tiana- son las diferencias encontradas, algunas de ellas muy llamativas. Así, en relación con el sentido que la educación tiene para las personas, ambos textos reclaman la necesidad de desarrollar el talento, si bien lo hacen de modo totalmente diferente. Donde la LOE habla de la atención a la diversidad para conseguir el éxito escolar de todos y de conciliar la calidad de la educación con la equidad de su reparto, la LOMCE afirma que la naturaleza del talento difiere de un estudiante a otro, por lo que es misión del sistema educativo reconocer dichos talentos y potenciarlos. En consecuencia, mientras que la LOE propone un sistema educativo flexible, orientado a facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida, basado en el principio de una educación común con atención a la diversidad y con conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas y formaciones, la LOMCE propone una estructura educativa en abanico, con opciones progresivamente divergentes, hacia las que se canalizan los estudiantes en función de sus fortalezas y aspiraciones.

El modelo LOE, es un modelo de tronco único, con una diversidad de vías internas de valor equivalente (aunque no sean idénticas) y caminos de ida y vuelta entre la formación y la vida activa, mientras que el modelo LOMCE, es un modelo ramificado, que separa a los alumnos mediante un sistema de pruebas externas en vías cada vez más diferentes y difícilmente reversibles. Y desde el punto de vista de la función social de la educación, la LOE subraya los principios de equidad, inclusión, cohesión social y ejercicio de la ciudadanía democrática, mientras que la LOMCE enfatiza la competitividad, la excelencia, la movilidad social, la integración y la empleabilidad, sin mencionar siquiera la equidad. Se trata de diferencias acusadas, reflejadas en la utilización de términos que responden a concepciones prácticamente opuestas del sentido de la educación.

Aunque muchos ciudadanos y no pocos profesionales de la educación consideren que todos los modelos educativos son iguales (“los mismos perros con distintos collares”), de acuerdo a lo que exponen dichos preámbulos, sus fundamentos teóricos y políticos y sus objetivos marcan serias diferencias, pues como señala Tiana, “las leyes no son inocentes”. Unos son más precisos y explícitos, como el de la LOE, mientras que otros son más generales y elusivos, como el de la LOMCE.

La LOMCE responde a una concepción ideológica individualista y diferenciadora, con un modelo ramificado que separa a los alumnos mediante un sistema de pruebas externas en vías cada vez más diferenciadas y difícilmente reversibles hacia las que se canaliza al alumnado en función de su fortaleza y aspiraciones; enfatiza la competitividad, la movilidad social, la empleabilidad y la excelencia, sin mencionar siquiera la equidad. En la LOE, en cambio, su concepción es claramente inclusiva y equitativa. Propone un sistema educativo flexible que facilite un aprendizaje a lo largo de la vida, basado en el principio de una educación común con atención a la diversidad y con conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas y formaciones. Subraya los principios de equidad, inclusión, cohesión social y ejercicio de la ciudadanía democrática.

Son dos modelos difíciles de compaginar y sobre los que vale la pena promover, en estos momentos, un debate público. No se puede continuar manteniendo un modelo de enseñanza obligatoria pretendiendo que la calidad de la educación se gestione, esencialmente, en función del grado en que contribuya a alcanzar las metas y los objetivos económicos. Recuerdo de nuevo lo que decía ese joven de 19 años Francisco Tomás y Valiente en el discurso de entrega de los premios EXCELENCIA: “La calidad educativa no puede reducirse a la excelencia académica. La calidad educativa comporta otro elemento esencial, más allá de la excelencia académica, la equidad”.

Este nuevo gobierno, en la breve temporalidad de la legislatura, debe intentar hacer posible lo que decían “las mareas verdes”: conseguir “una educación pública de calidad y equitativa de todos y para todos”. Como decía Duns Scoto en su breve y motivadora sentencia: “Potuit, decuit, ergo fecit”: Se puede hacer, es bueno, luego hay que conseguirlo. Si no defendemos los bienes que se pueden conseguir en educación, en sanidad o en otras áreas y que los políticos del PSOE han prometido, los ciudadanos no podemos permitir más decepciones: les cuestionaremos y les pasaremos factura.

Educación pública: ¿excelencia o equidad?