martes 15.10.2019

Educación: una nueva ley, sin ánimo de molestar

La ministra Isabel Celaá
La ministra Isabel Celaá

La ministra Celáa nos presenta un nuevo proyecto de ley donde la orientación educativa, desde una perspectiva de género, es uno de los aspectos más destacados, la clave es la transversalidad de la coeducación, fundamental en estos momentos

La nueva Ley Orgánica Educativa, que la ministra Celáa está intentando conformar, será la octava que se apruebe durante el período democrático; no obstante, sólo se ha aprobado una Ley, que ha modificado sustancialmente la estructura del sistema educativo, ha sido la LOGSE en 1990, si bien es verdad que la LOE en 2006 deroga las anteriores e introduce algunos cambios estructurales. De las ocho leyes aprobadas, dos no llegaron a ponerse en funcionamiento.

La Ley General de Educación de 1970 era la que regía en el inicio del período democrático, se conocía como Ley Villar Palatsí, que era el nombre del ministro de la dictadura que la había elaborado. Ya en democracia las primeras discrepancias, en materia educativa, se producen durante las discusiones en busca del consenso de la Constitución,  el artículo 27 que regula el Derecho a la Educación, fue uno de los principales escollos, llegando a poner en grave riesgo el consenso constitucional.

La primera incongruencia en materia educativa se produce en junio de 1978, con la presentación  del Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de Centros Educativos (LOECE), una Ley que se presentó antes de que se aprobara la Constitución, para desarrollar un artículo de la propia Constitución. Se aprueba finalmente en 1980, la presentaba UCD y pretendía seguir con el nacional-catolicismo del régimen franquista,  no llegó a aplicarse al ser recurrida al Tribunal Constitucional, que falló en contra de varios artículos, entre otros el de la pretensión de restringir la libertad de cátedra, que permitía, al promotor del centro,  la imposición del ideario al profesorado. En 1985, ya con el gobierno de Felipe González se aprueba la LODE (Ley orgánica del Derecho a la Educación), que viene a democratizar los centros, incorporando la participación de la comunidad educativa en la enseñanza.

La LOGSE en 1990 es la Ley más importante de las aprobadas, ya que modifica la estructura del sistema educativo, produciendo un cambio en las etapas y niveles educativos. Otras leyes posteriores son la LOPEG (Ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes), en 1995 y la LOCE (Ley orgánica de la calidad educativa) aprobada en 2002, que no llegó a aplicarse. En 2006 se aprueba la LOE (Ley orgánica de educación), que deroga las anteriores y entre las novedades, la que genera más polémica, es la introducción en el currículum de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, tanto en primaria y como en secundaria, materia que se encargaría de suprimir la LOMCE (más conocida como Ley Wert) en 2013, actualmente en vigor.

Todas las leyes educativas han adolecido de falta de consenso, si bien es cierto que ha sido durante los gobiernos del PSOE cuando más esfuerzo se ha hecho para conseguirlo, incluso Ángel Gabilondo había cerrado un Pacto Educativo en 2010, que se frustró únicamente por los intereses partidistas del PP y la cercanía de las elecciones. En la historia de la educación en España podríamos decir que el único consenso que se produjo, fue en la conocida como Ley Moyano, en 1857, que fue aceptada tanto por progresistas como por liberales.

Ahora la ministra Celáa nos presenta un nuevo proyecto de ley (todavía anteproyecto), donde la orientación educativa, desde una perspectiva de género, es uno de los aspectos más destacados, la clave es la transversalidad de la coeducación, fundamental en estos momentos. Pero, sin duda, la eliminación de determinados aspectos de la anterior ley es lo que más esperado, concretamente la supresión de los itinerarios segregadores en la ESO, la eliminación de las reválidas y la reducción de la burocratización, al quitar los estándares de aprendizaje. Son aspectos que serán bien recibidos por la comunidad educativa y que no deberían tener ninguna dificultad para su aprobación. Otra medida, coherente, pero que puede generar alguna polémica, es la de dejar la asignatura de religión sin otra materia espejo. Otra característica destacable es el incremento de la participación, dando mayores responsabilidades a la comunidad educativa, en las decisiones de los centros y especialmente en la elección del director o directora, cuyo control lo dejó la LOMCE en manos de la administración educativa.

Los aspectos más ambiciosos de la Ley tendrán dificultades económicas, si se pretende su implantación con éxito, temas como el refuerzo en Educación Infantil, mejora de atención al alumnado con dificultades, plan de mejora de oportunidades, personalización del aprendizaje, son aspectos importantes, pero en los que se necesita profesorado para apoyos, desdobles, etc. y eso se traduce en mayor presupuesto.

No obstante, es una ley que, no pretende generar rechazo, y supongo que por ello no ha entrado en temas conflictivos, y entre ellos la Formación Profesional de Base, que es uno de los mayores problemas que tienen los Institutos, formación que no está funcionando, fundamentalmente porque está repitiendo esquemas de una enseñanza que este alumnado rechaza,  además es fuente de cabreo entre el profesorado, ya que es un alumnado difícil que titula con unos contenidos curriculares muy por debajo del alumnado que finaliza 4º de ESO, y consecuentemente sin base para poder afrontar con éxito el bachillerato; bien es verdad que no suelen matricularse en esta etapa educativa, pero por ello, su titulación debiera ser equivalente, solo a efectos laborales, con la de 4º de ESO, no a efectos académicos. Es un alumnado cuya salida natural son los Ciclos de F.P. de Grado Medio, y por tanto su título debería dar acceso a esta etapa educativa.

En realidad en Formación Profesional la Ley presenta pocas novedades, y tal vez, aunque no a través de leyes,  una de las tareas más necesarias del Ministerio, es la de acercar la dicotomía actual entre la Formación Profesional y el mundo laboral.  Y eso pasa por mayor y mejor dotación y equipamiento tecnológico puntero para los ciclos de F.P.

Por otro lado me parece muy positivo el trabajo que se está haciendo, entre los Ministerios de Empleo y Educación, con el fin de coordinar las políticas de Formación Profesional para el empleo y reglada.  Es una demanda histórica, que nunca se ha tratado con la profundidad que el tema merece.

Es una Ley que mejora sustancialmente la que está en vigor y que puede servir de puente para un Pacto Educativo, imposible en estos momentos, pero que es una demanda no sólo de la comunidad educativa, sino de toda la sociedad.

Educación: una nueva ley, sin ánimo de molestar