Miércoles 26.06.2019

La calculada ambigüedad de la jerarquía católica

“Si falta el camino, ¿para qué sirve la meta?”

Agustín de Hipona


Si Sánchez hubiese meditado antes de prometer en tiempo y forma la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, no tendría que estar ahora dilatando permanentemente el cumplimiento de una promesa que se está convirtiendo en un boomerang contra su propio gobierno. Cuando aseguró que los restos estarían fuera del Valle de los Caídos antes de que finalizara el verano pasado, demostró o excesivo orgullo o desconocimiento o precipitada inexperiencia, o todo a la vez. La excesiva repetición que ha ido haciendo de que “él es el presidente” (todos lo sabemos y no es recomendable subrayarlo permanentemente), indica orgullo; la cantidad de asesores de los que dispone en Moncloa y no haberlos consultado para conocer las trabas posibles, implica desconocimiento irresponsable; y, finalmente, no tener claras las condiciones jurídicas sobrevenidas, la cerrazón y negación vergonzosas del “prior o abad” de la basílica, la ambigüedad de la jerarquía de la iglesia y la engreída oposición de la familia del dictador, siempre crecida por la histórica sumisión que una gran parte de los nostálgicos franquistas han mantenido con la “momia”, significan precipitación e inexperiencia “adolescente”. La exhumación del “dictador” nació prácticamente viciada de origen. La precipitación con la que se anunció no había previsto los contratiempos sobrevenidos y las trabas posible y reales antes de poner en marcha la maquinaria necesaria para el traslado de los restos. La rueda de prensa de la vicepresidenta Carmen Calvo, posterior a su visita al Vaticano, asegurando que la exhumación se produciría “antes de finalizar el año”, tampoco se ha cumplido. Ahora el Ejecutivo asume (Sánchez dixit) que no hay fecha segura y que a si los restos del dictador se han mantenido en su actual enclave más de 40 años, “la promesa puede esperar”. No quisiera recordar ni a Sánchez ni al “trío de la derecha”, con las promesas hechas durante las elecciones andaluzas, lo que el Cardenal Mazarino aconsejaba en su “Breviario de los políticos” a Luis XIV: “No pongas confianza en un hombre que promete fácilmente; es un embustero o un bribón”.

Desconozco si es cierto que nuestra legislación es en exceso garantista, pero una cosa es garantizar “derechos generales de los ciudadanos” y otra, mantener “privilegios personales” de unos cuantos. A los primeros, se les debe garantizar su cumplimiento y respeto; los segundos, deben estar sometidos al interés del “bien común”. Ambos no están en el mismo orden de garantías. Las leyes del Estado tienen un objetivo claramente definido: el bien común de los ciudadanos; ello supone a la vez una suerte de restricción para el ejercicio de los derechos en el plano individual. Es cierto que definir qué es el “bien común” es una noción controvertida. Las críticas fundamentales que se le han hecho son una supuesta falta de precisión en el concepto; ¿la razón?: que puede ser manipulado para justificar o encubrir proyectos ideológicos o intereses de partido, o bien su dependencia de una metafísica jurídica “ya superada”. Hay que partir del hecho de la importancia que supone el bien común para la sociedad; el auténtico bien común estable y duradero exige que el bien particular esté supeditado al bienestar social.

Sin tener que recurrir a los clásicos, ni a Tomás de Aquino, ni a Jacques Maritain, ni a la “Rerum Novarum” de León XIII, ni a la “Pacem in Terris” de Juan XXIII, ni a la constitución pastoral “Gaudium et spes” del Vaticano II, ni a sesudos juristas eclesiásticos… sino al citado concepto de bien común, siendo éste superior al interés o bien privado, es exigible el cumplimiento de las respectivas obligaciones que a cada uno le corresponde. Por “bien común” se puede entender, en general, el bien de todos los miembros de una comunidad y también al interés público, o el conjunto de los objetivos y valores comunes, para cuya realización las personas se unen en comunidad, en contraposición al bien privado o al interés particular, respetando una justa jerarquía de valores y los postulados de las circunstancias históricas. El bien común es el bien de la sociedad entera, la expresión de lo que desea y beneficia a toda la comunidad; supone una organización adecuada y apta para que en ella cada uno alcance su fin, pero nunca dañando los intereses de la mayoría; a ellos quedan supeditados los intereses de los individuos y de determinados grupos sociales, por relevantes que sean. No es un valor preestablecido a priori sino el resultado regulador a posteriori del consenso democrático entre las fuerzas sociales, políticas e ideológicas de una nación, cuyo fin es alcanzar ese equilibrio resultante de las exigencias mínimas de un orden social justo y que subjetivamente no es percibido como la dominación que ejerce o pretende ejercer una parte, sector o grupo de la sociedad, al declarar que los intereses particulares de esa parte, sector o grupo son idénticos al bien común.

Ya lo advertía Platón en el libro I de La República, en el diálogo entre Sócrates y Trasímaco. Sostenía este pragmático pensador, militar y político exitoso, con esa convicción irreductibles de los hombres que se sientes poderosos que “la justicia es en realidad la ley del más fuerte”; es decir, que lo justo siempre es idéntico al interés del más fuerte y que cualquier grupo dominante se crea su propia justicia. Con esta premisa, ¿dónde queda ese conjunto de derechos humanos de los ciudadanos, de valores e ideas que vertebran una conducta social y una sociedad democrática?; ¿cómo puede prevalecer el interés “grosero y cerril” de la familia del dictador, que solo ve factible que el cadáver se quede en donde está o acabe en la cripta de la catedral de la Almudena, haciendo fuerza en el degradado título de su apellido?; ¿es posible que un “prior o abad”, como quiera llamarse, del Valle de los Caídos, un tal Santiago Cantera, con pedigrí falangista antes y hoy con hábito de cura benedictino, pueda negar el acceso al Gobierno legítimo para proceder a la exhumación de los restos del dictador por razón objetiva del bien común? Alega el líder de la comunidad religiosa en un comunicado oficial emitido al Gobierno que no pueda aceptar la exhumación por la falta de acuerdo con la familia Franco y que el Tribunal Supremo todavía tiene que dirimir la cuestión de la instancia judicial del recurso presentado por los nietos del dictador.

Y mientras esto sucede, estupefacta está la ciudadanía ante la calculada ambigüedad de la jerarquía católica. No es de extrañar que a quien mantuvo durante décadas bajo palio al dictador y de él recibió prebendas, canonjías y sinecuras, le resulte muy difícil desprenderse de aquellos hábitos. Nadie puede dudar de esa parte de la jerarquía (con Tarancón a la cabeza) y de tantas comunidades de base cristianas (el Padre Llanos es un ejemplo) que, en tiempos de la dictadura franquista, abiertas a los aires de renovación que supuso el Concilio Vaticano II y la teología de la liberación, comprometieron sus vidas en la vivencia de los auténticos valores del evangelio. En cambio, la claridad del mensaje evangélico a lo largo de la historia de la Iglesia, en tiempos de Suquía y Rouco Varela, se ha ido recubriendo de espesas capas de leyenda, poder y dogmatismo; tiempos en los que la ambigüedad cuando no el silencio y la indiferencia social ante los cambios, han ido forjando esa deriva política desde una iglesia abierta a una iglesia conservadora, muy cercana al poder y muy distante de la gente. Incapaces de diseñar el futuro, pretenden retornar al pasado. De Rouco se decía que pocas veces se había manchado sus “cardenalicios escarpines” del barro de la calle, pero los tenía muy desgastados de tanto pisar “moqueta y mármoles reales”. Porque el evangelio no es una obra literaria para recitar en los púlpitos, sino una fe que marca un camino de vida de honestidad y verdad, sin ambigüedad, sin lenguaje críptico ni tapujos. El drama de la Iglesia, como afirmaba el jesuita José María Díaz Alegría, expulsado de la Compañía por su libro “Yo creo en la esperanza”, es que “tiene miedo a cumplir el evangelio del Jesús de Nazaret, a actuar y vivir como él actuó y vivió. Eso compromete, y mucho”.

Desde el primer anuncio del presidente Sánchez sobre la intención política de exhumar los restos del dictador de Cuelgamuros, durante estos largos meses, en diversas ocasiones y manifestaciones la jerarquía eclesiástica ha mantenido una calculada ambigüedad y ha aprovechado la mala gestión de la exhumación del dictador para poner dificultades a un gobierno democrático. Ya en la entrevista de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano con el Cardenal Parolin, mano derecha del Papa Francisco, el 29 de octubre pasado, según un comunicado de la Moncloa, el cardenal había garantizado que no iba a oponerse a la exhumación. Pero, con esa “secular pero antievangélica diplomacia vaticana”, la última palabra la tendría el prior de la basílica y la voluntad de la familia del dictador. Respecto a la inhumación, tanto el diplomático cardenal como la vicepresidenta coincidieron en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo: es decir, palabras sin conclusiones: torpeza política de la vicepresidenta y arrogante ambigüedad eclesiástica del cardenal.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal Española, a través de sus portavoces, ha declinado pronunciarse oficialmente en torno a una cuestión que afecta a las negociaciones del Estado con la Santa Sede, dejando claro que ni el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ni la propia institución podían impedir que el dictador fuese enterrado en una de las cuatro tumbas propiedad de su familia en la cripta de la Almudena. Y mientras, los huesos del dictador se mantienen en el Valle de Cuelgamuros, por la voluntad caprichosa de un abad o prior benedictino, con pedigrí falangista. El padre Caldera, fray Santiago, a su vez, que dice no querer hacer declaraciones públicas, ha manifestado en una carta enviada al Vaticano, rechazando la exhumación, que “la culpa de todo este debate la tiene el Gobierno por querer resolver sobre un asunto que él cree que no le compete y se atribuye la potestad exclusiva al respecto otorgada en su día por el rey Juan Carlos y a la voluntad de la familia del dictador”.

Ante esta ambigua situación y decisión, en la que la voluntad de la jerarquía católica se muestra reticente e indecisa, aunque como dije más arriba, no se mostró así durante las décadas que recibió en las iglesias bajo palio al dictador recibiendo de él prebendas, canonjías y sinecuras, es bueno traer a la memoria el relato de la expulsión de los mercaderes del templo, narrado en los evangelios sinópticos y el evangelio de san Juan (Mateo 21, 12-13; Marcos 11, 15-19; Lucas 19, 45-48 y Juan 2, 13-25). Si la acción decidida de expulsar a latigazos del templo a vendedores de animales y a cambistas de moneda le costó a Jesús la hostilidad de las autoridades religiosas y de quienes sintieron amenazados sus intereses económicos, no se puede entender, desde el propio ejemplo del evangelio que a la jerarquía eclesiástica y al prior benedictino le cueste tanto expulsar de lugar sagrado, no ya a vendedores de animales ni a cambistas, sino “a un dictador manchado por la sangre de ciudadanos inocentes que suprimió derechos y libertades y sometió durante cuarenta años a todo un país a una cruel dictadura”. Con claridad les recomendó ese Jesús de Nazaret a sus discípulos: “no podéis servir a dos señores”, y menos si ese señor es un dictador. Considero que una gran parte de los que se declaran ateos lo que realmente hacen es retirar la fe a un “dios” falso. ¿Por qué pasan de la Iglesia? Da la sensación de que la Iglesia católica oficial ha convertido su vivencia de la fe exclusivamente en el calendario litúrgico, la administración de los sacramentos y las procesiones…, y poco más. Como Diógenes el cínico, recorriendo las calles de Atenas con una lámpara encendida proclamando que “buscaba hombres honestos”, habría que preguntar hoy a la jerarquía de la Iglesia: ¿dónde hay una comunidad cristiana que viva realmente los valores del evangelio en el que dicen creer?

No es extraño, pues, que “sin revanchas pero con memoria histórica”, ante aquellos que predican un dios celoso y vengativo, que solo se ocupa de los suyos (los Bolsonaro, los Trump, los Abascal… o los obispos de Córdoba o Alcalá de Henares, y tantos otros) muchos ciudadanos, también creyentes en el mensaje del evangelio, denuncien el relato de una Iglesia española, la actual, con un modelo eclesial de involución pastoral; que está perdiendo “credibilidad” evangélica y social por una ambigüedad calculada, que tal vez le reporta pingües beneficios del poder; de un poder que también mira con el rabillo del ojo a esa jerarquía en espera de que aprueben sus dudosas conductas políticas o de que, al menos, no las reprueben.

Decía el jesuita Martín Patino, mano derecha del cardenal Tarancón, que “antes de preguntar cómo conseguir que los bautizados vuelvan a la vida de la Iglesia, habría que analizar las razones que invocaron para alejarse de ella. La atonía, el desencanto y las frustraciones que han llevado a esta situación y dispersión en la fe, están esperanzo un análisis serio. La Iglesia, otrora roca inamovible hoy tiembla desde sus cimientos”. Una jerarquía que pasará a la historia por más sombras que luces, conviviendo con el poder, convencida de que es lo que hay que hacer. Razón tenía Hélder Cámara, ese obispo brasileño imbuido del espíritu del evangelio, cuando se preguntaba ¿por qué agoniza la Iglesia?: “Yo no tengo nada que perder. No tengo dinero, ni casa, ni poder… Lo único que me pueden quitar es la voz. Pero lo que iba a decir, ya lo he dicho”.

La calculada ambigüedad de la jerarquía católica